A lo largo de la campaña interna del Frente Amplio se fue haciendo cada vez más explícita la crítica a los partidos tradicionales. Fue un recurso elemental que se tradujo en dos discursos paralelos y bien nutridos: la confrontación con las propuestas actuales de la oposición -en seguridad, en educación, etc.-, y la demonización sistemática de los años noventa.

Hay un relato goebbeliano de la izquierda que se ha ido asentando como una verdad indudable y generalmente aceptada por líderes de opinión, comunicadores, y hasta dirigentes políticos no afines a ella. Es el que consiste en afirmar que los gobiernos de los partidos tradicionales del período 1985-2005 no tuvieron sensibilidad social. Es más, dice que esos gobiernos llevaron adelante reformas que "perjudicaron al pueblo", y es por eso que "la derecha", como señaló la campaña del Frente Amplio, no debe "volver a gobernar nunca más".

Un interesante trabajo publicado hace un par de años atrás por el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República (¿De quiénes, para quiénes y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay del siglo XX) deja en claro que ese discurso de izquierda es una patraña. En particular en lo que refiere, justamente, a las inversiones sociales en la década del noventa.

En efecto, el gasto público social comprende el esfuerzo fiscal orientado a influir en la disminución de la pobreza, la formación, la expansión o renovación de capacidades y la redistribución del ingreso. Se trata de los gastos en educación, salud, seguridad y asistencia social, vivienda y servicios comunitarios. Son los pilares de la construcción y reafirmación del Estado de bienestar. En este esquema, el índice de prioridad fiscal expresa la relación que existe entre ese gasto público social y la totalidad del gasto público. Es un índice que refleja pues la importancia que los gobiernos asignan al gasto social en las cuentas públicas y, por tanto, ilustra sobre el sentido de las decisiones políticas que tienen la responsabilidad de asignar esos gastos presupuestales.

La sorpresa para quien crea en el actual discurso de la izquierda será constatar que nunca antes en la historia del país como en los años noventa se asignó tanta prioridad fiscal a los gastos sociales. Más del 70% del total del gasto público fue para las mejoras sociales. Ese porcentaje fue el más alto, por lejos, de toda Latinoamérica -en Argentina, Brasil, Chile y Costa Rica, a fines de los noventa, la prioridad fiscal fue del 58%. Evidentemente, ese dato de la realidad explica por qué esos gobiernos de los partidos tradicionales bajaron la pobreza de un 46% del total de la población en 1986 a cerca de un 15% del total en 1994, y por qué la indigencia también tuvo una baja espectacular en todo ese período.

El problema ya no es solamente que los académicos vinculados a la izquierda fragüen los episodios que marcaron a fuego la Historia del país desde 1962 hasta 1985, para construir un relato identitario frenteamplista maniqueo en el que se demoniza a los partidos tradicionales. El problema es también que se va afirmando una narración de los años noventa en la que se construye el mito de un "pueblo hambreado" por una "derecha oligarca". Y, claro está, el final feliz del cuento es el triunfo de la izquierda en 2005.

En paralelo a esta fábula, hay otra que también se reafirma. Casi nadie en el Frente Amplio admite la virulencia de su oposición a las iniciativas gubernamentales modernizadoras del país entre 1985 y 2005.

En realidad, desde las AFAP hasta el acuerdo con Finlandia, pasando por las concesiones a privados de obras de infraestructura o la ley de empresas públicas, entre otros relevantes asuntos de esas dos décadas, el Frente Amplio y sus notorios compañeros y aliados sindicales se opusieron con fanatismo a todo.

Sin embargo, buena parte del crecimiento actual se basa en el legado político de esa década del noventa: allí está la apertura comercial y la modernización del agro y de su sector forestal, por poner solo dos ejemplos vinculados a nuestra actual inserción internacional. Una década en la que, además, el Uruguay fue ejemplo de gasto público social en la región, y obtuvo resultados formidables. Importa recordarlo hoy, porque esa es la inapelable verdad histórica.