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Primero fueron por los fondos de jubilaciones. Después fueron por las reservas del Banco Central. Durante años, los argentinos se preguntaron cual sería el siguiente fondo que arrebatarían Cristina Fernández y su gobierno para saciar su apetito.

El 16 de abril, tuvieron la respuesta cuando ella anunció que enviaría un proyecto de ley al Congreso para nacionalizar el 51% de YPF, la exempresa petrolera estatal. Solo apuntará a las acciones que Repsol de España compró en 1999, seis años después que YPF fue privatizada. "Somos el único país en América Latina, y diría que en el mundo, que no controla sus recursos naturales", declaró la presidenta.

La energía ha sido durante mucho tiempo el punto débil de Fernández. Cuando Néstor Kirchner, su fallecido marido, asumió la presidencia en 2003, Argentina era neto exportador de energía. Pero, a medida que los viejos campos de gas se agotaron y la economía creció, el país sufrió una escasez energética. Ahora, usa 15% más hidrocaburos de los que produce.

El gobierno culpó de sus males a Repsol, acusando a la empresa de llevarse las ganancias en lugar de reinvertirlas. Hay cierta verdad en eso. Si bien YPF invirtió US$ 11.000 millones en Argentina desde 2006 mientras repartió US$ 3.500 millones en dividendos, la mayor parte fue para robustecer los campos existentes más que para la exploración.

Pero, YPF cita dos motivos por los que tuvo que pagar más dinero, en lugar de gastarlo en perforaciones. La primera es que en 2007, el gobierno tramó un esquema por el cual Enrique Eskenazi, un propietario de banco que previamente había tenido trato con Kirchner, compraría una participación del 15% en YPF (después fue incrementada al 25%). Debido a que puso poco dinero en efectivo, la empresa y un grupo de bancos le prestaron el dinero. Entonces, YPF acordó repartir en dividendos el 90% de sus ganancias siguientes, para que él pudiera pagar.

El otro motivo va más allá de YPF, que representa solo el 45% de los hidrocarburos de Argentina. A medida que la economía se desplomó hacia el colapso a fines de los `90, el gobierno comenzó a congelar los precios de la energía. Después de una fuerte devaluación de la moneda, el nuevo gobierno fijó los precios en pesos argentinos y luego los incrementó a velocidad de caracol. Como resultado, el gas natural en Argentina es entre 75% y 80% más barato que en sus vecinos y la electricidad es 70% más barata. El gobierno también comenzó a aplicar impuestos a las exportaciones de petróleo.

Como podía preverse, los topes de precios condujeron a la escasez. No solo se terminó la inversión, sino también los argentinos comenzaron a consumir mucho menos energía de lo necesario. En ocasiones, el gobierno ha aplicado el racionamiento, por ejemplo, obligando a las empresas y comercios a apagar las luces temprano. Pero, principalmente cerró la brecha mediante costosas importaciones de combustibles. Esas compras -se espera que superen los US$ 10.000 millones este año- han eliminado los excedentes comercial y fiscal que fueron llamados con frecuencia "las anclas" de la estrategia económica de los Kirchner. Eso ha debilitado el peso argentino y limitado el gasto de Fernández en donaciones e infraestructura, que ella necesita para asegurar la lealtad de gobernadores y alcaldes inestables.

La mayoría de los gobiernos que enfrentan escasez de efectivo, lo buscan en los mercados de deuda. Sin embargo, Argentina no ha podido obtener financiamiento en los mercados durante año, debido a que los inversores reclaman tasas de interés punitivas y porque todavía esta enfrascada en batallas legales con los remanentes de su cesación de pagos de 2001. Como consecuencia, tuvo que buscar financiamiento interno.

A mediados de los años 2000, Kirchner llenó el tesoro con los impuestos a las exportaciones de soja. Pero, cuando su esposa intentó aumentarlos nuevamente en 2008, los productores agrícolas hicieron una rebelión política y ella tuvo que dar marcha atrás. Desde entonces, ella ha buscado soluciones temporarias para mantener el flujo de dinero.

