1/1:  20120508 527x600 ()

A importadores y comerciantes les preocupa la ampliación del tope a US$ 1.000 anuales que tendrán las compras a través de encomiendas exoneradas de impuestos, que compiten con su negocio, y piden que se aseguren controles efectivos.

Por lo pronto, la Cámara de Comercio y Servicios (CNCS) solicitará una reunión al ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y al director de Aduanas, Enrique Canon. "Lo vemos claramente inconveniente. El comercio minorista local lo va a sufrir", dijo a El País su titular, Marcelo Lombardi.

En la Rendición de Cuentas se elevó de US$ 50 a US$ 200 el valor de las encomiendas de hasta 20 kg que ingresan al país sin pagar impuestos (excepto las mercaderías gravadas con Imesi) y Economía e Industria están trabajando en su reglamentación. Fuentes de Economía informaron que se topeará la cantidad de compras que se pueden hacer por año con exoneraciones, informó ayer El País. En el borrador del decreto se fijó en cinco, por lo que el tope sería de US$ 1.000.

Para Lombardi, "US$ 1.000 por cabeza es un monto importante" y la cámara "preferiría que fuera más restrictivo".

La decisión de incrementar el monto está vinculada al Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones (TIFA) con Estados Unidos. "Está bárbaro que se pueda comprar en el lugar más conveniente, pero que se brinde una equiparación en términos de competencia. Si una empresa paga impuestos y la otra no es complicado y afecta el empleo", dijo Lombardi.

Por otra parte, dijo que consultarán a las autoridades sobre el régimen de control de las encomiendas, ya que en el borrador de la reglamentación se estableció que el courier (y no el Estado) deberá tener un registro de movimientos para evitar que se sobrepase el límite.

El presidente de la Cámara de Importadores de Máquinas de Oficina e Informática, Ignacio Morelli, comparte la necesidad de que haya buenos controles. "Si se deja ingresar (por persona) US$ 1.000 por año no creo que afecte al mercado, cuando un mayorista importa unos US$ 40 millones, pero si no se respeta el tope ahí sí tenemos un problema", advirtió.

El secretario ejecutivo de la Cámara del Calzado, Daniel Tournier, expresó la preocupación de su sector. "La medida apunta a la clase media para arriba, que tiene tarjeta y puede comprar del exterior. Para ese público estamos fabricando calzado de cuero. Sería un daño total para la industria nacional", dijo a El País. "Me gustaría que me lo explicaran", añadió.

En tanto, el gerente general de la Asociación de Despachantes de Aduana, Enrique Martínez, dijo a El País que "en principio, no tendría repercusión en su trabajo siempre que la reglamentación no establezca que las operaciones deban hacerse sin despachantes.