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P. DEL DIABLO | EDUARDO GONZÁLEZ

El cerrojo de un rancho quebrado con una uña de metal por un funcionario de la Intendencia de Rocha, ante las protestas e insultos de decenas de personas. Así empezó ayer el operativo de demolición en Punta del Diablo, que luego fue suspendido.

La presencia amenazante de una pala mecánica sobre los médanos de la playa de la Viuda fue la postal de fondo de una jornada conflictiva en el balneario rochense.

"La resolución de retirar las construcciones está tomada, hoy (lunes) empezamos con la apertura de un rancho y la realización del inventario", informó a El País el abogado de la Intendencia de Rocha, Ángel Sosa. El tenso ambiente generado por decenas de personas que rechazaban la demolición, y la cantidad insuficiente de personal de seguridad -de Prefectura y Policía- obligaron a postergar para hoy el comienzo de la remoción de unas 70 viviendas sobre la playa de La Viuda, al suroeste del balneario.

El hecho de haberse informado con antelación sobre los pormenores del operativo, con fecha y hora jugó en contra de quienes tienen bajo su responsabilidad el operativo, indicó una fuente vinculada a las operaciones dirigidas por la Intendencia. Si bien el primer rancho marcado para ser demolido estaba prácticamente desmantelado -sin muebles, ni conexiones sanitarias- decenas de pobladores y defensores de los ranchos unieron sus manos para formar un cordón alrededor de la vivienda.

Con ese panorama, ingresar con una retroexcavadora significaba un riesgo. Un funcionario municipal rompió el cerrojo del rancho ante la incredulidad de los manifestantes, que gritaron toda clase de insultos, principalmente al representante jurídico de la Intendencia que debió salir rodeado de una guardia militar. Luego de todo el día de idas y vueltas, la demolición comenzará hoy: "hay una resolución que se debe cumplir", hizo notar el director de ordenamiento territorial de la Intendencia, Antonio Graña.

Ayer se especulaba con que hoy temprano las autoridades trazarían un perímetro en la zona de intervención, con más personal de seguridad del que había ayer, para no permitir el ingreso de particulares y que las órdenes de demolición se cumplieran sin riesgos.

Con la máquina en el pueblo, lista para hacer su trabajo, la población de Punta del Diablo (unas 900 personas) se dividía ayer entre quienes se solidarizan con los afectados y quienes están de acuerdo con la denominada cuarta etapa del Plan de Excelencia iniciado en la década de 1990.

En ese proceso que ya lleva unos 15 años han sido erradicadas decenas de viviendas en terreno fiscal sobre las playas al este del balneario, los galpones de los pescadores fueron reubicados así como los puestos de los artesanos y se logró recuperar la arena de la Playa de los Pescadores.

EN LA TAPA. Mientras Angel Sosa, abogado de la Intendencia abandonaba el balneario por algunas horas, los opositores a la demolición se establecieron frente al "primer rancho" con un cartel y en un medio tanque asaban hamburguesas. A cada rato se escuchaban comentarios que fundamentaban el rechazo a la medida. "Nos dieron agua y luz, la Intendencia en el pasado nos ayudó con madera para hacer los ranchos y ahora nos quieren romper todo", dijo alguien. "Hemos sido parte de la promoción de un país, hasta los cuadernos Papiros salen con nuestros ranchos, estamos todos locos", acotó otra persona.

Desde Montevideo, el presidente de la Cámara de Diputados, el nacionalista Luis Lacalle Pou, anunciaba que había realizado una ronda de contactos el fin de semana y que había advertido que se iba a actuar "sin que se cumplan los plazos legales" tanto al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, como a la titular de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Graciela Muslera,

Un vecino señaló que el hijo del ex presidente Lacalle, y titular de la agrupación Aire Fresco, "conoce bien lo que está pasando porque ha veraneado en este lugar".

Los representantes políticos locales de distintos partidos han respaldado la tarea del Plan de Excelencia y el desarrollo de Punta del Diablo: es el lugar donde más metros cuadrados de construcción existe, "de manera que no es cierto que el retiro afecte al lugar", dijo el intendente de Rocha, Artigas Barrios, quien no estuvo ayer en el balneario.

El diputado nacionalista José Carlos Cardoso dijo a El País que se trata de una acción dolorosa pero necesaria "siempre que se realice al amparo de la Justicia".

