1/2:  20121123 316x185 ()

2/2:  20121123 800x557 ()

Pobre, poco innovador, quita derechos de los trabajadores y violenta la libertad sindical. Así definió una delegación del Pit-Cnt y COFE al nuevo estatuto del funcionario público, que el Frente Amplio quiere aprobar antes de fin de año.

Pese a las contundentes críticas, los trabajadores manifestaron su intención de colaborar en la mejora del contenido del estatuto, que actualiza normas vigentes desde 1943.

Bastante antes de que este proyecto llegara al Parlamento, los trabajadores habían hecho un planteamiento ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reclamando un ámbito de negociación colectiva en el sector público al igual que ocurre en la relación laboral con los privados.

La médula del problema con esta propuesta del gobierno es la definición que el proyecto hace sobre el funcionario público. La definición "es absolutamente restrictiva", sostuvo el jueves 22 el dirigente de COFE José Lorenzo López ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. Para el gobierno los funcionarios públicos son solamente los presupuestados, mientras para COFE son todos aquellos vinculados al Estado, lo que incluye a los contratados.

Además, se discrepa en otros aspectos, según recordó López en la misma ocasión. "Con algunos de los planteos que hace el Poder Ejecutivo se está violentando la libertad sindical, sobre todo con aquellos por los que se da la potestad directa a un jerarca de sancionar con el doble de la cantidad de días que establece el estatuto que hoy está vigente", sostuvo.

De todas maneras, como lo dijeron públicamente, "debemos reiterar que este proyecto es pobre", porque "hace una recopilación de normas, algunas de ellas no innovan demasiado, la mayoría se modifican para quitar o cercenar derechos que tienen los trabajadores y, desde el punto de vista conceptual, tiene muchas falencias", disparó el integrante de COFE ante los legisladores, según consta en la versión taquigráfica de la sesión, a la que accedió El País.

BOLICHE. Cuando le tocó el turno de hablar al coordinador del Pit-Cnt Marcelo Abdala, no fue menos duro que López.

Abdala afirmó que cuando se refieren a las condiciones de trabajo no es que cuestionen la potestad disciplinaria de un jerarca.

Sin embargo, dijo que "al permitir que un jerarca pueda suspender sin más por diez días, por las dudas, para después hacer una investigación" el gobierno con este proyecto "se está pasando de rosca". Y aclaró que en la actividad privada, "muchas veces no permitimos ese tipo de situaciones".

"Para nosotros no es todo o nada; no es `se aprueba a tapa cerrada y chau`; tenemos una serie de contribuciones para hacer. Tenemos expectativas de que se pueda celebrar un acuerdo. Tal vez, con un poco de boliche, de cintura y de flexibilidad, estas cosas se puedan tener en cuenta en el debate parlamentario", precisó Abdala.

El diputado Pablo Abdala (Partido Nacional) consideró que las objeciones expuestas por los trabajadores "terminarían por desarticularlo", ante lo cual el diputado oficialista Doreen Ibarra, visiblemente molesto, respondió que "no es así".

INDIGNACIÓN. En un momento de la reunión, el asesor legal del Pit-Cnt, Mario Pomatta, hizo una serie de valoraciones sobre el proyecto y, además, sobre la actitud de los legisladores del Frente Amplio en cuanto a votar sin tolerar cambios. Esto elevó la tensión de la sesión y generó respuestas.

Pomatta consideró que "es poco creíble que, desde el gobierno, no se haya cuestionado el hecho de que esta norma vulnera la libertad sindical. Tiene un cangrejo bajo la piedra".

"Si ustedes están dispuestos a votar sin discutir ni considerar la opinión de los trabajadores para otros trabajadores a quienes se les determina sus condiciones de trabajo sin negociación colectiva, no digo que sea lo mismo, pero se parece mucho al concepto de obediencia debida tan malhadado y de tantos tristes recuerdos", afirmó.

Los diputados frenteamplistas Luis Puig y Alfredo Asti fueron contundentes en su respuesta a Pomatta.

"Se pueden tener diferencias o no; podemos coincidir o disentir en los planteos, pero me parece que de ninguna manera corresponde incorporar el tema de la obediencia debida acá", advirtió Puig.

Y Asti agregó que "una comparación con la obediencia debida nos afecta a todos como integrantes del Parlamento. La comparación de esto con este trámite, realmente, me indigna como uruguayo, más que como legislador", dijo.

Mientras los dirigentes del Pit-Cnt y los de COFE fueron críticos con el proyecto de Estatuto del Funcionario Público pero trataron de mostrarse en disposición a colaborar con los legisladores, el abogado de la central Mario Pomatta fue extremadamente duro. "Este proyecto vulnera derechos humanos fundamentales. El primero es el derecho humano a la negociación colectiva. El segundo es el derecho a la libertad sindical. No se nos permitió discutir el contenido del artículo en que se incluyen normas que violan el concepto irrestricto de libertad sindical. Por eso lo voy a resumir en una expresión que me sale del estómago: quien no respeta o vulnera una disposición con normas sobre derechos humanos fundamentales, no aplica esas disposiciones y las viola", dijo.