El fiscal Enrique Viana presentó ante el juzgado civil de 16º turno una demanda de nulidad contra la empresa Montes del Plata por considerar contaminante su actividad y contraria a la soberanía de nuestro país.

Viana quiere una "nulidad absoluta del contrato de inversión", según lo indica el texto de la demanda donde se subraya que la producción de pasta de celulosa implica "procesos químicos (…) en los que se emplean diversas substancias peligrosas para el ambiente".

El documento de Viana habla además de "emisiones atmosféricas, contaminación de las aguas por efluentes tóxicos, residuos sólidos, mal olor, potenciales afectaciones de la salud humana, etc., como indirectos: degradación de recursos naturales por el aumento de la forestación, perturbaciones a otras actividades productivas y al turismo".

Según publica hoy Montevideo Portal, el documento enviado por Viana al juzgado trata la cláusula de "confidenciabilidad". Al respecto, en la demanda se subraya que el contrato de inversión firmado el 18 de enero del presente año entre el Estado y la empresa, dejó de ser confidencial a pedido de la fiscalía, recién en el mes de junio. La cláusula no tenía plazo de vencimiento, se subrayó.

Asimismo, el documento explica que el citado Contrato de Inversión contiene estipulaciones que "significan condicionamientos o compromisos respecto del ejercicio de los tres Poderes del Estado".

"Entraña sendos sometimientos de la voluntad de la República Oriental del Uruguay, efectuados por el Poder Ejecutivo demandado y a favor o en beneficio de la Corporación Privada Anacional, también demandada. En dicho Contrato, y a su sola firma, el Ejecutivo comprometió diversas decisiones, propias, como Poder Administrador central, y aún ajenas, como la de algún Ente Autónomo del Estado, restringió o cercenó el ejercicio del Poder Legislativo de la Nación, autorizó la desaplicación del Derecho Nacional, y le concedió a la empresa privada Montes del Plata la facultad de prorrogar la jurisdicción del Poder Judicial del Uruguay para desplazarla hacia mecanismos arbitrales privados internacionales. Como consecuencia de todo esto, mediante dicho Contrato, se creó un verdadero fuero o estatuto feudal, de excepción, de privilegio o prebendarlo a favor de una Corporación Privada Anacional", dice.

El documento aclara además que a través del contrato "se procuró y se obtuvo una intervención estatal proteccionista, a favor o en beneficio exclusivo del negocio o de los intereses privados de una empresa privada inversionista".

Según expuso Viana en la demanda, "la sola suscripción del Contrato por parte del Poder Ejecutivo, de por sí, supedita y somete determinadas conductas estatales futuras a la voluntad de una empresa privada". Asimismo, asegura que "la razón de ser del Contrato de Inversión aquí cuestionado es condicionar, restringir y subordinar la voluntad política o de gobierno de los tres Poderes de la Republica Oriental del Uruguay".

El documento indica además que a través del polémico contrato, "el Ejecutivo se obligó a no demandarle a Montes del Plata la contratación de porcentaje alguno de mano de obra nacional, dejándole abierta la posibilidad del ingreso de mano de obra extranjera".

De acuerdo a lo publicado por Montevideo Portal, en el documento se hace hincapié también en la estipulación de "una suerte de derogación anticipada o a futuro de la voluntad legislativa de la Nación. Condicionado por el acuerdo alcanzado con una empresa privada, el Ejecutivo cercenó el poder normativo que le pertenece exclusivamente a otro Poder del Estado, el Legislativo, pergeñándose una severa limitación de los alcances subjetivos de la futura legislación en la República Oriental del Uruguay, a la cual se tornó dependiente de o subordinada a los intereses privados de una empresa privada".