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CARACAS | AP Y AFP

Venezuela prohibirá por un año la venta de armas de fuego a particulares y la entrega de permisos para su porte como parte de un plan para combatir la violencia y la inseguridad en el país, informó el ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami.

Se trata de "nuevas medidas que apuntan a controlar y reducir el uso de armas de fuego en manos de la población civil, sobre todo de las personas que las utilizan para la comisión de delitos", dijo El Aissami durante un acto con policías retransmitido por el canal oficial VTV.

El paquete de medidas establece primeramente un plazo de tres meses para que particulares regularicen el porte de armas "adquiridas legalmente": "Todas aquellas personas que tengan un arma de fuego legal y no esté registrada van a tener la oportunidad de registrarla y contar con la autorización para su porte y tenencia", indicó El Aissami.

Al término de ese período, se prohibirá durante un año otorgar nuevos permisos para su tenencia, así como la comercialización y distribución de armas de fuego y municiones a particulares por parte de empresas públicas y privadas.

El Aissami precisó que la medida excluye a los organismos de seguridad del Estado, empresas de vigilancia privada y de transporte de valores, y añadió que quienes tengan permisos de tenencia de armas vigentes podrán renovarlos.

Además, se creará un protocolo para agilizar la destrucción de armas incautadas por la Policía y para fijar la cadena de custodia de los revólveres y municiones decomisados a delincuentes con el objetivo de impedir que estos sean robados y revendidos.

Las medidas, que amplían un ambicioso plan de desarme ya en marcha, aspiran a combatir la violencia en un país de unos 30 millones de habitantes en el que circulan entre 9 y 15 millones de armas, legales e ilegales, según datos del Parlamento de 2009.

Las autoridades registraron 14.000 homicidios en 2010 (48 por cada 100.000 habitantes, uno de los mayores promedios en América Latina) y las armas estuvieron implicadas en un 90% de los asesinatos.

Por ejemplo, la pasada semana la Corte Interamericana de Derechos Humanos halló al propio Estado venezolano responsable por los asesinatos de siete miembros de una familia, tres de ellos perpetrados por agentes policiales, cuyos responsables continúan sin identificar ni sancionar desde 1998. Y se exige el esclarecimiento.