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El jefe de la Gendarmería Nacional argentina, comandante general Héctor Schenone, habría reconocido ante la Justicia la existencia de una unidad especial en la fuerza que realiza tareas de inteligencia sobre dirigentes políticos y sociales.

Según se difundió en la noche del miércoles en el programa A dos voces, que se emite por el canal TN, el titular de la fuerza mencionó la puesta en marcha de una operación, conocida como "Proyecto X", que comprendería la inclusión de agentes infiltrados en las protestas sociales para obtener información de sus líderes.

La denuncia, avalada por organizaciones sociales y dirigentes políticos de la oposición, se conoció en medio del fuerte reclamo de sectores políticos y gremiales para exigir la derogación de la ley antiterrorista, impulsada por el gobierno "K" y sancionada a fines de 2011.

Schenone habló sobre el funcionamiento de esta división en una nota, de cuatro carillas, enviada el 22 de diciembre del año pasado al juzgado federal de Norberto Oyarbide -un juez vinculado al kirchnerismo-, en una causa relacionada con protestas contra la empresa Kraft.

Un grupo de delegados gremiales y activistas de derechos humanos ya se había presentado en noviembre ante el juez Oyarbide para denunciar penalmente que "en diversas manifestaciones y reclamos gremiales o sindicales se ha identificado trabajo de inteligencia ilegal por parte de la Gendarmería Nacional".

Al justificar la realización de las tareas de inteligencia, el titular de Gendarmería explicó que se llevan adelante como parte de acciones adicionales a investigaciones judiciales, que no precisó.

Salvo que estén ordenadas por la Justicia, las acciones de espionaje interno están prohibidas expresamente en la Ley de Seguridad Interior y en la Ley de Inteligencia Nacional en Argentina.

El objetivo del llamado Proyecto X sería obtener información personal, movimientos bancarios, hábitos, creencias y direcciones de líderes de movimientos políticos y sociales. Se recabarían, así, datos sobre recursos financieros y bancarios (movimientos en las cajas de ahorro, plazos fijos, cheques y tarjetas de crédito) y detalles de índole privada, como si la persona fuma o bebe alcohol.

También se difundió un video que denuncia la infiltración de agentes de la Gendarmería en protestas sociales para hacer inteligencia e identificar a cabecillas de las manifestaciones.

La causa judicial en la que Schenone habló del programa de inteligencia lleva el nombre de Darío Javier Hermosilla, quien fue delegado sindical y formó parte de las protestas contra la empresa Kraft, que incluyeron cortes en la Ruta Panamericana, a partir de 2007.

Acusación. El abogado Marcelo Parrilli, del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), atribuyó responsabilidades políticas al gobierno. "No podemos pensar que esto es una creación de la Gendarmería. Los jueces tienen que investigar", reclamó al apuntar, principalmente, a los ministros de Seguridad, Nilda Garré; de Defensa, Arturo Puricelli, y del Interior, Florencio Randazzo.

La exdiputada Fernanda Gil Lozano, de la Coalición Cívica, recordó que el año último presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para recabar información sobre tareas de inteligencia militar.

"¿Qué diferencias hay con lo que hacía (el excapitán de la fragata de la armada argentina, Alfredo) Astiz?", se preguntó Gil. Apodado el ángel rubio o el ángel de la muerte, y acusado de varios delitos de lesa humanidad, Astiz se infiltró en las organizaciones de derechos humanos como espía durante la última dictadura militar.

Medida. Diputados opositores resolvieron presentar un pedido "de urgencia" a Garré, para que se presente en la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara a declarar sobre el los casos de espionaje.

Según los diputados opositores, "Gendarmería Nacional está construyendo una base de Inteligencia Criminal".

"Es necesario" contar con bases de inteligencia criminal como herramienta para combatir la inseguridad, el narcotráfico y la delincuencia. Sin embargo, "lo que no se puede es utilizar" esto "en una maquina de espiar o de clasificar a organizaciones políticas o sociales", precisaron.

Señalaron que para ellos el Proyecto X es "una base de datos que nutre a la justicia de información sobre organizaciones criminales" y, si no está protegida, se convierte en un instrumento "peligroso".

El gobierno porteño advirtió que sería "terrible" que la Gendarmería Nacional haya confeccionado una base de datos ilegal sobre dirigentes sociales y políticos, y reclamó a la Justicia que "investigue a fondo" si efectivamente se confeccionó. Así lo indicó ayer el jefe de gabinete de la comuna metropolitana, Horacio Rodríguez Larreta, que aseguró que, el Proyecto X de inteligencia de Gendarmería "es volver a la Argentina de las peores épocas".

Y agregó: "Si se comprueba, es terrible. Que se investigue a cualquiera es un desastre, sean líderes sociales o de la oposición. No podemos tener la duda de si están pasando o no. Si se confirma, sería una pésima noticia. Hay que identificar a los responsables: quién lo pidió esto, quién lo mandó".

El gobierno porteño también enfrentó en 2010 un escándalo por espionaje cuando varios miembros de la Policía fueron procesado por escuchas.

25.520 Es la Ley de Inteligencia argentina que prohíbe las tareas de espionaje, salvo que exista una orden de la Justicia que lo habilite.

La ley de inteligencia, número 25.520, contiene un artículo que expresamente prohíbe que se realicen tareas de inteligencia a personas por el solo hecho de ser miembros de partidos políticos, asociaciones sindicales o grupos sociales.

Esto habría sido violado por la Gendarmería nacional, tras admitir que realizó tareas de espionaje y la inclusión de agentes infiltrados para tener información de líder opositores.

La ley fue sancionada en 2001, cuando los grupos piqueteros estaban en su apogeo. Por eso, se incluyó una prohibición clara y expresa.

La ley permite realizar operaciones de inteligencia, pero para prevenir o perseguir delitos y, en estos casos, se debe actuar con autorización judicial.

Sin embargo, la norma es clara en cuanto prohíbe las tareas de inteligencia sobre personas que participan en organizaciones sociales o políticas, "por el solo hecho" de esa pertenencia, es decir, mientras no cometan un delito. La Nación/GDA