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El comisionado parlamentario para el sistema carcelario Álvaro Garcé entregará en estas horas su informe sobre los motines y la situación carcelaria en general. Se viene ahora la negociación para interpelar al ministro Eduardo Bonomi.

Los motines que causaron la crisis carcelaria desatada el 20 de abril dejaron 550 plazas destruidas, 500 en el Compen y 50 en el Centro Metropolitano Femenino de Rehabilitación. La destrucción de los módulos 4 y 5 del Complejo penitenciario de Santiago Vázquez dejó a un total de 1.294 reclusos sin techo ni cama. Entre el jueves 26 y el jueves 3 de mayo, un total de 635 presos fueron realojados: 260 fueron a parar al penal de Libertad, 194 al establecimiento de Punta de Rieles, 120 a Rivera, otros 34 a La Tablada, y 27 fueron al centro La Colonia, cerca del penal de Libertad.

Este es el resultado en números de los incidentes en los centros penitenciarios, lo que formará parte del informe que el comisionado Garcé presentará entre hoy y mañana a las autoridades. Pero, además de esto, habrá una serie de valoraciones sobre la acción de los responsables del sistema, la justicia y los efectivos policiales.

El contenido del informe de Garcé tendrá, además de los enfoques técnicos, consecuencias en lo político, dado que en estos días también se deberá determinar la fecha de la interpelación del diputado José Carlos Cardoso (Unidad Nacional) al ministro Bonomi.

El contenido del informe del comisionado es esperado con ansias por la bancada del Frente Amplio quien a partir de las valoraciones que haga el jerarca trazará la estrategia a seguir con respecto a la interpelación, dijeron a El País fuentes políticas del oficialismo.

LA FECHA. Así, habrá una reunión de bancada entre hoy lunes y mañana martes para acordar con el ministro Bonomi, luego de lo cual se le informará a la oposición y se fijará la fecha de la sesión.

La oposición quiere que la instancia sea esta misma semana dado que hay un problema de fechas porque la semana próxima está fijada otra interpelación, la que hará la diputada de Unidad Nacional Ana Lía Piñeyrúa al ministro de Desarrollo Social (Mides) Daniel Olesker.

Con el apoyo confirmado de antemano del resto del Partido Nacional, de todo el Partido Colorado y del Partido Independiente, el diputado Cardoso planteó la semana pasada la interpelación al ministro Bonomi por la situación de crisis carcelaria.

Bonomi quiso anticiparse a la instancia concurriendo el jueves 3 a informar a la comisión bicameral de seguimiento del sistema carcelario, pero la oposición insistió en llevarlo a sala porque se considera que es un ámbito de mayor jerarquía y exposición.

En la polémica desatada por el propio Bonomi, Cardoso defendió al comisionado Garcé. "Es el único que tiene un curriculum profesional. Bonomi no sabe nada, sólo sabe de cárceles porque estuvo preso. Por eso cree que sabe. (El destituido exdirector del sistema, Alcides) Caballero fue el jefe de la cárcel de Rocha cuando se murieron 12 presos. Salvo Garcé, el resto son improvisados", afirmó el legislador de Unidad Nacional.

La bancada del Frente Amplio en Diputados se reunió la semana pasada y cuestionó duramente la propuesta de interpelación al ministro, diciendo que sería una instancia poco fructífera.

El gobierno también reaccionó. No sólo se confirmó al ministro en el cargo, sino que el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, manifestó que la interpelación no tendrá efectos positivos para la situación.

El motín del Comcar destruyó casi en su totalidad los módulos 4 y 5 del establecimiento, por lo cual hay cientos de reclusos que hace una semana que están prácticamente a la intemperie. De acuerdo con un relevamiento efectuado por los arquitectos del Ministerio del Interior, la reparación tendrá un costo de entre US$ 5 millones y US$ 7 millones.

Luego del amotinamiento del domingo 29 en el Centro Metropolitano Femenino de Rehabilitación, en la zona de Colón, en el que participaron 90 de las 370 reclusas allí alojadas, surgió una polémica pública por la participación del comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcé. En particular se discutió en forma pública si los cometidos de su función incluyen el carácter de negociador con los reclusos amotinados, lo cual dio lugar a diferentes interpretaciones en el ámbito político. El 28 de agosto de 2003 se aprobó por unanimidad la ley 17.684, que crea la función del comisionado parlamentario del sistema carcelario y que a la misma vez establece cuáles serán sus tareas. El artículo 1° las define claramente: el comisionado tendrá "el cometido principal de asesorar al Poder Legislativo en su función de control del cumplimiento de la normativa constitucional, legal y reglamentaria vigente, y de los convenios internacionales ratificados por la República referidos a la situación de las personas privadas de libertad en virtud de proceso judicial. Igualmente le competerá la supervisión de la actividad de los organismos encargados de la administración de los establecimientos carcelarios y de la reinserción social del recluso o liberado".