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La Justicia Militar tramita unos 250 casos por año. Más del 90% de los procesamientos son por el delito de deserción, que generalmente obedece a razones económicas. Actualmente hay más de 50 efectivos detenidos en unidades castrenses.

El caso de presunto abuso de cinco marinos a un joven haitiano hizo que el sistema de Justicia Militar haya sido noticia en los últimos días, debido a que un juez castrense procesó con prisión a esos efectivos y a otro que se encontraba de guardia en la base naval ubicada en Port Salut.

Pero, en general, existe desconocimiento sobre el funcionamiento y organización de la Justicia Militar, donde prestan servicio 101 funcionarios (entre administrativos, jueces y abogados) y cuyo universo de actuación son los casi 30.000 efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

A la cabeza del sistema judicial militar se encuentra el Supremo Tribunal Militar (STM), que se integra con cinco miembros que, actualmente, son todos militares retirados. Existen dos juzgados de instrucción que intervienen en los casos en forma primaria, y otros dos de instancia, que dictan la condena definitiva.

El presidente del STM, general (r) Julio Halty, dijo a El País que la Justicia Militar tramita unos 250 casos al año. Actualmente hay "no menos" de 50 efectivos cumpliendo prisión preventiva por jueces castrenses, indicó Halty.

En la Justicia Militar rige el Código Penal Militar, vigente desde 1943. Desde 2008, con la aprobación de la última ley de Defensa, los jueces castrenses solo pueden juzgar el ilícito militar, ya que "los delitos comunes cometidos por militares en tiempo de paz, cualquiera sea el lugar donde se cometan, estarán sometidos a la Justicia ordinaria", según prevé la ley.

Halty explicó que en los casos donde no hay mérito para dictar procesamiento, el juez militar tiene la potestad de recomendar que al implicado se le aplique una sanción administrativa, cosa que debe ser resuelta por el Comando del arma a la que pertenece.

Un proyecto de ley a estudio del Parlamento elimina la Justicia Militar y pasa sus funciones a la órbita de la Justicia civil, bajo la Suprema Corte de Justicia. Halty está en contra de esa iniciativa y espera que no se concrete, entre otras cosas, porque "los jueces civiles no tienen formación en legislación militar".

DESERcIONES. Halty dijo que más del 90% de los delitos juzgados por los jueces militares son casos de deserción que implica, en resumidas cuentas, "faltar al trabajo", indicó el presidente del STM.

El efectivo que no se presenta en su unidad "puede tener justificación, pero si no la tiene el juez lo procesa por deserción", dijo Halty, quien informó que ese delito militar se castiga con una pena de entre cuatro meses y tres años de prisión, según las características concretas del caso.

La principal causa de deserción es la económica, porque actualmente un soldado gana menos de $ 7.000. "Entonces, si consigue un trabajo donde le pagan $ 10.000 o $ 12.000, se va", dijo el titular del STM.

El trámite adecuado en esos casos es pedir la baja, la cual debe ser otorgada ya que una de las causales previstas es la de mejora de sueldo. El problema radica en que implica un trámite burocrático "que lleva tiempo, y muchas veces el interesado no puede esperar porque pierde el trabajo", señaló Halty.

En segundo lugar entre los delitos militares se encuentra la desobediencia que implica "no dar cumplimiento a una orden dada por un superior". "Por ejemplo, quien está de guardia en una unidad sabe que desde cierta hora nadie puede salir o entrar. Pero si después de esa hora deja ingresar a un compañero que llegó tarde, está cometiendo desobediencia", explicó Halty.

Halty: "Más del 90% de los casos juzgados por jueces militares son por deserciones".

La Justicia Militar investiga dos episodios que implicaron a efectivos uruguayos en la misión de paz en el Congo. El primero de los casos, ocurrido en 2010, es por una presunta violación de un militar a una mujer congoleña.

El presidente del Supremo Tribunal Militar (STM), general (r) Julio Halty, dijo que el militar acusado del hecho recibió solamente una sanción disciplinaria estando en el Congo, y cuando regresó a Montevideo el comandante del Ejército, Jorge Rosales, puso el caso en conocimiento del juez castrense.

El hecho está siendo investigado por un juez militar desde el pasado 15 junio. "El militar no está ni procesado ni preso, está a disposición de la Justicia Militar. Sigue cumpliendo servicios en la unidad a la que pertenece", indicó Halty.

El segundo caso que está bajo investigación por un hecho ocurrido en el Congo tiene como indagado a un soldado que, en el pasado mes de abril, estando en la Compañía de Ingenieros N° 1 en ese país, perdió el control y realizó varios disparos contra sus compañeros.

En relación a este hecho tampoco hay resolución de la Justicia Militar que pidió la realización de pericias psiquiátricas al implicado que, mientras tanto, se encuentra en libertad y a disposición del juez castrense, dijo Halty.