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PABLO MELÉNDREZ

El juez Jorge Díaz procesó ayer con prisión a la magistrada Anabella Damasco quien, entre 2004 y 2007, retiró dinero incautado en casos a su cargo en siete ocasiones. Si bien Damasco se responsabilizó, se buscará a otros posibles implicados.

"Me reservo la respuesta". Eso contestó Damasco cuando el juez especializado en crimen organizado Jorge Díaz y la fiscal Mónica Ferrero le preguntaron sobre los motivos por los que, en algunos casos, realizó retiros de dinero a disposición del juzgado penal de 14° Turno de Montevideo, y en otros ni siquiera llegó a depositar los montos incautados.

Damasco, quien ocupó la titularidad de ese juzgado durante varios años, se desempeñaba desde mediados de 2009 como ministra del Tribunal de Apelaciones Penal de 1° Turno. Asimismo, ejercía la presidencia de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU).

Díaz procesó a Damasco por "siete delitos de peculado en reiteración real", ilícito que ocurre cuando un funcionario público se apropia de bienes en función de su cargo. La Fiscalía había pedido su enjuiciamiento por fraude por un retiro realizado tras haber sido ascendida a ministra, pero como la fecha no se pudo verificar, el magistrado descartó por el momento esa imputación.

El martes 1° Damasco renunció a su cargo gremial en la AMU y ayer, antes de ser procesada con prisión, presentó su dimisión como magistrada ante la Suprema Corte de Justicia.

Los faltantes de dinero, que en total suman unos US$ 55 mil, fueron detectados por la jueza Adriana De los Santos, quien actualmente se desempeña en el Juzgado penal de 14° Turno. La magistrada ordenó una investigación administrativa sobre los hechos y denunció la situación ante su colega de crimen organizado.

Según la resolución del juez Díaz, Damasco "en siete oportunidades, precedida de diferente resolución criminal, se apoderó de dinero en efectivo incautado en diferentes expedientes en los que intervino como magistrada".

Las modalidades utilizadas por Damasco para quedarse con el dinero fueron dos: por un lado no depositar el dinero en las cuentas oficiales del juzgado ni en el cofre fort de la sede y por otro, en casos donde el dinero sí era depositado, emitió órdenes de pago que ella misma cobró.

Los faltantes de dinero se registraron en tres expedientes diferentes que en su momento estuvieron a cargo de Damasco: el de la "Operación Campanita", un caso de proxenetismo por el que fue procesada una mujer, y otro en el que se desbarató un grupo que realizaba abortos clandestinos.

En dos de los casos se descubrió que los expedientes fueron extraviados y si bien fueron reconstruidos, cierta información se perdió.

"En conclusión, además de que no ha podido justificar debidamente el destino del dinero, no parece lógico ni razonable que un magistrado de la trayectoria de la indiciada, libre una orden de pago sin que nadie se lo solicite en el mismo, sin dictar ninguna providencia que lo ordene, a su nombre, sin dejar ninguna constancia en autos y luego se traslade hasta el BROU y lo cobre", sostuvo Díaz en su resolución.

LAS MOTIVACIONES. "Para mí y para la institución que integro es un día difícil", dijo el juez Díaz, casi a punto de quebrarse, en una conferencia de prense que realizó en su despacho para explicar los motivos del procesamiento de Damasco.

Díaz destacó que el episodio se descubrió por una denuncia que presentó otra magistrada. "Esto significa que el sistema se autosanea, lo cual para mí es bien importante", dijo.

"Me interesa dejar absolutamente en claro que así como en el día de hoy se toma una resolución que involucra un caso de corrupción pública que refiere a una magistrada, esto nace en la actuación de otra magistrado", insistió Díaz, para quien es claro que el dinero "se encontraba en posesión" de Damasco, por ocupar la titularidad del juzgado

Damasco, quien declaró ayer y el martes 1° ante el juez Díaz, "exoneró de responsabilidad a las personas que por razón de su cargo oportunamente firmaron algunos oficios", explicó Díaz ante los periodistas.

Ayer, además de Damasco, Díaz y Ferrero también tomaron declaración a una escribana que se desempeña como actuaria en el juzgado de Damasco y una abogada que también prestaba funciones en la actuaría, y que actualmente es jueza de paz en el interior.

"Ella admitió haber retirado el dinero de las cuentas bancarias", indicó Díaz, quien señaló que Damasco no explicó el por qué de su accionar durante la investigación judicial.

Sin embargo, fuentes vinculadas a la investigación dijeron a El País que en función de algunos indicios "hay más cosas para investigar".

Las fuentes estimaron que por la complejidad de la maniobra, otras personas también deberían estar involucradas, más allá de que la magistrada haya decidido inculparse.

