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VALERIA GIL

La Comisión de Salud del Senado aprobó ayer con los votos del oficialismo el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. La mujer que aborte después de las 12 semanas no será condenada con prisión, sino con penas alternativas.

Los grupos provida se manifestaban ayer en la tarde frente al Palacio Legislativo, en señal de repudio al proyecto que despenaliza el aborto. Adentro del edificio, en la Comisión de Salud del Senado, los legisladores acordaban los últimos cambios al texto del proyecto que será considerado por la Cámara Alta el martes 27.

La Mesa Coordinadora por la Vida leyó una proclama donde denunció "la falta de transparencia de los legisladores que no quieren escuchen nuestra voz y votan de apuro una ley, mientras la gente hace las compras para las fiestas". Luego, una delegación del grupo provida se dirigió hacia la sala donde estaba reunida la comisión para reclamar ser recibida por los legisladores.

Además, la comisión recibió a dos juristas que dieron su visto bueno al proyecto, pero según la oposición no pudieron justificar que el aborto se realice por la sola voluntad de la mujer, lo que fue criticado por blancos y colorados. El senador Carlos Moreira (Alianza Nacional) dijo que el proyecto "no tiene en cuenta para nada los deberes y derechos del progenitor hombre, porque solo se contempla a la mujer y no tiene en cuenta el derecho a la vida".

En tanto, el Frente Amplio aprobó el proyecto por cuatro votos a dos y realizó algunas modificaciones al texto original. La senadora Mónica Xavier (Partido Socialista) dijo que se agregaron dos nuevos artículos para salvar algunas objeciones jurídicas.

El nuevo texto no solo elimina el delito con prisión para las mujeres que aborten antes de las 12 semanas, sino que también a las que decidan interrumpir un embarazo más avanzado. Para ellas, se flexibilizan las penas eliminando la penitenciaría y agregando la posibilidad de cumplir la condena con penas alternativas a la prisión y orientadas a la educación sexual y reproductiva.

Así una mujer que aborte luego de las 12 semanas, puede ser obligada a concurrir a talleres donde se le enseñe a emplear los métodos anticonceptivos, explicó a El País el senador colorado Alfredo Solari.

Xavier dijo que el proyecto elimina la prisión para la gestante que decida interrumpir su embarazo en el entendido que "se debe sancionar, pero no privando la libertad". La legisladora indicó que las medidas educativas son necesarias, "para subsanar los grandes errores de la ley que nos rige, que implica la utilización del aborto como un procedimiento de anticoncepción más".

En tanto, a los profesionales de la salud que realicen el aborto fuera del plazo de las 12 semanas se le aplicará la pena de prisión, tal como establece hoy el Código Penal.

La oposición cuestionó la rapidez con la que el oficialismo quiso aprobar el proyecto en comisión, y el Frente Amplio defendió el ágil trámite parlamentario que se le imprimirá. "El aborto es un tema que en el país se viene discutiendo desde hace más de 100 años", señaló Xavier.

Entre otras modificaciones se acortó el plazo de residencia en el país exigido para poder abortar, el mismo pasó de 40 semanas a 24. Asimismo, la legislación habilita a que el médico pueda apelar a "objeción de conciencia", para no realizar dicha práctica. Sin embargo, las mutualistas deberán prestar igualmente el servicio.

El coordinador de la Mesa Coordinadora por la Vida, Carlos Iafigliola, dijo a El País que el próximo martes 27, fecha en la que se votará el proyecto de despenalización del aborto en el Senado, se realizará una protesta de grandes dimensiones frente al Palacio Legislativo. "Vamos a redoblar el esfuerzo militante, tal como hicimos en las legislaturas anteriores y tendremos una presencia fuerte en las barras", indicó. Iafigliola dijo que la organización visitará al senador nacionalista Jorge Saravia, que figura como firmante del proyecto en la fecha que pertenecía al Frente Amplio, para pedirle que no lo apoye. Además, Iafigliola dijo que como edil del Partido Nacional pedirá que el tema sea catalogado como "asunto político" dentro de la bancada nacionalista, para que ningún senador del partido vote a favor.