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Danilo Astori logró frenar ayer en una reunión con José Mujica el impuesto a la tierra, que se había anunciado como cerrado desde el MPP. El vicepresidente dijo que el tributo debe ser coherente con la reforma tributaria del año 2007.

Pese a que el Movimiento de Participación Popular (MPP) había anunciado la presentación del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) en esta semana, en una reunión que se realizó ayer en la Torre Ejecutiva entre el presidente José Mujica y el vice Danilo Astori, no se alcanzó un acuerdo sobre el contenido del proyecto de ley.

"Esta no fue la última reunión. Creo que tomamos la mejor resolución posible que es seguir analizando con mucha calma y todo el tiempo que se necesite el contenido de esta propuesta, porque queremos que sea coherente con el sistema tributario", explicó ayer Astori en una conferencia de prensa que brindó en su despacho de Presidencia del Senado sobre las 19.30 horas.

"Se sigue trabajando en el tema y hay ajustes jurídicos para hacer", ese fue el mensaje que envió Mujica a través del subdirector de la Secretaría de comunicación de Presidencia, Néstor Delgado, a los periodistas que esperaban la resolución de la reunión en la puerta de la Torre Ejecutiva.

De esta forma, Astori logró imponerse y frenar una iniciativa cuya presentación era anunciada por los principales referentes del MPP.

La primera senadora del MPP, Lucía Topolansky, afirmó durante una entrevista en el programa Claves Políticas de Nuevo Siglo que el proyecto entraría el miércoles 10 al Parlamento, al tiempo que expresó que el articulado contaba con el apoyo de Astori.

También el lunes, el senador del MPP Ernesto Agazzi, dijo a diferentes medios que el proyecto de ley sería presentado un día más tarde en el Gabinete Productivo. La redacción final del proyecto también había sido confirmado a la prensa por el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa.

Fuentes de Asamblea Uruguay, en tanto, dijeron a El País que el proyecto que repartió Topolansky a los senadores del FA no fue elaborado por Astori, aunque contenía "algunos aportes" del vicepresidente.

Astori prefirió no referirse a las declaraciones que hicieron los referentes del MPP y le bajó el tono a las discrepancias con Mujica sobre el impuesto a la tierra. "No se trata de que cueste lograr acuerdos porque venimos trabajando con mucha sintonía, lo que hemos comprobado de común acuerdo es que hay que profundizar aspectos de cómo se plantea el impuesto", puntualizó.

En ese contexto, Astori dijo que el tributo al agro "persigue objetivos que compartimos y procura obtener recursos para destinos que también compartimos. Por eso también queremos hacerlo bien para que no tenga vulnerabilidades o flancos débiles".

"Después de trabajar un buen rato resolvimos con Mujica que tememos que seguir analizando los diversos temas que hay en juego, porque debe ser una propuesta que guarde equilibrio con el propio sistema tributario del país, que tiene objetivos muy claros en materia de equidad y estímulo a la inversión", expresó Astori.

Aunque prefirió no brindar detalles de los cambios que se pretenden incluir al articulado que circula en el Senado, Astori señaló que se deberá analizar el destino de los recursos que se obtienen con la recaudación.

El vicepresidente también consideró necesario que el impuesto a la tierra responda a las características de equidad en función de la capacidad contributiva. "En materia tributaria muchas veces hay que hilar muy fino, se debe evitar contradicciones y el país ya tiene una larga trayectoria en la materia", advirtió.

Al mismo tiempo explicó que desde el año 2007, Uruguay inauguró un nuevo sistema muy distinto a los del pasado y es con relación al mismo que tenemos que analizar cualquier otra propuesta que se presente", puntualizó.

Astori insistió en que el impuesto a la tierra tiene que basarse en criterios de "eficiencia". Por lo que además de cumplir la función de recaudar, debe tener como eje el principio de "no castigar".

Según explicó el vicepresidente, si no se tienen en cuenta estas variables "se deteriora el estímulo a la producción que en el agro ha sido muy importante durante todos estos años".

Sobre esta base, Astori llamó a mantener los logros alcanzados en la reforma tributaria de 2007. "Logramos un sistema con equilibrios muy claros, equitativo, eficiente, que no tenga muchos impuestos algunos de ellos inútiles y lo que queremos es seguir recorriendo ese camino", señaló.

"En 2007 de un plumazo eliminamos 17 impuestos nacionales y lo que queremos es continuar siendo coherentes con esa característica, así como con el estímulo a la inversión; porque hoy el país tiene el 5,5% de estímulo a la desocupación", sentenció Astori.

El vicepresidente expresó que se debe cuidar la inversión, porque ella atrae a decenas de miles de puestos de trabajos. "En esto estamos totalmente de acuerdo y no hay dos opiniones al respecto dentro del gobierno", explicó.

Si bien Uruguay es "un pequeño país" en lo que refiere a su superficie terrestre, posee una "gran potencialidad" por su ubicación en el mapa, reconoció Astori. "Por los vecinos que tenemos siempre vamos a necesitar trasmitir apertura y estamos hablando de países muy diferentes en tamaño y fuerza", agregó.