EN CAÍDA. Dos años después, la presidenta argentina comenzó a pagar la deuda con las reservas del Banco Central. Eso fue suficiente para que conquistara la reelección.

Sin embargo, en 2012, el crecimiento de Argentina se enlenteció. Para abordar el efecto del sector energético en la balanza comercial, el gobierno ha restringido las importaciones de numerosos otros productos y ha hecho más difícil a los ciudadanos el cambio de pesos por dólares. Todo esto ha reducido la popularidad de la presidenta Fernández: su tasa de aprobación cayó del 70% en diciembre a 50% este mes.

Repsol tenía la esperanza de que Eskenazi fuera un escudo contra la agresión del gobierno. Sin embargo, desde que Kirchner falleció en 2010, la presidenta Fernández ha marginado a los "pingüinos" -como se les conoció a sus asociados de su Patagonia natal-, en favor de intelectuales izquierdistas más jóvenes de "La Cámpora", un grupo político liderado por su hijo Máximo. (Uno de ellos, Axel Kicillof, es subsecretario de Economía y ahora también dirige YPF). Quedó demostrado que Eskenazi podía ofrecer poca protección, aunque la presidenta Fernández le permitió que mantuviera sus acciones. Repsol también le ofreció una participación a Sinopec de China, que ya había invertido en sus activos brasileños y, según se comentó, hizo una oferta. Pero, esta vez no pudo consumar un acuerdo. La propia presidenta Fernández ahora podría intentar atraer a los chinos, aunque tienen amplios motivos para ser recelosos.

Tomar el control de YPF ofrece a la presidenta Fernández beneficios financieros y políticos. Ella puede desviar las ganancias anuales de US$ 1.300 millones, recargar a sus accionistas minoritarios con el 49% de las pérdidas generadas por las importaciones energéticas, colmarla de empleos de favor y elegir sus abastecedores. Ella puede tener visiones de un auge petrolero alimentado por los recientes hallazgos enormes de shale oil (petróleo no convencional) y gas. Y, al igual que las Islas Falkland (para Argentina las Malvinas), YPF es visto como un símbolo de soberanía nacional. Seguramente, los argentinos se unirán en torno a esta causa y se espera que el proyecto de ley resulte aprobado por abrumadora mayoría en el Congreso.

RIESGOS. Los costos de la decisión son más difíciles de calcular, debido a que la presidenta Fernández ya había pagado muchos de ellos con antelación. El precio de asegurar los bonos argentinos contra la cesación de pagos llegó a un pico, pero el país ya estaba excluido de los mercados de deuda. Los campos de shale que requieren para su desarrollo una tecnología especial y una inversión anual superior a los US$ 5.000 millones, quedarán inactivos como ha ocurrido desde su descubrimiento. La producción de YPF podría caer a medida que sufre las consecuencias de una toma hostil y los empleados capacitados se alejan. Daniel Montamat, un exsecretario de Energía, pronostica que la expropiación incrementará el déficit comercial energético de Argentina en 2012 de unos US$ 5.500 millones a US$ 75.000 millones. Pero, es difícil distinguir ese efecto de la más amplia declinación de ese sector.

El mayor riesgo inmediato que enfrenta Argentina son las represalias del exterior. El ministro español de Asuntos Europeos, Iñigo Méndez de Vigo, advirtió que Argentina podría convertirse en "un paria internacional", en tanto la Comisión Europea canceló un encuentro programado con autoridades argentinas. La presidenta Fernández apostaba a que las amenazas fueran huecas, pero el viernes ya se comenzaron a ver las primeras consecuencias.

El gobierno español anunció ese día que limitará la importación de biodiésel argentino en señal de protesta por la intención de Buenos Aires de expropiar el 51% de YPF.

El gobierno de Mariano Rajoy una "orden ministerial del biodiésel" por la cual se privilegiará la producción de las plantas de refinado de biocarburantes situadas "en territorio español o comunitario", anunció la número dos del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al término del consejo de ministros.