Para el legislador de Unidad Nacional (UNA) no hay dudas de que hay ranchos de ciudadanos que disponen de la suficiente solvencia económica, que han veraneado y han alquilado las construcciones sin pagar ninguna obligación.

Ruben Temes, operador inmobiliario, aseguró que los ranchos irregulares han cambiado de propietarios muchas veces. "¿Y de qué otra forma se pueden comprar sin documentos?", se preguntó, aludiendo a la ilegalidad de cada uno de estos procedimientos.

Las construcciones en tierras fiscales -zonas de rocas, playa y arenales frente a la playa- son alrededor de 260. Muchos tienen conexión eléctrica y agua de OSE, tevé cable y otros servicios.

AMOR PROFUNDO. Más allá de las posturas críticas y legalistas, hay pobladores que demostraron estar dispuestos a defender a capa y espada el lugar y su identidad. Si bien la Intendencia descartó regularizar -y por ende, dejar sin efecto las demoliciones- insistirán hasta el último momento.

Entre ellos hay gente que ayudó a la realización de esas construcciones a 100 y 150 metros del mar, en un verdadero paraíso de arenas y aguas saladas. Apellidos tales como: Mautone, Crosta, suenan en boca de los vecinos, así como algunos extranjeros:, entre ellos una pareja -él inglés, ella argentina- que no hace mucho tiempo adquirieron un rancho y ahora sienten el riesgo que pase a demolición.

Un sanitario de 63, de apodo "Iqué" señaló que los ranchos son la gran postal al mundo de este balneario y enumeró que llegan profesores de Bellas Artes, empresarios y diputados a estas construcciones que representan otra forma y estilo de vida distendida frente a la selva de cemento.

"Buscan otra cosa y la tienen en este lugar", dijo a El País. Consideró, que la destrucción de esta realidad "es un verdadero atropello".

VISTA AL MAR. Desde media mañana, la retroexcavadora de la empresa contratada por la Intendencia se instaló junto a un médano, en el paso de una cañada donde crece el berro y a pocos metros del primer rancho a demoler.

No se movió de allí durante todo el día, pero fue el elemento disparador de la guerra de nervios que se vivió durante toda la jornada.

Los efectivos de la Prefectura, encargados de la custodia del operativo, debieron soportar toda clase de insultos.

La preocupación se notaba en el rostro de las autoridades municipales, con casco amarillo y comparando el plano desplegado frente a sus ojos con la realidad.

Desde las dunas de la playa algunas personas contemplaban los acontecimientos sin intervenir: despreocupados dueños de casas en regla.

"Esa casa construida encima de un terraplén tras la demolición de los ranchos a manos de la Intendencia, sin dudas mejorará su vista al mar", comentó alguien con hostilidad.

Y como respuesta recibió: "No solo esa, también todos los linderos que hicimos una casa, que pagamos el terreno y todas las obligaciones como cualquier vecino, que no es el caso de ustedes".

Alguien pretendió intimidar al dueño de las máquinas que la Intendencia contrató para la demolición mediante una llamada telefónica en la noche del domingo. Octavio Márquez denunció en el juzgado de la ciudad de Chuy que recibió en su celular una llamada desde un número de Montevideo. El número y la hora de la llamada fueron asentados en la denuncia.

"Márquez, si volteás un rancho sos boleta", dijo la voz. Al día siguiente el empresario asentó la denuncia penal en el Juzgado de la ciudad de Chuy. Dijo que fue contratado para realizar un trabajo y que incluso ofreció facilidades a los potenciales afectados para sacar sus pertenencias. De hecho recibió dos llamadas de ocupantes de viviendas para realizar esa tarea.

Ayer se informó que tanto UTE como OSE cortaron el suministro a las viviendas que están a punto de ser demolidas por orden de la Intendencia.

En Punta del Diablo también hay vecinos que afirman que las vivien-das que serán demoli- das son "irregulares por donde se miren". Pablo Liberji, dueño de un hostal, comparó su realidad: "yo pago $ 13.000 de contribución inmobiliaria, $ 12.000 de habilitación de Bomberos, $ 4.000 de higiene ambiental y otros $ 4.000 por pequeña empresa, mientras esta gente no paga nada". Rubén Temes, trabajador de una inmobiliaria, comentó que los ranchos han sido alquilados durante varias temporadas en US$ 200 diarios, en promedio.