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Los militares controlarán ingresos en las cárceles

Crisis carcelaria. El gobierno pondrá en marcha una ley de diciembre de 2010 que aún no se había aplicado. El presidente habló de las "fallas humanas" que permiten el ingreso de armas y droga

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Un año y cuatro meses después de su aprobación en el Parlamento, el gobierno anunció ayer jueves que pondrá en marcha la ley que otorga a los militares el control de todo lo que ingresa y sale de las cárceles.

La ley 18.717 fue aprobada en diciembre de 2010 a propuesta del presidente José Mujica y el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, a fin de atender la "emergencia carcelaria existente", que ya por entonces presentaba "rasgos críticos", según la exposición de motivos del proyecto enviado a la Asamblea General dos meses antes.

El gobierno esperaba superar esa emergencia carcelaria en dos años.

Tal es así que el primer artículo de la ley faculta al Poder Ejecutivo, hasta el 31 de diciembre de 2012 (prorrogable por única vez hasta el 1° de julio de 2013), a encomendarle a los militares "el cumplimiento de funciones transitorias de guardia perimetral" en las cárceles, penitenciarías y centros de recuperación dependientes del Ministerio del Interior. El artículo segundo encomienda a los militares "el control de acceso y egreso, revisación e inspección de personal, vehículos y objetos que ingresen" a las cárceles. Y agrega: "el personal policial no quedará exento del control".

Ayer, en su audición en M24, el presidente Mujica hizo referencia a las "fallas humanas" en las puertas de entrada de las cárceles. Mujica dijo que Eduardo Brasil, que el viernes 20 disparó contra dos guardia cárceles del Penal de Libertad -hecho que fue la chispa que desembocó en el motín de la madrugada del miércoles 25 en el Comcar-, "quería morir matando y lo logró, porque estaba armado con una pistola 9 milímetros. Y esto es lamentable, porque esa pistola no la pudo haber entrado el Espíritu Santo". "Esa pistola, seguramente, como otras armas que han aparecido, entra por la puerta. Y entran por la puerta porque en definitiva sólo claudicaciones, fallas humanas en un colectivo explican estas cuestiones", agregó el presidente.

"Si entra droga y entran armas, sencillamente, eso pasa por la puerta, y si pasa por la puerta tenemos que tener la máxima seguridad", subrayó Mujica al anunciar su decisión de aplicar la ley aprobada en diciembre de 2010.

¿Por qué no se cumplió antes con esta ley? "Porque, en definitiva, el personal militar pide seguridad; porque han aparecido nuevas cosas en la sociedad uruguaya. Cosas que no existían; por ejemplo: el ajuste de cuentas es un delito nuevo que ha venido de la mano de la droga", fue la respuesta que dio.

Ayer el gobierno anunció las medidas de seguridad para el personal militar que controlará las cárceles. (Ver página A6).

Para Mujica, el efectivo control de las puertas en las cárceles es clave para combatir el tráfico de armas y drogas entre presos. "Si no tenemos seguridad en la puerta, no la tendremos en ningún lado. Y con esto creemos que podemos colaborar con los buenos policías, que son la mayoría. No tiene por qué cargar la mayoría de los policías con la fallas de alguno, que escudándose en el anonimato utiliza su trabajo para traficar en el mundo de las cárceles", sostuvo.

Los militares que se encargarán de esta función recibirán una partida salarial adicional equivalente al 50% del sueldo nominal que perciben.

Cuando el Poder Ejecutivo envió el proyecto, en su exposición de motivos reconocía una situación crítica en las cárceles. La atribuía al hacinamiento que "ha incrementado los niveles de violencia intracarcelaria"; a la carencia endémica de recursos humanos que "afecta el control adecuado de los reclusos" y "expone al riesgo de desbordes"; y al debilitamiento de las condiciones de seguridad, que "opera de caldo de cultivo" para "delitos de igual o superior gravedad a los que se cometen afuera" de las cárceles.

"El Poder Ejecutivo considera del caso resaltar, en el marco de las responsabilidades constitucionales que tiene asignadas en materia de seguridad pública y de respeto y garantía de los derechos humanos básicos, que las circunstancias por las que atraviesa el sistema carcelario, imponen la búsqueda de soluciones en dos niveles: el de la emergencia y de los cambios sustantivos. En el primer nivel, está la emergencia, visible y palpable, y para hacer frente a ella, resulta imperioso adoptar decisiones que puedan ser implementadas en breves períodos de tiempo", decía en 2010.

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