La trata de personas, en especial de niñas para la explotación sexual, está creciendo en Uruguay. El gobierno ratificó leyes internacionales que ayudan a combatir el flagelo, pero "falta mucho trabajo en la aplicación de estas leyes", dijo Joy Ngozi Ezeilo, relatora especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre trata de personas, especialmente de mujeres y niños, quien visitó Uruguay en septiembre de 2010.

En su visita recorrió varios departamentos y se entrevistó con autoridades uruguayas para determinar la situación de la trata de personas en Uruguay.

La relatora especial observó también varios problemas que el gobierno uruguayo debería afrontar para combatir eficazmente la trata de personas y proteger los derechos humanos de las víctimas. Entre estas dificultades se incluyen "la falta de datos completos sobre las tendencias de la trata de personas, la escasa coordinación de las actividades de lucha contra la trata, la falta de mecanismos de detección y remisión de las víctimas y la insuficiencia de instalaciones y servicios destinados específicamente a proporcionar asistencia directa a las víctimas", según la relatora especial de la ONU.

Esto último ha sido contemplado por el gobierno uruguayo a través de los dos servicios piloto de atención a las víctimas de trata. Son financiados por la Unión Europea, pero en agosto de este año termina ese apoyo económico. El gobierno pretende continuar con ellos mediante la financiación estatal, informó Beatriz Ramírez, directora del Instituto Nacional de las Mujeres.

El INAU implementará dos equipos itinerantes para el interior (están en Montevideo y viajan al interior para atender la situación y formar a equipos locales) y continuará el equipo actual en Montevideo, informó Sergio Pereira, representante de INAU en el tema de explotación sexual y trata.