En la madrugada del 27 de junio de 1973, los persistentes rumores de golpe de Estado que alimentaban las agitaciones políticas y sociales de aquel Uruguay, desembocaron en lo que se venía palpando como irreversible: la caída de las instituciones democráticas por segunda vez en el siglo XX.

En esa aciaga madrugada -y en los días sucesivos- el gobierno de influencia militar clausuró el Parlamento, prohibió la actividad de los partidos, proscribió a los legisladores, cerró los sindicatos, encarceló a políticos y sindicalistas, ejerció la censura de prensa e intervino el Poder Judicial y la Universidad.

Pese a algunos intentos de resistencia popular y política, los militares no tuvieron mayores dificultades para encaramarse en el poder. La escalada de acciones terroristas comenzadas unos años antes, se disparó el 14 de abril de 1972 con una sangrienta jornada que llevó a que poco después el Parlamento votara el Estado de Guerra Interno y movilizara a las FF.AA. La lucha fue corta, a los pocos meses el movimiento tupamaro fue desbaratado por completo. Los problemas surgieron cuando los militares se negaron a regresar a los cuarteles y bajo la doctrina de la seguridad nacional asumieron un protagonismo que no les correspondía, que derivó en los sucesos de febrero de 1973 y posteriormente en la dictadura, lisa y llana.

Ahora bien, no es justo enrostrarle a las Fuerzas Armadas la entera responsabilidad del desvío constitucional cuando, en realidad, diferentes fuerzas que componían la sociedad se conjugaron también para "colaborar" en la pérdida de la democracia, indirectamente pero conscientes de lo que podía ocurrir.

En el primer lugar está la guerrilla tupamara, sacudiendo con extrema violencia las raíces de nuestro país. ¿Como no atribuirles primerísima responsabilidad cuando su secuela interminable de asesinatos, secuestros, asaltos y atentados con explosivos fue desplegada cuando todavía había un gobierno libremente elegido por el pueblo? Indiferente al valor de la democracia (a la que desdeñaba como una "cuestión burguesa") el movimiento guerrillero, que integraban conspicuos miembros del actual gobierno, se alzó en la década del 60 contra las instituciones democráticas, alentado por una corriente ideológica de fuerte impronta totalitaria que soplaba desde Cuba.

Para peor, la guerrilla tupamara era vista con buenos ojos por otros colectivos a quienes también, en consecuencia, alcanza la responsabilidad de la caída institucional de 1973, como la Universidad de la República, parte de cuyas autoridades y cuerpo docente dio protección a cuanto estudiante con bombas en las manos se pavoneara por sus aulas. Y los sindicatos, cuya central, dominada por el Partido Comunista, llevó a grados de incandescencia la agitación callejera con postulados que nada tenían que ver con la defensa de los trabajadores y sí con la pretendida implantación de un régimen marxista.

También aquel Frente del 73, como colectivo político, tuvo su cuota de responsabilidad en el advenimiento del golpe, desde el momento en que una nutrida parte de sus componentes era afín a la acción antidemocrática de los tupamaros. Sin olvidar que casi toda la coalición había alentado a los propios militares, cuando en febrero de ese mismo año se entusiasmó con las primeras intentonas golpistas que tenían -en los comunicados 4 y 7- un tinte izquierdista.

Hoy, la mitad de los uruguayos vivos nació después de aquel aciago momento histórico. Y muchos de estos, como ya se ha advertido, tienen confusos aquellos hechos por la deliberada distorsión de la enseñanza oficial, que se ha encargado de crear alevosos enredos sobre los tiempos en que las episodios ocurrieron, de manera de hacer creer que la guerrilla se alzó después del golpe de Estado y no en plena democracia.

También hoy, a 39 años de aquel golpe, conviene que la ciudadanía esté alerta para no revivir sucesos que puedan desembocar en algo semejante. La historia enseña y de ella se aprende. No hay que dejar pasar sin denunciarse temerarias expresiones como las de la senadora Topolansky, de notoria influencia en este gobierno, pretendiendo que las FF. AA. sean leales exclusivas al Frente Amplio, o también, que una ley de contenidos de los medios esconda detrás de la presunta "protección a los ciudadanos" una clara intención por acallar denuncias, amordazando a la prensa. Las dictaduras no aparecen en forma instantánea, hay que estar alerta a sus primeros síntomas.