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El presidente José Mujica se enfrenta a 48 horas cruciales para su gobierno, donde tiene varios frentes conflictivos abiertos. El PCU quiere cambios para votar la ley de obras, pero el gobierno no lo atenderá.

Las diferencias económicas con el Partido Comunista, así como los problemas de relación interna derivados de la ausencia de unidad, algo reconocido por el propio vicepresidente Danilo Astori, hacen que el Frente Amplio esté viviendo hoy una situación de crisis como no se recuerda.

Uno de los ejes de la situación tiene que ver con la postura del PCU a dos niveles: en lo político, la actitud del senador Eduardo Lorier, secretario general comunista, fuertemente opuesto a un proyecto del gobierno para habilitar la asociación de capitales privados con el Estado, y en lo referido a la gestión, la ministra Ana Vignoli, de Desarrollo Social, que pertenece al PCU, es muy criticada desde el mismo gobierno por su reacción tardía ante la muerte de personas en situación de calle. La oposición, incluso, está reclamando la renuncia de Vignoli a su cargo.

En lo político, las diferencias se presentan como difíciles de superar. La bancada del Espacio 609 (integrada mayoritariamente por el MPP, el sector que responde a Mujica), analizará hoy lunes la propuesta del Comité Ejecutivo del Partido Comunista, que el viernes 8 aprobó una declaración planteando incluir en el texto del proyecto que la asociación público-privada "en ningún caso será utilizada para enajenar el patrimonio de las empresas públicas".

Una fuente del gabinete que pidió reserva dijo anoche a El País que el pedido del PCU "ya está contemplado" en el artículo tercero de la iniciativa y que por lo tanto "es innecesario".

Astori insistió en las últimas horas en que el Frente Amplio necesita "un debate ideológico" por diferencias como ésta.

REPASO. Otras áreas que reciben numerosas críticas y que, incluso, Astori estima que deben mejorar su gestión son las de Interior, Salud Pública y la de Educación y Cultura (ver nota aparte).

Mujica piensa salir a enfrentar estos problemas de gestión al considerar la situación de los ministerios con más problemas en análisis casi individuales, ya que para hoy están convocados los tres gabinetes.

El social está convocado para las 9 horas y el de seguridad para las 11 horas, en ambos casos en la residencia presidencial del Prado. Y por la tarde se reunirá el gabinete productivo también en la residencia oficial a partir de las 16 horas.

La posición del PCU de rebeldía respecto al gobierno hace que la situación de la ministra Vignoli no sea nada cómoda, aunque es su propio partido el que la sostiene en el gabinete.

Vignoli no cuenta con antecedentes políticos relevantes, y su gestión se ha visto opacada por el peso político de su antecesora, la exministra Marina Arismendi, quien tuvo como subsecretaria a la hoy intendenta Ana Olivera.

De todos modos, Vignoli y el PCU saben que el presidente Mujica no hará cambios en la cúpula del Mides en medio de esta crisis en curso.

Una fuente de la cartera comentó a algunos allegados que estos cambios podría producirse en septiembre u octubre próximos.

El presidente Mujica y el vicepresidente Astori se reunieron en la Torre Ejecutiva a mediados de la semana pasada y coincidieron que la falta de unidad de acción de la bancada del Frente Amplio pone a la coalición en una "situación crítica", que impacta en el gobierno.

La situación derivada de la actitud de Lorier, de todos modos, está siendo seguida por la Mesa Política y a nivel de la bancada legislativa.

a definir. Mañana martes se reunirán los diputados de la izquierda para analizar qué puede suceder cuando esa tarde se reciba el proyecto de asociación público privada votado por el Senado sin el PCU.

En Diputados, los comunistas tienen un representante que es Hugo Dávila (Artigas) quien no ha dado a conocer si votará el proyecto venido del Senado o no ingresará a sala por mandato del ejecutivo del PCU, tal como sucedió con Lorier.

La preocupación de Mujica y Astori por la interna tiene una base firme: el Frente Amplio ya perdió un senador (Jorge Saravia), por lo cual ahora la mayoría parlamentaria en la Cámara Alta depende de un solo voto. Por ejemplo, ante la negativa de Lorier a votar, si la oposición no hubiera apoyado el miércoles 6 el proyecto de asociación para las obras de infraestructura, éste no hubiera sido aprobado.

La crisis que debe afrontar Mujica por problemas en su gobierno ha afectado su popularidad.

Los niveles de popularidad y aprobación de su gestión bajaron en forma significativa en junio según la última encuesta realizada por la empresa de opinión pública Cifra.

La aceptación de la labor presidencial fue bajando desde abril de 2010, cuando tenía 66% de aprobación, a 58% en noviembre de 2010 y a 39% en junio de este año, de acuerdo a los datos divulgados por el director de la empresa, Luis Eduardo González.

En sentido inverso, el rechazo que en abril de 2010 era de 18%, evolucionó a 17% en noviembre del año pasado y llegó en junio de 2011 a 27%.

Cambios: Gobierno no cree necesario incluir la salvaguarda que pide el PCU en ley de obras.

Ministro Ricardo Ehrlich (MPP)

La oposición y el propio oficialismo no están conformes con los resultados de la gestión educativa, pese a la fuerte inyección económica presupuestal del 4,5% del Producto Interno Bruto (PIB). En la Rendición de Cuentas a estudio del Parlamento se ratifica la asignación de esos rubros.

Ministro Daniel Olesker (PS)

La oposición, y también sectores del oficialismo, han criticado la gestión de ASSE por la politización de sus directores, lo cual sostienen que afecta a los hospitales públicos. "Los resultados de ASSE no son buenos", reconoció el vicepresidente Danilo Astori en entrevista con El País.

Ministra Ana Vignoli (PCU)

La ausencia de resultados y la reciente muerte por hipotermia de personas residentes en la calle hace tambalear a la ministra Vignoli. Desde el gobierno se ha dejado saber que se evalúa su relevo en las próximas semanas debido a los problemas de gestión registrados.

Ministro Eduardo Bonomi (MPP)

Pese a algunas medidas positivas como los operativos de saturación, la incorporación de efectivos con el pase de vacantes de Defensa a Interior y la existencia de más plazas para reclusos, los sentimientos ciudadanos indican que la falta de seguridad es preocupante.