Los abogados de Mariano Arana, María Julia Muñoz y Alberto Rosselli presentaron ayer por escrito, a la jueza Fanny Canessa, los argumentos por los cuales entienden que los exjerarcas municipales no deben ser procesados, tal como lo pidió el fiscal Diego Pérez.

El representante del Ministerio Público pidió que los tres sean enjuiciados con prisión por los delitos de fraude, concusión (coimas) y abuso de funciones.

El fiscal Pérez presentó su dictamen de casi 100 páginas ante la jueza Canessa el pasado 30 de agosto. Allí, sostiene que Arana, Muñoz y Rosselli actuaron con "cabal conciencia" al firmar resoluciones que permitieron consumar las maniobras desarrolladas por Juan Carlos Bengoa en relación a los casinos municipales.

De esa forma, a juicio de Pérez, los máximos jerarcas de la Intendencia de Montevideo en el período 2000-2005 "estaban prohijando y viabilizando" el fraude.

Para el fiscal, Arana, Muñoz y Rosselli "definitivamente, con sus acciones, hicieron posible que dicho engaño prosperara y se concretara materializando el perjuicio que además, a partir del mismo (afectó) las arcas municipales, y en definitiva la administración padeció".

Pérez se refiere a resoluciones relativas a la autorización de varios de los contratos de la división casinos y la reiteración de gastos observados por el Tribunal de Cuentas de la República.

En ese contexto, el fiscal también consideró que Arana, Muñoz y Rosselli no reclamaron más información a Bengoa antes de resolver sobre sus planteos.

"Actuaron y tomaron las decisiones que surgen de estas actuaciones sobre los hechos en cuestión, sin requerir que previamente Bengoa y su equipo les informaran mínimamente", señaló el fiscal en su dictamen.

Para el fiscal, "la excusa reiterada y sistemáticamente" planteada por los exjerarcas en cuanto a que actuaron sin conocer las maniobras desarrolladas por Bengoa es un argumento que "no resulta de recibo".