Esta tarde, el canciller Luis Almagro mantendrá una reunión con el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP). El objetivo del encuentro es analizar la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura (1973-1985), que, según un fallo de la Suprema Corte de Justicia, sería el próximo 1º de noviembre.

"Vamos a consultar a Cancillería sobre cómo está viendo el Estado el tema de llevar adelante la definición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", quien condenó a Uruguay a anular la Ley de Caducidad, señaló a EL PAÍS digital el diputado y dirigente por el PVP, Luis Puig.

Aunque el gobierno no logró los votos necesarios en el Parlamento para aprobar un proyecto interpretativo que dejara sin efecto tres artículos de la norma, ayer el presidente José Mujica firmó un decreto que excluye de la Ley en cuestión unos 80 casos.

Sin embargo, los plazos para desarrollar los procesos judiciales sobre esos casos parecen ser muy breves (cuatro meses hasta el 1º de noviembre). Pero según publica hoy El País , el Poder Ejecutivo tampoco prevé evitar la prescripción.

Para Puig, quien hasta antes de asumir la banca en la Cámara de Representantes fue miembro del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt, "no está dicha la última palabra". Y explicó: "Hay juristas que dicen que los plazos de prescripción no se cierran en noviembre. Por lo tanto, hay que analizar esa situación. Si se llegara a la conclusión de que prescriben en noviembre, es contrario a la CIDH".

"(Y) hay constitucionalistas que plantean que en la medida que se reabren los casos no corresponde aplicar la prescripción", agregó Puig.