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PABLO MELÉNDREZ/ VALERIA GIL

La Justicia procesó con prisión a dos militares por la muerte de un detenido en 1973. El Poder Ejecutivo promulgó la ley que declara imprescriptibles los delitos militares cometidos durante la dictadura, y que en los hechos anula la Caducidad.

A pedido del fiscal Diego Pérez, el juez penal Eduardo Pereyra ordenó ayer los enjuiciamientos con prisión de dos militares retirados que prestaban servicios en el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OOCA) y que estuvieron implicados en la muerte por torturas de un detenido en el Batallón Florida de Infantería N° 1.

Los procesados, a quienes se les imputó el delito de "homicidio muy especialmente agravado", son Alberto Gómez Graña y Arturo Aguirre, quienes al momento del hecho ostentaban el grado de capitán.

El juez Pereyra y el fiscal Pérez concluyeron que ambos tuvieron responsabilidad en la muerte de Gerardo Alter, ocurrida el 19 de agosto de 1973.

Alter, de 27 años de edad, era argentino y militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores del vecino país. Se había trasladado a Montevideo en julio de 1973, donde se incorporó al MLN.

El juez también pidió la captura internacional de otro militar, Hermes Tarigo, cuyo procesamiento también solicitó la Fiscalía. Los magistrados estiman que Tarigo se encuentra en Europa, ya que posee ciudadanía italiana, pero desconocen su paradero, dijeron fuentes del caso a El País.

Durante la investigación judicial, los indagados admitieron, en forma indirecta, que Alter falleció por los apremios físicos que sufrió estando detenido, pero ninguno admitió haber torturado al joven argentino.

Sin costo. El Poder Ejecutivo promulgó ayer la ley que restablece la capacidad punitiva del Estado, según informó a El País el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia.

Por su parte, la senadora Lucía Topolansky (MPP) dijo a El País que el Frente Amplio "no pagará ningún costo político" por aprobar la ley que restablece la capacidad punitiva del Estado, en contra de lo que se había definido en dos consultas populares realizadas en los años 1989 y 2009. "No entiendo por qué dicen eso del costo político, no tiene nada que ver con los plebiscitos. Hay que escuchar lo que dijo Van Rompaey. Comparto todo lo que dijo", indicó Topolansky.

Ayer, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Leslie Van Rompaey, aseguró que a las dos consultas populares que en 1989 y 2009 ratificaron la ley de Caducidad "se les debe dar la importancia que tienen en una institucionalidad democrática".

De todos modos, el magistrado subrayó: "Los derechos humanos no están a disposición de las mayorías. Son derechos de las minorías y deben ser protegidos aún contra la opinión de las mayorías". Van Rompaey dijo que por el momento no tiene posición sobre la legalidad de la ley que declaró imprescriptibles los delitos de la dictadura, y señaló que la SCJ analizará el punto cuando se presenten recursos.

Por su parte, el presidente José Mujica pidió ayer "tolerancia" en las posiciones discrepantes en relación a la ley de Caducidad.

"Hay que remitirnos a los hechos. Hay una decisión tomada por la mayoría del Parlamento, nosotros la acompañaremos y después estaremos a lo que decida la Justicia".

El primer mandatario rechazó las críticas de la oposición en cuanto a una violación a la Constitución al aprobar esta norma. "Siempre en el debate se dicen cosas un poco exageradas. La Constitución está vigente en todos sus aspectos fundamentales", sostuvo Mujica.

El Secretariado del Frente Amplio se encamina a negociar con los partidos opositores una declaratoria de la Asamblea General. Fuentes frenteamplistas dijeron a El País que se intentará aprobarla antes del 30 de noviembre, fecha en la que se realizó el plebiscito de 1980.

Por otra parte, está pendiente la sanción que le aplicará el Ministerio de Defensa al jefe del Estado Mayor de la Defensa, José Bonilla, por las declaraciones en las que advertía que de aprobarse la ley, "los militares no aportarían datos por temor a ser procesados".

El Secretariado del Frente Amplio analizó ayer la aprobación de la ley que deja sin efecto la Caducidad. La diputada Daniela Payseé (Asamblea Uruguay) dijo a El País que durante la reunión del organismo se evaluó "con satisfacción" la sanción de la norma que habilita al Estado a investigar los delitos cometidos durante la última dictadura militar.