El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) presentó su segundo informe Observatorio de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en el Uruguay. El primero fue publicado en el 2004, cuando nuestra sociedad apenas emergía de la profunda crisis económica. El dado a conocer en estos días, en contraste, pinta el panorama que existe luego de varios años de prosperidad económica y de significativa expansión del gasto público.

Una conclusión clave del estudio es que, aunque se ha conseguido reducir los niveles preocupantes de pobreza que predominaron durante la crisis del año 2002, no se ha tenido el mismo éxito cuando se trata de enfrentar las tendencias de largo plazo. El estudio advierte que "al examinar la trayectoria económica y social de las últimas tres décadas, se evidencia la acumulación de notorios déficits en relación con la equidad en la distribución de las oportunidades entre los niños y adolescentes".

Una de las causas de esos déficits, son los malos resultados del sistema de la enseñanza que, explica el estudio, "muestra resultados significativamente por debajo de lo esperable para el país". Ello, porque a pesar de "la expansión de la cobertura y a la centralidad que adquirió la educación en la agenda pública y en el presupuesto en los últimos años, no se advierten cambios significativos en los resultados ni modificaciones de trayectoria relevantes dirigidas a enfrentar los graves problemas del sistema".

El sistema de enseñanza es el instrumento más justo y más eficaz para construir una sociedad con igualdad de oportunidades y con más desarrollo económico y social. La evolución de la población del Uruguay, observa el informe, se caracteriza por dos grandes tendencias. La primera es una tasa de aumento del número de habitantes muy limitada: la población total apenas aumentó de 3,1 millones en el año 1996 a 3,2 millones en 2011. La segunda es una disminución del número de habitantes jóvenes (grupo de 0 a 17 años de edad), que pasó de 949 mil en el primer año a 877 mil en el segundo.

Las consecuencias del persistente envejecimiento de la población del Uruguay son muy importantes. Entre muchas otras incluyen, sostiene el informe, "el desafío de repensar, entre otras áreas de política pública, el sistema de protección social y, más específicamente, el sistema de seguridad social".

Pero, como si lo anterior no fuera lo suficientemente grave, las falencias del sistema de la enseñanza pública -que termina arrastrando consigo a la enseñanza privada- traen como consecuencia que sean desperdiciados los talentos, entusiasmo y capacidades de ese número cada vez más pequeño de jóvenes. Unicef observa que "una sociedad en la que paulatinamente disminuye la natalidad y decrece la población infantil-adolescente no puede permitirse desperdiciar las capacidades y potenciales talentos de esas nuevas generaciones". Cierto, pero eso es exactamente lo que hemos estado haciendo por décadas.

Además, el sistema de la enseñanza no solamente desperdicia el potencial que representan las nuevas generaciones sino, que, en lugar de propender a la igualdad de oportunidades preserva, o acentúa, la fragmentación social. Un fenómeno cada vez más evidente en el Uruguay. Un indicador de ese hecho es el promedio de años de escolaridad aprobados por jóvenes pertenecientes a los diferentes quintiles de ingreso. En 1992, el promedio de años de escolaridad aprobados en el caso del quintil más bajo fue de 7,4 años (algo más de primaria completa) y en el del quintil más alto de 12,8 años. En el 2008, fue de 7,9 años en el primer caso y de 13,1 años en el segundo. En un plazo de dos décadas, concluye el estudio, "ni la población más favorecida ni la más vulnerable presentan cambios significativos en su formación". ¿Qué mejor epitafio para un sistema de enseñanza fallido?

A todas esas conclusiones faltarían por agregar los aspectos cualitativos, los indicadores de la calidad de la enseñanza, mucho más difíciles de medir.

El informe de Unicef es un aporte valioso que suma a la serie de estudios aparecidos en los últimos años -incluyendo las pruebas PISA- que revelan el fracaso de nuestra sociedad en resolver los problemas estructurales de su sistema educativo.

¿No es ya hora de pasar de los diagnósticos a la acción?