Un proyecto por el que se destina un millón de pesos uruguayos para atender la rehabilitación de los funcionarios que sufran cualquier tipo de adicción fue apro-bado ayer por la comisión de Presupuesto integrada con la de Asuntos Internos de la Cámara de Representantes.

En tal sentido se autoriza que la Cámara destine un máximo de $ 30.000 por año y por funcionario para atender tratamientos prescriptos por profesionales.

La definición del tipo de tratamiento y lugar más indicado para realizarlo estará a cargo del servicio de salud en el cual se atiende cada funcionario, como así también del Servicio Médico del Poder Legislativo.

La decisión final sobre el otorgamiento del dinero para la rehabilitación y la prioridad para la atención estará a cargo de una comisión, integrada por el presidente de la Cámara o quien éste designe, un representante de la Secretaría de la Cámara y el jefe del Servicio Médico.

Los antecedentes por el apoyo económico serán incluidos en los legajos laborales y se considerarán "en forma prioritaria en procesos disciplinarios, ya sea como atenuantes o agravantes de la conducta laboral".