Para el vicepresidente, el país "tiene que tener su propia característica específica para lograr lo que está logrando y para captar inversiones, que en lugar de elegir a Argentina o a Brasil opten por Uruguay".

El vicepresidente reconoció que hay aspectos jurídicos a mejorar dentro del proyecto del MPP, para no caer en "flancos vulnerables".

"Ni que hablar que siempre que se hable de reforma tributaria hay cuestiones jurídicas en juego y por supuesto pedimos el asesoramiento que necesitamos", remarcó.

Más allá de las notorias diferencias con el MPP respecto a la creación del nuevo tributo que gravará a los ruralistas, Astori se mostró confiado en alcanzar un acuerdo para el cobro del impuesto.

"Creo que vamos a lograr hacer una presentación coherente con nuestro sistema tributario. Eso también se alinea con el hecho de que Uruguay es un país que ha sabido traer inversiones y que gracias a ellos ha generado empleo. Eso también va a estar en línea con esta propuesta", aseguró Astori.

En la próxima reunión del Gabinete Productivo el lunes 15 se informará a los ministros el estado de situación del impuesto a la tierra, dijeron a El País fuentes del Poder Ejecutivo.

2.000 Quienes posean más de ese número de hectáreas pagarán el tributo que Mujica impulsa y al que Astori quiere introducir cambios.

1.200 productores, de un total de 47.300 serían los afectados por el impuesto, se afirma en la exposición de motivos del proyecto.

La primera parte del articulado del borrador de proyecto de ley que circula en el gobierno y el FA, contiene la propuesta original de Mujica y el director de la OPP Gabriel Frugoni, de gravar a los grandes propietarios de tierra.

El ICIR tal cual está redactado, prevé gravar con 67 Unidades Indexadas (US$ 8) a las extensiones de tierra entre 2.000 y 5.000 hectáreas; con 100 Unidades Indexadas (US$ 12) la hectárea de aquellas extensiones entre 5.000 y 10.000 hectáreas, y con 135 Unidades Indexadas (US$ 16) la hectárea las extensiones de tierra superiores a las 10.000.

En la exposición de motivos del proyecto que Topolansky entregó a la bancada oficialista, se sostiene que el nuevo impuesto gravará a cerca de 1.200 productores o empresas de un total de 47.300, es decir un 2,5%, que poseen el 36% de la superficie total de tierra. Por lo que deduce que el 97,5% de productores o empresas que poseen el 64% de la tierra no pagarán el tributo.

Lo producido del impuesto será administrado por un fondo en el marco de una Comisión Sectorial, que tendrá como objeto solventar los gastos derivados de las reparaciones a la caminería rural y el acceso a los establecimientos industriales y comerciales.

La segunda sección del texto incorpora planteos de Astori, en el sentido de actualizar el valor de la tierra de los inmuebles adquiridos antes de 2007, en base a mecanismos de deducción del IRPF y del IRAE. La recaudación por concepto de IRPF e IRAE por venta de campos se destinará a "políticas de desarrollo del Instituto de Colonización, así como a otras políticas de desarrollo rurales".

En la campaña electoral, el Frente Amplio se comprometió a bajar el IVA dos puntos (de 22% a 20%). En principio, se manejó que la medida se realizaría en este año 2011, pero luego se postergó. La decisión del gobierno es que estos dos puntos se bajen en la primavera del año 2012 y a través de tarjetas de crédito y débito. Hoy jueves, los ministros de Desarrollo Social y de Economía y Finanzas, Daniel Olesker y Fernando Lorenzo, respectivamente, presentarán el plan de devolución de IVA destinado a los beneficiarios de Asignaciones Familiares y a los poseedores de Tarjeta Alimentaria del Mides. La iniciativa incorpora el uso de una tarjeta de débito ("Tarjeta Afam") que, junto al uso de la Tarjeta Alimentaria, permitirá la devolución del IVA en todas las transacciones.

Subir el monto no imponible del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es también parte del programa del FA. El gobierno tiene definido incrementar este mínimo no imponible de acuerdo a la variación del salario real, hasta alcanzar una BPC más (pasar de las 7 actuales a 8) sin cambiar las demás franjas. Aún no se envió el proyecto.

La ley de inversiones es otro de los asuntos en que se prevén modificaciones al decreto reglamentario, básicamente estableciendo contrapartidas diferentes a las actuales para que las empresas reciban beneficios fiscales. El Ministerio de Economía y Finanzas elaboró un proyecto en este sentido, que puso en consulta pública y al que respondieron cámaras empresariales, entre otros. Ahora el MEF debe elaborar un texto final, que posiblemente incluya algunos de los puntos planteados por las cámaras.

Reimplantar el Impuesto al Patrimonio y el Impuesto de Primaria al sector rural fue planteado por Astori y Lorenzo, tras señalar su discrepancia con la propuesta de Mujica de un nuevo impuesto a la tenencia de tierras. Por el momento no hay novedades respecto.

Las empresas de hasta 1.750 hectáreas y que facturan menos de 2 millones de Unidades Indexadas al año, pueden optar entre pagar el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) o el Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (Imeba). La mayoría opta por el Imeba. Economía pretende que más empresas paguen IRAE, pero no se definió desde cuándo ni el mecanismo a utilizar.