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La reglamentación de la ley de participación público-privada establecerá una cláusula que impedirá que los contratos puedan ser renegociados con el Estado en el corto plazo luego de adjudicados.

Fuentes del Ministerio de Economía adelantaron a El País que la próxima semana esa cartera prevé tener pronto un borrador de la reglamentación de la ley de participación público-privada (PPP) que difundirá entre académicos y personas relacionadas a los sectores involucrados para recibir opiniones al respecto.

Una de las novedades que incluye este borrador es el hecho de "impedir que se puedan realizar renegociaciones ni modificaciones de contrato hasta un plazo después de adjudicado", adelantaron las fuentes.

Explicaron que con esta herramienta se intenta que no haya negociaciones inmediatamente después de la firma de los contratos con los privados. El Ministerio de Economía pondrá a consideración de los expertos y las partes involucradas un plazo de entre 12 y 18 meses para fijar esta cláusula.

Por otro lado, también se están analizando mecanismos de registro -dentro del Ministerio de Economía- de auditorías externas independientes que permitan acceder, por parte de la administración pública, a auditar los controles.

La ley de contratos PPP establece que el flujo de proyectos que pueden realizarse bajo esa modalidad sea de 7% del Producto Interno Bruto (PIB) del año inmediato anterior, es decir entre US$ 2.800 millones y US$ 3.000 millones. A su vez, las erogaciones del Estado bajo esa modalidad no podrán superar el 5 por 1.000 del PIB al año, unos US$ 200 millones.

Asimismo, la reglamentación de la ley PPP establecerá cómo se distribuirá el cupo de hasta US$ 3.000 millones. El criterio para distribuir ese monto será de acuerdo a la factibilidad del proyecto y a los que demuestren el mayor valor por dinero.

Según se ha anunciado, la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) pondrá a prueba los contratos públicoprivados a través de llamado para la reparación de las rutas 21 y 24 -que conectan al puerto de Nueva Palmira- antes de fin de año. La inversión prevista para este proyecto alcanza los US$ 125 millones.

En paralelo, también se prevé lanzar este año un llamado internacional para construir una cárcel en Punta de Rieles. El otro proyecto ya definido es con la intendencia de Maldonado para construir un centro de convenciones en El Jagüel.

A principios de mes, el director general de Secretaría del Ministerio de Economía, Pedro Apezteguía, había admitido en una disertación en la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) que en el actual contexto de crisis internacional "lo razonable sería que los contratos PPP tuvieran dificultades de financiamiento y (éste) fuera más caro, pero hay posibilidades de inversión y necesidades de invertir".

En ese sentido, dijo que "el ahorro previsional de los uruguayos (que manejan las AFAP) crece alrededor de US$ 500 millones por año y ese dinero tiene que invertirse en algo". Por eso el "panorama es auspicioso", afirmó.

Por su parte, para el socio director de Ferrere Abogados, Andrés Cerisola, "la ley llegó con severo retraso" para resolver el déficit de infraestructura que tiene el país. Las primeras obras podrían iniciarse sobre finales de 2012.