1/1:  20120314 800x476 ()

América Latina vive uno de los debates más importantes de su historia: el del futuro de sus ejércitos. El asunto cobró especial relevancia por dos motivos, porque se considera improbable una guerra y por la creciente amenaza del narcotráfico.

México, Honduras y Guatemala lanzaron a sus Fuerzas Armadas en la lucha contra los narcos, en línea con lo que Colombia y Perú llevan haciendo desde hace años. Brasil utiliza a los militares para desalojar las favelas y reventar huelgas de policías, y Argentina hace tiempo que encargó a un cuerpo paramilitar tareas de seguridad en la provincia de Buenos Aires.

La discusión sobre el papel de las Fuerzas Armadas no concierne solo a América Latina, sino también a los países desarrollados. En la cumbre sobre terrorismo celebrada en Madrid en marzo de 2005 se acordaron una serie de supuestos en los que emplear a militares contra amenazas criminales: cuando las fuerzas de seguridad se vieran desbordadas por una amenaza, para impermeabilizar las fronteras, en cooperación con fuerzas extranjeras, y cuando la amenaza se halle amparada en territorios de otros países que sean incapaces de actuar por sí mismos. El apoyo al primero de estos supuestos ha crecido considerablemente en los países latinoamericanos, aunque con las reservas propias de una región donde la imagen de las Fuerzas Armadas aún se asocia a la represión de los años setenta y ochenta, y donde la última amenaza de guerra (Venezuela-Colombia) y el último golpe de Estado (Honduras) se produjeron hace menos de cuatro años.

"Los ejércitos son para la guerra. El combate del crimen y en especial la lucha contra el narcotráfico requieren una preparación y tecnología que no tienen. Involucrar al Ejército en la lucha contra la droga requiere cambios doctrinales, filosóficos y de la misión militar", explica Hernán Castillo, experto en defensa de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. "Dicho esto, creo que, cuando el crimen organizado se combina con grupos irregulares armados, sí deben involucrarse los ejércitos. Hay que ser flexible en el empleo de los recursos a disposición de cada Estado para derrotar, minimizar y reducir el daño que pueda ocasionarle el narco a la sociedad".

DEPENDE. La diferencia entre la lucha contra el crimen urbano y rural es algo en lo que la mayoría de los expertos hace especial hincapié. Todos justifican la intervención militar en áreas rurales y muy pocos en la urbana. "Colombia ha sufrido la mayor acción combinada de operaciones ilegales fruto del narcotráfico y tras 47 años de lucha contra grupos terroristas nos ha quedado claro que el negocio del narco supera la capacidad de contención de la policía. La actividad criminal en áreas alejadas de los centros urbanos y a lo largo de unas fronteras altamente permeables, donde la presencia del Estado siempre ha sido escasa, ha permitido el crecimiento acelerado del negocio del narcotráfico. En países como Colombia y Perú es imposible combatir el crimen sin involucrar a las Fuerzas Armadas", dice el coronel retirado del espionaje militar colombiano Michel Martínez.

"La participación del Ejército mexicano, a pesar de los éxitos que han tenido en la lucha contra el narcotráfico, se presenta como improvisada. Los mexicanos no parecen tener una estrategia clara y un plan a largo plazo. Hasta ahora, por una parte las operaciones han estado centradas en la utilización de la inteligencia militar y el espionaje. Y, por otra parte, el objetivo principal parece ser el de golpear al más alto nivel a los jefes, a la cabeza de las organizaciones, mucho más que la desarticulación de las estructuras, conexiones y procedimientos" del narco, añade Martínez. "Toda esa lucha en sus fases iniciales le corresponde a las fuerzas policiales, pero el Estado mexicano decidió comenzar el combate con los recursos militares, a pesar de que la guerra es sobre todo urbana".

En noviembre de 2010, durante la conferencia de ministros de Defensa de los países americanos se consagró el principio de transparencia del gasto militar y el uso de las Fuerzas Armadas en caso de catástrofes humanas y naturales; y se impulsó la participación en misiones de paz. La delimitación de los temas de seguridad y defensa se dejó para más adelante. Sin embargo, Brasil sí ha establecido en su plan de defensa para los próximos 20 años la utilización del Ejército para atajar las amenazas internas que desborden a la policía. El brasileño Eliézer Rizzo de Oliveira, autor de libros sobre defensa y democracia y profesor de la Universidad de Campinas, cree que las operaciones militares contra el crimen deben estar muy vigiladas por el poder civil y deben contar con observadores de Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos. Además, sostiene que los futuros mandos de las Fuerzas Armadas deben también tener una formación cívico-militar más equilibrada.

Son los miles de soldados que son miembros activos del ejército de Brasil; además de estos, unos 1.740.000 conforman la reserva.

Es el número de efectivos que forman parte de la policía de Buenos Aires (capital), gobernada por el opositor Mauricio Macri.