La senadora oficialista Lucía Topolansky propuso "hacer un trabajo en las cabezas" de los miembros de las Fuerzas Armadas, para ponerlos del lado del Frente Amplio. Topolansky fue aún más lejos y aseguró que le resultaría suficiente para tales fines contar con "un tercio de la oficialidad" y "la mitad de la tropa".

Para entreverar más la baraja, la líder del Espacio 609 recordó que el comandante en jefe del Ejército, Pedro Aguerre, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Daniel Castellá, son familiares de militares que fueron presos políticos de la dictadura.

El ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, salió al cruce de los dichos de Topolansky asegurando que "no comparte los conceptos" y reafirmando que los proyectos de estudio de los oficiales militares son homologados por el Parlamento. Aunque las declaraciones de la senadora oficialista no encontraron el apoyo de casi nadie, lo dicho, dicho está.

Al ser Uruguay una República y no una barra de café, sus ciudadanos deben ajustar su conducta a lo que establece la Constitución y las leyes, especialmente los parlamentarios. En su Artículo 58, la Carta Magna establece que "los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política". En el caso específico de los militares en actividad, el Artículo 77 los obliga, "cualquiera sea su grado" a abstenerse "bajo pena de destitución… de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de Partido" y en general, de "ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto".

El desparpajo de la senadora fue seguido de tímidas justificaciones por parte de algunos compañeros de sector, basadas en las notorias vinculaciones del pasado entre gobernantes y oficiales militares. Pero lo que antes era motivo de censura y escándalo, ahora se utiliza como razón de Estado.

Como queda claro, la tesis de la senadora Topolansky es flagrantemente inconstitucional, en texto y espíritu, aunque ambos asuntos no sean de idéntica consideración y procedimiento. Mientras que el texto constitucional cuenta con mecanismos de modificación claramente establecidos y más o menos rigurosos, las cuestiones del espíritu, como las ideas y las concepciones institucionales, pueden moverse con mayor libertad.

¿Estamos ante un proceso de transformación ideológica, en el que algunos representantes de la izquierda fueron abandonando sus concepciones civilistas a favor de otras de corte militarista "a la latinoamericana"? ¿Estamos ante un nuevo tema para la agenda de una hipotética reforma constitucional, alentada en su momento por la propia senadora? ¿Estamos ante una expresión del más puro cinismo o ante todos estos renuncios a la vez?

Como fuere, el episodio debería causar inquietud y temor en la población, en especial en esos miles de frenteamplistas que suscriben sinceramente el espíritu laico de nuestra Constitución y nuestra República, y que hoy asisten atónitos a semejante temeridad.