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Marcela Dobal / Valeria Gil

El Ministerio de Economía envió ayer una señal de alerta a la bancada del Frente Amplio: un aumento del gasto en el proceso de discusión de la Rendición de Cuentas provocará un impacto inflacionario y deteriorará las condiciones sociales.

Tras la intensa puja en las últimas semanas de los distintos sectores que reclamaban un incremento en las partidas presupuestales, el proyecto fue remitido ayer bajo la premisa de la austeridad.

El Ministerio de Economía decidió que los gastos refieran solo a obligaciones asumidas con anterioridad, para que la política fiscal no eche más leña al fuego a una inflación que sigue alejándose de los objetivos.

El mensaje insta a los legisladores a evitar revertir las mejoras consolidadas en la distribución del ingreso, alertando sobre los impactos que la suba de precios tiene en los sectores de menores ingresos.

En la exposición de motivos del proyecto se destaca que el comportamiento de los precios internos "continúa siendo una de las mayores preocupaciones del gobierno, dado el impacto negativo de la inflación sobre el crecimiento económico y más aún sobre los logros obtenidos en materia de disminución de pobreza y distribución del ingreso".

En el documento se sostiene que esa preocupación y los riesgos que se perciben a nivel internacional son el marco en que "se presenta este proyecto de Rendición de Cuentas que busca ser particularmente cuidadoso en el manejo del gasto público y en asegurar la consistencia entre las prioridades del plan de gobierno y los necesarios equilibrios macroeconómicos que dicho plan requiere para su implementación sostenible".

Es que si el gobierno gasta más se genera una mayor demanda a la que ya existe desde el sector privado y, si no puede ser satisfecha por la oferta, esto se traduce en una suba de precios. Además, elevar el gasto público aumenta el circulante de pesos a nivel local.

El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, dijo anoche al presentar personalmente el proyecto en el Parlamento que "la Rendición de Cuentas hace su propia contribución a la contención de la inflación que es mantener una política muy prudente, muy cuidadosa, que acompaña a otros esfuerzos orientados a restablecer lo más pronto posible la inflación a rangos objetivos (de 4% a 6% para este año)".

De hecho, en el proyecto se informa que se prevé un "desvío significativo" en la proyección de inflación que había sido estipulada en el Presupuesto quinquenal para 2011. En promedio anual, se espera que la suba de precios sea de 7,8%. Esto no significa que a diciembre cierre en esos niveles. (Ver página A/7)

"Yo diría que toda la política fiscal está comprometida con la estabilidad y hay un muy fuerte compromiso del gobierno con el mantenimiento de la inflación en los niveles establecidos", agregó Lorenzo.

El ministro también se atajó ante posibles reclamos. Dijo que definir un presupuesto "es un ejercicio de priorización" y que "siempre quedan demandas insatisfechas", pero que "si hay un compromiso del Poder Ejecutivo con el mensaje que este proyecto trata de aportarle a la sociedad" es "el compromiso del gobierno de mantener la política fiscal como el gran ancla de la estabilidad macroeconómica del país".

sectores vulnerables. En el proyecto, el Ministerio de Economía dejó constancia de que "la volatilidad macroeconómica constituye una fuente relevante de desigualdades, ya que son los hogares de menores ingresos los que se ven más afectados".

Para mostrar la vulnerabilidad de esos sectores menos pudientes, se presenta una estimación del retroceso que se produciría en los indicadores sociales en distintos escenarios de inflación más elevada a la que se registró el año pasado.

El documento sostiene que si bien la inflación de 2010 fue de 6,9%, si se hubiese dado una suba de precios de 10,1%, cerca de 37.000 personas caerían por debajo de la línea de pobreza. Esto elevaría el porcentaje de personas pobres (estimadas por el método del ingreso) de 18,6% a 19,7% de la población.

También estimó un escenario extremo con alza de precios de 17,6%, donde algo más de 87.000 personas pasarían a ser pobres, por lo que el porcentaje en el total se elevaría a 21,2%.

Por otra parte, se estudió el impacto que esos escenarios de mayor inflación habrían tenido en los niveles de indigencia (personas que no pueden cubrir sus necesidades básicas alimentarias), que fue de 1,1% a nivel nacional en 2010.

Para el escenario de inflación de 10,1% se estimó un encarecimiento de alimentos y bebidas de 12,4% que redundaría en que la indigencia se elevara a 1,3%.

Peor aún habrían sido los efectos de una inflación de 17,6%, estima el Ministerio de Economía. Para ese escenario se estimó un alza de precios de alimentos y bebidas de 20% que haría que la indigencia subiera a 1,5%, es decir, 13.000 personas más.

Para sus cálculos el Poder Ejecutivo partió de que el gasto alimentario tiene un peso de 52% en los ingresos corrientes del 10% más pobre y solo es de 12% en el 10% más rico de la población y que el alza generalizada de precios afecta aún más el poder adquisitivo de las personas que trabajan en la informalidad, ya que sus ingresos no se ajustan en función de la inflación (como sí ocurre en los Consejos de Salarios).

La Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del Ejercicio 2010, ingresó al Parlamento a la hora 18.35. Fue entregado por el ministro Lorenzo en persona al vicepresidente Danilo Astori. La Asamblea General lo derivará a la Cámara de Diputados.

"Este va a ser el tema de conversación en los próximos 90 días", dijo Astori al recibir el proyecto.

Cada Cámara tiene 45 días para tratar el proyecto.

La Rendición de Cuentas enviada al Parlamento se caracteriza por su austeridad, pero incluye fondos especiales para la creación del Sistema Penal de Responsabilidad Adolescente (SIRPA) y para permitir el funcionamiento de Sanidad Militar.

Para el nuevo instituto donde se recluirán a los menores infractores se incorporan $ 262 millones a partir del año 2012 y en el ejercicio 2011 se destinará como gasto imprevisto una partida de $ 300 millones a fin de iniciar las obras en forma urgente, "no supeditándolas a los plazos de aprobación de la Rendición de Cuentas".

También, dentro del Ministerio del Interior se otorga una partida anual de $ 2.592.000 al Instituto Nacional de Rehabilitación", destinada a la Unidad de Coordinación Nacional de Desarrollo Penitenciario.

Por otra parte, para permitir la apertura de un CTI Intermedio y solventar los gastos de funcionamiento de Sanidad Militar se otorga como partida al Ministerio de Defensa de hasta $ 154.000.000.

Además, se destinan $ 5 millones para la creación de nuevas fiscalías a fin de acompasar los juzgados instalados por el Poder Judicial.