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El sindicato de Secundaria acusa al gobierno de intentar "chilenizar" la educación por promover la competencia por recursos financieros entre los liceos. Este fin de semana el gremio se declaró en conflicto y no descarta acciones legales.

La asamblea de la Federación de Profesores de Secundaria (Fenapes) resolvió declararse en conflicto contra el Proyecto de Fortalecimiento de las Instituciones para la Mejora Educativa (Profime), un sistema de trabajo que amplía la independencia académica de los liceos y los obliga a concursar por recursos en base a resultados.

En un comunicado, Fenapes sostiene que el Profime busca generar "una educación rica para ricos y una pobre para pobres".

Le achacan la autoría del proyecto al nacionalista Daniel Corbo, el único representante de la oposición en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Mientras tanto, se está a la espera de que el gobierno presente propuestas en el marco de un acuerdo político por la educación propuesto por el senador nacionalista Jorge Larrañaga, líder de Alianza Nacional, sector al que pertenece Corbo.

El objetivo del consejero nacionalista es que cada centro educativo tenga su propio programa y firme un contrato con las autoridades educativas para llevarlo adelante.

"DESDE FUERA". El sindicato docente anunció que continuará con la denuncia pública de las "acciones educativas que se impulsan desde fuera del sistema educativo en una clara violación del principio de autonomía consagrado en la Constitución como, por ejemplo, los llamados acuerdos multipartidarios y la reciente resolución del Senado de la República".

Los docentes se refieren al acuerdo político alcanzado entre la oposición y el oficialismo para proponer ideas que mejoren la educación.

En ese momento se fijaron un plazo de 45 días para proponer ideas.

La semana pasada en la página web del Consejo de Secundaria (CES) se lanzaron las inscripciones para participar en el programa educativo Profime.

Fenapes entiende que el proyecto "constituye la instalación de las concepciones neoliberales en la educación pública que conllevan la flexibilización laboral, la rebaja de contenidos educativos, la desarticulación de la enseñanza secundaria, la estigmatización de los liceos y la división entre categorías de los docentes".

La asamblea de profesores mandató a su cuerpo de abogados a estudiar la legalidad del proyecto.

También se resolvió rechazar y trabajar en contra de la postulación de liceos al programa propuesto por ANEP.

Dirigentes del sindicato de profesores no resolvieron aún si toman una medida de denunciar a la ANEP ante la Justicia por las malas condiciones edilicias de los locales educativos.

El pasado 29 de agosto, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) había dado un plazo de 30 días al Consejo de Educación Secundaria para que convocara a la inspección en todos los edificios liceales por parte de Bomberos, el Banco de Seguros del Estado y los ministerios de Salud Pública y Trabajo. En caso de que no se realizaran las inspecciones, el sindicato presentaría una demanda judicial.