Algunos de los 350 operadores penitenciarios civiles que egresarán de la Escuela de Policía y comenzarán a trabajar en las cárceles en 15 días, denunciaron "ocasionales dificultades de relacionamiento con el personal policial" en Punta de Rieles e invocaron casos de "provocación verbal".

Así surge de un informe elaborado por el comisionado parlamentario Álvaro Garcé, quien se reunió el 18 de octubre pasado con operadores penitenciarios grado III en la Escuela Nacional de Policía.

Garcé presentó ese documento a la presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento del Sistema Carcelario, Lucía Topolansky. El informe señala que en el grupo de nuevos operadores penitenciarios predomina "una sensación de incertidumbre" con respecto a múltiples aspectos prácticos de sus tareas.

"Algunos/as manifestaron que la descripción de las tareas al inicio del proceso (llamado a la provisión de cargos) no coincide con lo que, en forma reciente, se les ha indicado como funciones a cumplir", indica el documento.

Los operadores peniten-ciarios mencionaron la inclusión de tareas más complejas o riesgosas y advirtieron la posibilidad de deserciones en las primeras etapas de aplicación del nuevo modelo penitenciario.

Garcé señala que la etapa intermedia prevista para la salida de los funcionarios policiales y el consiguiente ingreso de los operadores fue unánimemente evaluada por éstos como insuficiente.

"Solicitaron extender en lo posible dicho plazo, cuya duración, según mencionaron, en principio estaría fijada en unos quince días (en tal período se produciría la salida del personal policial y el ingreso del personal civil en el CNR y en Punta de Rieles para el comienzo de la nueva experiencia)", informa el comisionado.

Los técnicos explicaron a Garcé que "no poseen aún la preparación" para desempeñar todos los aspectos de la gestión, especialmente los vinculados al manejo de situaciones de crisis", tales como episodios de violencia, crisis de abstinencia, descompensaciones, etc.

Según Garcé, el aspecto más repetido por los participantes fue la necesidad de contar cuanto antes con un manual de gestión o protocolo de actuación.

Los futuros operadores penitenciarios solicitaron además el respaldo jurídico de un texto que les permita discernir qué deben hacer en casos críticos.