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El Poder Ejecutivo promueve para el cargo de fiscal de Corte al juez especializado en crimen organizado Jorge Díaz. El gobierno ya inició los contactos con la oposición para analizar el tema, dijeron fuentes políticas a El País.

Díaz, en caso de que la iniciativa prospere, pasará a ocupar el cargo que desde marzo de 2007 desempeña el fiscal Rafael Ubiría, quien llegó a un acuerdo con el gobierno para ser nombrado procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, cargo para el que no se requiere venia del Senado.

Desde 2008 Díaz está al frente de uno de los juzgados especializados en crimen organizado, que tienen competencia en casos de narcotráfico, corrupción pública y lavado de activos, maniobras sobre las cuales se ha especializado tanto en Uruguay como en el exterior.

Consultado ayer por El País, Díaz se excusó de realizar comentarios sobre el tema.

Dirigentes de la oposición dijeron que se estudiará la iniciativa oficial de designar a Díaz. Para ser nombrado fiscal de Corte, el magistrado requerirá el apoyo de una mayoría especial de 3/5 del Senado, donde el Frente Amplio tiene una ajustada mayoría.

Ubiría, que en los últimos tiempos ha tenido varias diferencias con el gobierno, renunciará a su actual cargo en las próximas semanas para asumir en su nueva función, informó ayer el semanario Búsqueda.

La titularidad de la Procuraduría de lo Contencioso Administrativo (que actúa como fiscalía en los casos que tramita en Tribunal de lo Contencioso Administrativo) está acéfala desde que en septiembre de 2010 fue procesado con prisión Gualberto Pérez Riestra, acusado de integrar un grupo dedicado a realizar estafas con títulos inmobiliarios.

El Poder Ejecutivo ya envió al Parlamento la solicitud de venia para destituir a Pérez Riestra.

El plazo para que a nivel legislativo se resuelva el punto vence el 15 de diciembre. Luego de esa fecha, Pérez Riestra podrá ser cesado sin más.

La idea de cambiar de cargo partió del propio Ubiría, en 2017 cumpliría 10 años como fiscal de Corte. Entonces Ubiría tendrá 59 años y considera que la futura jubilación es baja.

Por eso, si asume como procurador de lo Contencioso Administrativo, el tope de 10 años para ocupar el cargo vuelve a computarse desde cero, dijeron allegados al fiscal de Corte.

Antes que Ubiría, la última vez que hubo acuerdo para nombrar a un fiscal de Corte fue en 1997, cuando se designó a Óscar Peri Valdez, quien tampoco provenía del Ministerio Público, ya que se desempeñaba como juez laboral. Peri Valdez fue destituido en el gobierno de Jorge Batlle.