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VALERIA GIL

La remoción de la ministra de Desarrollo Social, Ana Vignoli, ahondó más la crisis entre el gobierno y el Partido Comunista. En un clima de reproches de un lado y del otro, se vota hoy en Diputados el proyecto de ley de Participación Público Privado.

El presidente José Mujica anunció ayer el desplazamiento de la comunista Ana Vignoli del Ministerio de Desarrollo Social y su sustitución por el socialista Daniel Olesker, titular del Ministerio de Salud Pública.

La remoción de Vignoli generó malestar en la dirección del Partido Comunista, que analizó anoche en el Comité Ejecutivo la situación.

Daniel Berruti, integrante del Comité Ejecutivo comunista, dijo a El País que "el hecho fue una sorpresa tanto para la ministra como para nosotros".

"A mí hay unas cuestiones que me caen muy mal. Hace cuatro días que nos reunimos con el presidente y él dijo hoy que la resolución la tenía desde hace 20 días. Pero vamos a ver qué dice el Partido", agregó Berruti horas antes de la reunión del Comité Ejecutivo del PCU.

Berruti cuestionó la forma en la que se enteró la ministra de su remoción, cuando se encontraba reunido el Gabinete Social. "Para tomar esta resolución fue muy rápido, pero el impuesto a la tierra hace dos meses que está parado, porque alguien lo trancó y en eso no importó que nosotros salimos a respaldar al presidente", opinó.

El dirigente comunista recordó también que Mujica dijo al inicio de su gestión que si removía a un ministro, también se tendría que ir el subsecretario, porque ambos constituían un equipo de trabajo.

Sin embargo, explicó que eso no se llevó adelante y tal como sucedió antes, "como te digo una cosa, te digo la otra", agregó parafraseando a Mujica.

Berruti se refería a que el subsecretario del Mides, Lauro Meléndez (MPP) permanece en su cargo.

"No se cumplieron varias cosas, habíamos dicho al principio que no iba a haber dos del mismo color en un ministerio y pasó", acotó.

Desde el PCU se entiende que el objetivo del gobierno al remover a Vignoli es "golpear" a ese partido. "Pero a nosotros no nos golpean. Nosotros tenemos nuestra conciencia bien tranquila, todos los planes que tenía el Mides caminaban al cien por ciento y no tenían retraso", sentenció Berruti.

"Lo que sí siento es que se le quiere pasar factura a la compañera por los cinco muertos, se los quieren cargar a ella", puntualizó el dirigente.

Berruti sostuvo que "lo que acá hay que poner es cabeza, porque hace seis años que estamos gobernando y hay más gente que nunca en la calle y los asentamientos siguen creciendo".

"La riqueza se distribuye peor que antes. Entonces algún problemita hay, porque hay algo más profundo que discutir", aseguró.

El dirigente comunista criticó la propuesta de sacar a las personas en situación de calle de forma compulsiva. "También es cierto que la pasta base mata más que antes y nadie propone internarlos de forma compulsiva, porque también mata. Hay otros que tienen un lugarcito ganado en la calle y saben que si los sacan de ahí lo pierden y ese es el modo de vida que tienen. Lo que nosotros decimos es que hay que resolver los problemas de fondo, no sacarlos cuando hace frío", puntualizó Berruti.

Por otra parte, el diputado Alejandro Sánchez (MPP) dijo a El País que "el presidente tiene derecho a cambiar a sus secretarios de Estado cuando crea pertinente, si éstos no cumplen con las funciones que se les encomendó".

Si bien el MPP no realizó un análisis en profundidad de la gestión de Vignoli al frente del Mides, Sánchez indicó que "había algunos problemas, que produjeron la necesidad de cambiar la dirección en esta cartera".

En la misma línea, el diputado opinó que "no se cambia a Vignoli porque haya funcionado bien, me parece que había algunas carencias, las que esperamos que se solucionen con la designación del nuevo ministro" en el Mides.

Por su parte, el diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay) respaldó la remoción de Vignoli del Mides y señaló que "no es sorpresivo porque Mujica ya había manifestado algunos reparos en cuanto a los tiempos de trabajo".

Fuentes de Asamblea Uruguay dijeron a El País que hace dos meses se pidió a la ministra que concurriera para informar los retrasos de su cartera a la bancada del sector, pero no hubo respuestas.

LEY de obras. Hoy se vota en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Participación Público Privada, que fue remitido desde el Senado con modificaciones. El presidente del Frente Amplio, Jorge Brovetto, anunció ayer en la Mesa Política un acuerdo alcanzado con el Partido Comunista, por el cual se comprometió el voto en la Cámara Baja.

El diputado Gonzalo Mujica (Espacio 609) será el miembro informante e incluirá en su discurso una mención a que la ley "no supone la enajenación de las empresas públicas".

El Partido Comunista había solicitado que la frase se colocara a texto expreso en la norma, pero eso no será posible.

"No podemos aceptar las modificaciones, porque eso pasaría a la Asamblea General y no se nos puede ni pasar por la cabeza esa solución que en el mejor de los casos está demorando la ley. Creemos innecesario e inoportuno una declaración de este tipo", dijo a Asti a El País.

Por su parte, Gonzalo Mujica explicó que durante su intervención reiterará "por enésima vez que el proyecto permite el desarrollo del patrimonio estatal y de ninguna manera permite la enajenación".

