La justicia española condenó hoy a 11 años de inhabilitación al juez Baltasar Garzón, poniendo fin, con un caso de escuchas ilegales, a la carrera de un magistrado que osó investigar controvertidas cuestiones como los crímenes de la dictadura franquista.
El Tribunal Supremo español lo condenó a "11 años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado con pérdida definitiva del cargo que ostenta" por haber vulnerado el derecho a la defensa al ordenar la grabación de conversaciones en prisión entre abogados defensores y sus clientes.
Los detenidos eran presuntos cabecillas de una red corrupta, conocida en España como "trama Gürtel", que en 2009 salpicó a altos cargos regionales del Partido Popular, que ahora gobierna España.
Garzón ordenó las escuchas por sospechar que los abogados participaban en operaciones de blanqueo de dinero y aseguró durante su juicio, celebrado a mediados de enero, que siempre actuó "preservando el derecho a la defensa".
Esta condena significa de hecho el fin de la carrera del juez español, de 56 años, mundialmente conocido por la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 en Londres y suspendido de sus funciones en España desde mayo de 2010.
Sin posibilidad de recurrir ante la justicia española, el abogado de Garzón, Francisco Baena Bocanegra, anunció su intención de apelar a "las instancias que procedan", probablemente la justicia internacional.
"Seguiremos luchando en pro de la inocencia que hoy se nos ha negado", afirmó en declaraciones a la televisión pública española.
El Tribunal Supremo dejó visto para sentencia el miércoles otro juicio contra Garzón, acusado por dos grupos ultraderechistas españoles de haber querido investigar la suerte de más de 114.000 desaparecidos durante el franquismo pese a una ley de Amnistía de 1977.
La coincidencia de estos casos, y la existencia de un tercero para el que aún no se anunció juicio, llevaron a los partidarios del juez a denunciar una maniobra política contra un magistrado al que sus osadas investigaciones valieron más de un enemigo.
Incluso el fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas expresó el miércoles su sospecha de que las acciones judiciales contra Garzón se pueden deber más a su mediática personalidad que a sus acciones.
"No es un juez al uso, sino que a lo largo de las dos últimas décadas ha tenido un protagonismo a nivel nacional e internacional", afirmó al término del juicio contra el magistrado por investigar entre 2006 y 2008 crímenes de la Guerra Civil (1936-39) y la dictadura (1939-75).
"Si las resoluciones hubiesen sido dictadas por otros magistrados (...) ¿Hubiesen merecido la misma respuesta y el mismo reproche? No puedo dejar de albergar la duda", afirmó pidiendo la absolución del juez.
Una condena contra Garzón "lo convertirá en un mártir", había considerado por su parte Caroline Edelstam, de la fundación noruega de defensa de los derechos humanos Harald Edelstam, que junto a otras ONG como Amnistía Internacional y Human Rights Watch fueron observadores internacionales en este juicio.
De cabello cano, finas gafas y trajes impecables, este pionero de la "justicia universal" polariza a buena parte de la sociedad española entre partidarios y detractores.
Mientras los primeros defienden a capa y espada su dedicación, los segundos lo describen como una estrella, más preocupado por salir en los medios de comunicación que por el buen fundamento jurídico de sus instrucciones.
Además de haber investigado los crímenes de las dictaduras argentina (1976-1983) y chilena (1973-1990), logrando incluso enjuiciar al ex represor argentino Adolfo Scilingo -condenado en 2005 a 1.084 años de cárcel- Garzón logró grandes éxitos en 20 años de lucha contra la organización armada independentista vasca ETA.
Pero también investigó a los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), grupo secreto creado por el gobierno socialista en los años 80 para eliminar físicamente a miembros de ETA.
AFP