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La incidencia de los organismos internacionales creció en los últimos años. Sin embargo, nuestro país es de los que menos utiliza el sistema interamericano de derechos humanos. De 1.598 peticiones ante la CIDH en 2010, 17 fueron de Uruguay.

La inclusión de Uruguay en la lista gris de la OCDE, la declaración del G-20 sobre los "paraísos fiscales" y la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativa a exahorristas del Banco de Montevideo, volvieron a poner en el tapete la incidencia de los organismos internacionales en los asuntos internos del país, que ya era notoria en otros casos anteriores.

Sin embargo, Uruguay es uno de los países de América Latina que menos recurre al sistema interamericano de derechos humanos, desde donde suelen surgir los fallos condenatorios contra los Estados del continente.

En 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (escalón previo antes de llegar a la Corte) recibió 1.598 peticiones de demandantes, y tan solo 17 se relacionaban con Uruguay.

Ese año, la Comisión dio trámite a 275 peticiones, pero ninguna de ellas fue de Uruguay. En la actualidad no hay ningún caso de Uruguay cerca de llegar a la Corte Interamericana y es posible que pase mucho tiempo antes que otro asunto sobre el país culmine en esa instancia. De Uruguay, hay 3 casos en etapa de "admisibilidad" y 50 en estudio preliminar.

ORGANISMOS. Las dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA referidas a Uruguay condenaron al Estado (la primera, por la desaparición de María Claudia García de Gelman; la segunda, por el reclamo de 708 exahorristas del Banco de Montevideo). Otro informe previo de la CIDH criticó el tiempo excesivo de la prisión preventiva de los hermanos Dante, José y Jorge Peirano y recomendó su liberación. Tales fueron los casos estudiados por el sistema interamericano de derechos humanos que más repercusión tuvieron en el país.

Otros asuntos referidos a Uruguay, por parte de diversos organismos y agencias de ONU, pusieron en tela de juicio la imagen del país.

El informe que en 2009 hizo el relator de la ONU contra la tortura, Manfred Nowak -que criticó duramente el sistema carcelario-, y las recomendaciones que realizó el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU (CERD) también tuvieron amplia repercusión a nivel gubernamental.

La misión de Nowak fue un duro revés para el gobierno de Tabaré Vázquez.

Nowak sostuvo que las condiciones de alojamiento del Penal de Libertad eran "de las peores" del mundo. El relator de la ONU aseguró que no había estado en ningún sitio "donde los detenidos dicen que los tratan peor que a los animales".

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU señaló en febrero que el Estado debería promover la representación de las personas de ascendencia africana e indígena en el Parlamento y otras instituciones del Estado, así como su empleo en la administración pública y las empresas privadas.

Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que es una agencia de la ONU, exhortó al gobierno a modificar la ley de negociación colectiva, a instancia de una solicitud de las cámaras empresariales.

El Poder Ejecutivo, el Pit-Cnt y los empresarios siguen dialogando sin llegar a un acuerdo.

Hay, sin embargo, otros asuntos en que la incidencia de los organismos internacionales ha sido favorable a Uruguay, como el apoyo de la Organización Mundial de la Salud ante el litigio que el país mantiene con la tabacalera Philips Morris (que libran un pleito ante otra corte internacional).

1.598 Fueron los casos presentados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2010; de ellos, 17 involucraron a Uruguay.

La reciente sentencia de la Corte de la OEA a favor de exahorristas del Banco de Montevideo generó interés dentro y fuera de fronteras, pues refiere a un tema poco común en ese organismo, como son los derechos de las personas sobre sus cuentas bancarias.

El fallo declaró que el Estado violó los derechos de 539 exahorristas, cuestionó al Banco Central y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y dispuso revisar si hay que devolver hasta US$ 100.000 a cada uno de los damnificados.

La escribana Alicia Barbani, que presentó el caso junto a la contadora María del Huerto Breccia en representación de 708 exahorristas, contó a El País las peripecias del largo proceso.

"Esto nos llevó nueve largos años de arduo trabajo, de incansables reuniones, y de viajes a Washington y Costa Rica, con el desenlace que se ha hecho público", relató.

Barbani y Breccia viajaron a Washington cinco veces y otras dos a Costa Rica.

A diferencia de los muchos casos que se presentan ante la CIDH y la Corte Interamericana, ellas no contaron con estudios jurídicos ni ONG con oficinas en Washington que las respaldaran.

"Íbamos con el dinero justo, y en dos oportunidades fuimos con nuestros hijos que nos ayudaban a cargar las pruebas y los documentos del caso. Tomábamos el subterráneo, cargadas con maletas llenas de papeles, pasamos muchos apuros y contratiempos, pero creo que le dejamos un ejemplo de lucha y persistencia a nuestros hijos", sostuvo Barbani emocionada.

"El fallo de la Corte Interamericana condenó al Estado uruguayo a resarcirnos económicamente y a conformar nuevamente una comisión que permita rever caso a caso, para tener las garantías de que se cumpla un proceso transparente y acceder a ser considerados ahorristas de acuerdo al Art. 27 de la Ley 17613", dijo.