Asimismo, Brovetto informó a la Mesa Política que el ex senador socialista José Korzeniak, le presentó un texto que podía ser agregado dentro de una exposición de motivos del proyecto. El mismo no fue aprobado por la Mesa, aunque no se descarta que sea presentado en sala esta tarde.

En tanto, fuentes legislativas dijeron a El País que la bancada del Frente Amplio mandatará hoy al diputado comunista Hugo Dávila a votar el proyecto.

El legislador pidió a la suplente Elsa Hernández de la lista 711, aliada del MPP, que se trasladara a Montevideo por la eventualidad de que pidiera licencia.

Además, fuentes legislativas indicaron que si el diputado no vota la ley, no podrá participar más de las reuniones de bancada del Frente Amplio.

La negativa del senador Eduardo Lorier a votar el proyecto de asociación con privados, generó cruces entre el Partido Comunista y el resto de la coalición de izquierda.

Berruti dijo a El País que "se redobla permanentemente la apuesta y se acusa de violar un mandato y eso no lo dispuso ningún organismo del Frente Amplio". En los mismos términos añadió que "si las cosas no se resuelven en el Frente, el Partido Comunista no tiene que acatar".

El MPP entiende que el proyecto se discutió lo suficiente en la bancada de Diputados. Sánchez recordó que se invitó a todos los sectores a participar de las reuniones en donde se ajustaron los contenidos.

El Movimiento de Participación Popular (MPP) planteó ayer en la Mesa Política del Frente Amplio la rediscusión del acuerdo político de la coalición del año 1971.

El sector abrió la interrogante acerca de si continúa vigente el acuerdo, que dio lugar a la creación del Estatuto del Frente Amplio.

El planteo fue realizado por una delegación encabezada por el senador Héctor Tajam (MPP) y los diputados Alejandro Sánchez (MPP) y Gonzalo Mujica (Espacio 609), ante los sectores que tienen representación en la Mesa Política.

El representante de las bases del interior, Alejandro Arismendi, dijo a El País que hasta que la Mesa Política levante el cuarto intermedio el próximo vienes "se paraliza todo el trabajo de las comisiones para discutir el acuerdo político del año 1971".

Arismendi añadió que el Frente Amplio debe ser "la única fuerza política en el gobierno que toma esta decisión consciente de lo que tiene entre sus manos".

Por su parte, Sánchez explicó que "algunas decisiones de sectores han ido en contra de las decisiones mayoritarias del Frente Amplio, por eso hay necesidad de rediscutir el acuerdo político".

El diputado sostuvo que cuando en la coalición de izquierda se adopta una resolución, se decide por mayoría y la minoría debe acatar. Si eso no se cumple, se rompe la unidad de acción, que constituye uno de los principios fundamentales dentro de la coalición de izquierda.

"Al romper la unidad de acción, estamos rompiendo con la esencia del Frente Amplio", indicó Sánchez.

Según el MPP, parte de la crisis del Frente Amplio se debe a que algunos sectores "han hecho primar su voluntad" sobre lo que se definió en conjunto por todos los frentistas".

Por otra parte, el diputado José Bayardi (Vertiente Artiguista) planteó la necesidad de hacer respetar "la unidad y los estatutos del Frente Amplio". Este tema será analizado el viernes 15, fecha en que se volverá a reunir la Mesa Política.

El presidente José Mujica intentó despejar ayer las dudas del Partido Comunista del Uruguay (PCU) sobre el alcance del proyecto de asociación del Estado con privados, al asegurar que "el patrimonio del Estado ni por asomo podrá ser enajenado". En sentido contrario, el mandatario sostuvo que al patrimonio estatal "hay que enriquecerlo, multiplicarlo".

"La propiedad pública no es de nadie y debería ser cuidada por todos. No está para servirnos de ella porque es un patrimonio. Esto nos incluye a todos. Hay muchas formas de expropiación y de apropiación, de lo que pertenece al erario público", indicó el presidente en una rueda de prensa en la residencia del Prado.

En lo político, Mujica restó entidad a las diferencias internas con el PCU asegurando que "apenas son episodios parlamentarios".

Consultado acerca de lo que espera del PCU en la sesión de esta tarde en la Cámara de Diputados, Mujica afirmó que "no precisa tutores, sabe lo que tiene que hacer. Y yo tengo confianza en los compañeros aunque a veces podamos discrepar".

El domingo, en una entrevista con El País, el vicepresidente Danilo Astori también se refirió al proyecto de asociación público-privado y a las críticas que éste recibió de sectores del Frente Amplio, en especial del PCU.

"Este es un gobierno de izquierda y por supuesto de una izquierda que está haciendo esfuerzos por renovarse en el mundo de hoy. Buscar un instrumento como la Participación Público Privada para disponer de una infraestructura, no lo considero una decisión de derecha. Sería de derecha tomar una postura que impida que el país tenga una infraestructura mejor o trancar el desarrollo del ferrocarril", dijo Astori ante los planteos del PCU de que el gobierno estaba privatizando áreas estratégicas del Estado.

El vicepresidente también se refirió a un eventual desacato del PCU y sus efectos sobre el gobierno.

"La exposición pública de una discusión y sobre todo el desacato de resoluciones que toma el Frente Amplio, a través de sus diversos órganos como los de resolución del FA o la bancada parlamentaria, lo debilitan mucho más al Frente y al gobierno", dijo.