El Parlamento paraguayo, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 225 de la Constitución de su país sometió a juicio político al Presidente de la República y lo separó de su cargo acusado de mal desempeño de sus funciones y de la comisión de algunos delitos. La causa principal no está contemplada en todas las Constituciones, aunque sí en la paraguaya y está inspirada en el derecho anglosajón en la propuesta de Hamilton en 1787. Por otro lado el procedimiento establecido en el referido art. 225 requiere la acusación de la Cámara de Representantes por mayoría de dos tercios y la decisión de la Cámara de Senadores por dos tercios al solo efecto de separarlo del cargo. En ese sentido no puede haber observaciones al procedimiento porque así se procedió, aunque muchos reclamos se refieren a la ausencia del debido proceso de garantía mínima que cualquier acusado tiene para ejercer su defensa. Lo cierto es que todas las garantías se pusieron a disposición del ex Presidente Lugo, inclusive la posibilidad de defenderse por medio de sus representantes. Así se procedió por propia decisión y por la aceptación expresa que hizo pública de someterse al juicio político y a las consecuencias que ello podía deparar. Los plazos no previstos expresamente para el diligenciamiento del juicio político son administrados por las instituciones competentes en función de la situación que pueda vivirse en una sociedad que se ve expuesta a una resolución política tan importante. A pesar de que pueda invocarse que han sido muy cortos, ha quedado claro que los fijados se cumplieron y que por tanto, no se ha cometido ningún golpe de Estado, ni desde el Estado, ni con la participación de las Fuerzas Armadas y menos como producto de una sedición generalizada.

El tema a analizar, en todo caso, tiene que ver con la fortaleza o debilidad del sistema de partidos políticos en el Paraguay; pero eso es un ejercicio privativo de los paraguayos del modo que lo entiendan conveniente y en el momento que consideren adecuado.

Los Estados de la OEA, el Mercosur o la Unasur nada tienen que decir sobre dicho proceso interno; y si lo hacen, constituye una grave violación del principio de no intervención, patrimonio político y jurídico de las Naciones Unidas.

En realidad la reacción de los gobiernos populistas de América Latina responden a una suerte de corporativismo ideológico presidencial, que poco apego tiene a la soberanía popular, y menos aún, a la democracia representativa, a la que consideran una estructura burguesa con la que debe convivir a desgano.

El Paraguay no se merece este trato, ni jurídica ni políticamente, porque es un abuso inaceptable de los países más poderosos amparados en su asimetría para ejercer una tutela ética inaceptable.

Las amenazas han proliferado y hasta el Paraguay tuvo que soportar un turismo diplomático indescriptible con el desembarco de más de diez cancilleres que intentaron presionar al gobierno legítimo y torcer la decisión soberana del Parlamento paraguayo.

Entre los principales actores está el gobierno uruguayo a través de su canciller y del propio Presidente. El Presidente Mujica habla de un "golpe parlamentario" sin el menor fundamento, repitiendo la formula descalificatoria esbozada por el Presidente Chávez y los gobiernos de Argentina y Brasil. Estamos frente a un retroceso de nuestra política exterior que afecta nuestra dignidad nacional.

Una actitud obsecuente frente a la Argentina y al Brasil. Y lo que es peor aún, acompañando una presión indebida contra el Paraguay de dos países que han incumplido sus obligaciones en el Mercosur y que no conocen otra actitud que la insolidaridad con las economías menores del bloque regional.

Se habla además de sanciones de todo tipo al Paraguay, desde la suspensión en los órganos del Mercosur hasta represalias comerciales que van de la mano de la pérdida de todos los derechos que le corresponde como miembro pleno de lo poco que queda de ese esquema de integración. La democracia no es un sistema que se ajuste al capricho de los Estados más fuertes. Y menos cuando hasta el golpista Presidente de Venezuela retira la ayuda al pueblo paraguayo en un gesto totalitario propio del modelo político que quiere imponer en su país y en el resto de América respaldado por los recursos que obtiene del precio de su valioso "ungüento".

El gobierno uruguayo no puede cometer más errores.