Díaz dijo que durante la investigación se analizaron "casi todos los expedientes" del juzgado que ocupó Damasco y se detectaron los siete casos por los cuales fue procesada, pero eso "no quiere decir que no haya más". El magistrado señaló, a modo de ejemplo, que solo en la "Operación Campanita" hay 17 cuentas bancarias con fondos incautados.

LOS EXPEDIENTES. El 25 de octubre de 2010, una mujer que en junio de 2007 había sido condenada por proxenetismo y falsificación de pasaporte, reclamó la devolución de 4.000 euros, US$ 313 y $ 140 que le habían sido decomisados pero no se ordenó su decomiso.

Damasco, que había procesado a la mujer en diciembre de 2003, ordenó depositar el dinero en una cuenta en el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) cosa que, en realidad, "nunca" se cumplió, motivo por el cual el juzgado, que ya estaba a cargo de la magistrada De los Santos, no pudo reintegrar el dinero.

A su vez, la resolución del juez Díaz señala que no surge que Damasco haya tramitado el pedido de devolución del dinero en este caso, "pero debe tenerse presente que el expediente se extravió y fue reconstruido parcialmente"

"Por otra parte -agrega el fallo de Díaz- la sede extravió el decretero del año 2004 en el cual se transcribieron los decretos dictados desde mayo en adelante".

Según Díaz, en relación al dinero de este caso, Damasco "no puede justificar su destino", ya que no se depositó en el BROU ni en la caja fuerte del juzgado, así como tampoco se devolvió a la reclamante.

El segundo caso donde se registró faltante de dinero está relacionado con tres personas que fueron procesadas por Damasco el 29 de diciembre de 2003, por integrar una red dedicada a realizar abortos.

La Policía incautó $ 30.000 y US$ 24.810. El monto en moneda local se depositó en una cuenta en el BROU, pero de los US$ 24.810 se depositaron US$ 23.260, por lo que surge una diferencia de US$ 1.550 que "no ha podido ser explicada por la indagada (Damasco) ni por la Policía", dice Díaz.

En junio, julio y septiembre de 2006 la jueza ordenó tres retiros de esas cuentas que ella misma cobró. Fueron por US$ 2.139, US$ 3.055 y US$ 2.850. En este caso, al igual que en el anterior, hay documentos que no se pudo ubicar porque el expediente se extravió.

Finalmente, cuando el dinero debía devolverse a los implicados, ello "no pudo efectivizarse en su totalidad porque faltaban los US$ 9.594 retirados por la indiciada (Damasco), cuyo destino final no ha sido explicado", dice Díaz en su resolución.

Finalmente, en el marco de la "Operación Campanita", en una serie de allanamientos el 5 de septiembre de 2006, la Policía incautó US$ 38.015, 117.070 euros y $ 196.345.

La suma en dólares se depositó en el BROU mientras que el dinero en euros Damasco lo ingresó en una cuenta personal, debido a que la sede no podía en ese momento abrir una cuenta en esa moneda.

El 11 de enero de 2007 Damasco retiró de su cuenta personal 113.128,52 euros. El mismo día, nueve minutos después, depositó en la cuenta del juzgado 107.128,52 euros, es decir, 6.000 euros menos que los retirados. El 10 de junio de 2007 el juzgado envió un oficio al BROU para que entregara US$ 25.047. Damasco fue a la sucursal Zabala del banco el 15 de junio y cobró esa suma.

La doctora Anabella Damasco tiene 51 años de edad y es jueza desde 1989. Ha ejercido principalmente en materia penal. Su primer destino fue en el departamento de Rocha, luego Florida y finalmente en Montevideo, donde fue la responsable del Juzgado penal de 14° Turno (con sede en la calle Mercedes casi Ejido) durante años.

Desde junio de 2009, integra el Tribunal de Apelaciones Penal de 1er Turno, lugar al que ascendió por decisión de la Suprema Corte de Justicia y para lo que contó con venia del Parlamento.

Tiene una larga trayectoria gremial en la Asociación de Magistrados (AMU). Este es su segundo período en la presidencia de la AMU (2010-2012). Antes había ocupado la presidencia entre 2004 y 2006, pero también ha ejercido otros cargos en la propia gremial de jueces.

Como representante de la AMU mantuvo encuentros con gobernantes y legisladores por temas de presupuesto y del Poder Judicial en general.

Como jueza penal llevó adelante los procedimientos de narcotráfico denominados Campanita y Pájaros Pintados. Se manejó su nombre para ser uno de los jueces contra el crimen organizado.

Tiene cuatro hijos y suele veranear en el balneario Santa Teresa.