Según informó el diario La Nación de Argentina el mismo día que se anunciaron las sanciones, la medida 990 millones de dólares. Por su parte, otros países de la comunidad europea se verían beneficiados.

En tanto, el Parlamento Europeo condenó el viernes la decisión argentina de nacionalizar y expropiar la petrolera controlada por Repsol, y exigió que la Unión Europea adopte medidas punitivas contra Buenos Aires en la Organización Mundial de Comercio.

Agregó que la UE debe considerar "una posible suspensión parcial de las preferencias arancelarias unilaterales" para castigar al país sudamericano.

Con el apoyo abrumador en una votación no vinculante efectuada, la legislatura europea mostró su desagrado a la decisión de Buenos Aire de volver a nacionalizar YPF.

Una sanción de estas características le podría costar a Buenos Aires otra pérdida de nada menos que 3.100 millones de dólares anuales.

Kicillof, en tanto, se ha mofado de los US$ 10.500 millones que Repsol reclama como compensación. (Un tribunal local decidirá lo que el país ofrecerá). Se espera que la empresa lleve a Argentina al arbitraje internacional. Pero, ese tipo de caso, se extiende por años y Argentina tiene una historia de no pagar los laudos que le son contrarios. Las normas de la Organización Mundial de Comercio impiden a España la imposición unilateral de sanciones comerciales. "Si vieran que no hay represalias, esto será solo el comienzo de la historia", dijo Fernando Navajas, de FIEL. "Habrá muchos más YPF".

Es el porcentaje de las acciones de Repsol en YPF que quedarán en manos de Argentina, según el proyecto de Cristina Fernández.

Es el número de senadores, mucho de ellos opositores, que votarán a favor de la estatización. 72 personas forman la cámara.

De las acciones que Argentina anunció se expropiarán a la petrolera Repsol (51%), un 51% será para el gobierno y 49% para las provincias. Repsol tenía hasta ahora el 57%. El grupo de la familia argentina Eskenazi, que tiene un 25%, conservará todas sus acciones. El otro 17% se negocia en los mercados bursátiles. Repsol pidió 10.500 millones de dólares al Estado argentino, que ya dijo que no pagará ese monto.

"Mi voto no es positivo. Mi voto es en contra". Con esas palabras, el por entonces vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, puso fin en 2008 (durante el primer mandato de Cristina Fernández) a un conflicto que tuvo en vilo al campo y al gobierno por un proyecto oficial de retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias que generó cortes de rutas, cacerolazos y manifestaciones, a favor y en contra de la medida. Desde ese entonces, y hasta que dejó el cargo el año pasado, Cobos no pudo reconciliarse con el gobierno.

En julio de 2008, la jefa de Estado anunció la reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral luego de haber acordado con el grupo español Marsans, excontrolante de ambas compañías, el traspaso del 100% de las acciones. Cristina Fernández envió un proyecto al Congreso, en donde fue aprobado por ambas cámaras.

En noviembre de 2008, el kirchnerismo logró la sanción en el Congreso de la reforma del sistema previsional. La ley, impulsada por el Poder Ejecutivo, implicó la desaparición de la jubilación privada y las AFJP, y la transferencia de 13.000 millones de dólares al gobierno.

En agosto de 2009, luego de la ruptura del contrato de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) con la empresa TSC (del Grupo Clarín), el Estado intervino en la televisación de los partidos de la primera división a través de una sociedad con la institución que preside Julio Grondona, y con una inversión de 100 millones de dólares anuales.

En octubre de 2009, fue sancionada la ley de servicios de Comunicación Audiovisual. Entre otras medidas, el proyecto oficialista busca que las empresas de radio y televisión por cable y por aire se desprendan de las licencias que superen un límite establecido por la nueva norma (el principal afectado sería el Grupo Clarín).

En diciembre, el kirchnerismo logró en el Congreso declarar de interés público la fabricación y comercialización del papel para diarios.

Tras las elecciones del año pasado, el kirchnerismo impulsó la aprobación de esta ley. Los críticos sostienen que la norma criminaliza la protesta social.

(LA NACIÓN/GDA)