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Armas robadas a la Policía y al Ejército terminan dentro de las cárceles por el accionar de bandas organizadas de presos que pagan a guardias y a familiares para ingresarlas, según informes de los servicios de Inteligencia policial y militar.

En los últimos 10 días, la Policía encontró nueve armas entre los escombros de los módulos 4 y 5 destruidos por los presos en un motín ocurrido en la madrugada del 25 de abril. Efectivos del Departamento de Inteligencia y Análisis Penitenciario (DIAP) y guardias han descubierto nueve armas cortas, dos granadas -una utilizada por el Ejército y otra usada por la Policía-.

El informe de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (Dinacie), que fue manejado en la comisión técnica de los ministerios de Interior y Defensa que elabora la reglamentación de la ley que habilita a militares a controlar el ingreso a los penales, expresa que grupos vinculados al crimen organizado reclutan a guardias para que ingresen armas y drogas a las cárceles a cambio de dinero o bajo amenazas de ultimar a sus familiares.

La investigación constató que muchas de las municiones en poder de delincuentes fueron dadas de baja en el Servicio de Material y Armamento (SMA) del Ejército y provienen de distintas unidades.

En lugar de ser destruidas, fueron hurtadas y vendidas, según la investigación. Tiempo atrás, la Policía detuvo al capitán de la Fuerza Aérea, R.S. por vender armas pertenecientes a las Fuerzas Armadas. En un allanamiento realizado en la casa del oficial, los policías encontraron granadas de fragmentación y una ametralladora pesada, según las fuentes. El oficial fue procesado con prisión por la Justicia.

El informe de la Dinacie es un avance ante el inminente ingreso de los militares en las revisorías de las cárceles Libertad, Comcar y Canelones. Pese a que la Dinacie no tiene jurisdicción sobre los establecimientos penitenciarios -están bajo la órbita del Ministerio del Interior- la Dinacie está operando en dichos centros para seguridad de los soldados.

Además, muchos de los efectivos castrenses viven en los mismos barrios periféricos que los delincuentes alojados en las cárceles, lo cual pone en riesgo la seguridad del nuevo sistema.

En tanto, el DIAP elevó un informe escrito a las anteriores autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) donde señala que las últimas muertes ocurridas en las cárceles estaban vinculadas al crimen organizado y eran ajustes de cuentas por deudas de drogas. El DIAP incluyó en su informe datos relevados de revisorías del Comcar, La Tablada y Libertad.

Tras una serie de operaciones concluyó que un mismo grupo de mujeres recorría periódicamente esas tres cárceles. El accionar de las mujeres podría tener tres objetivos según investigadores carcelarios: ingresar a los penales drogas y armas dentro de sus genitales; trasegar información o vender sus servicios de prostitutas dentro de las cárceles.

DUREZA. En la mañana del 20 de abril, el recluso del Penal de Libertad Eduardo Brasil extrajo una pistola nueve milímetros de su bolsillo e hirió mortalmente al guardia Óseas Pintos en la cabeza y a otro policía en una pierna. Minutos más tarde, Brasil fue ultimado por otros guardias.

El 16 de noviembre del año pasado, Brasil participó en una violenta fuga del Comcar -estaba alojado en el Módulo 4 donde ocurrió el motín-.

En el escape, Brasil y otros tres presos tomaron de rehenes a policías tras amenazarlos con dos pistolas Browning 9 milímetros y un revólver Magnum 3.57, según un informe del comisionado parlamentario Álvaro Garcé sobre el episodio.

La Policía todavía no sabe cómo ingresó al Penal de Libertad el arma usada por Brasil para ultimar al guardia Óseas Pintos. Sin embargo, la "acción comando" de Brasil dejó un mensaje en el penal: se rompieron los códigos entre guardias y presos.

Guardias del Penal de Libertad dijeron a El País que el "mensaje llegó y cambió la realidad de las cárceles. Hay miedo y temor. Antes las amenazas de muerte de los presos eran moneda corriente. Ahora se toman en serio y se denuncian".

Los guardias indicaron que Eduardo Brasil era un "preso pesado" que tenía una larga condena por cumplir y atacó a los dos guardias en una acción suicida buscando llevarse con él a policías a quienes consideraba como enemigos.

Rechazaron que Brasil estuviera trabajando para un "brazo gordo" (jefe carcelario) porque hacía poco había llegado al penal proveniente del Comcar.

También descartaron que existiera una enemistad entre el agente Óseas Pintos y el recluso homicida.

El 22 de noviembre de 2011, el comisionado parlamentario Álvaro Garcé realizó un informe sobre una fuga frustrada ocurrida días antes en el Comcar. En esa fuga participó el mismo preso que el 20 de abril pasado ultimó al guardia Óseas Pintos en el Penal de Libertad.

En el informe, Garcé señaló que "la posesión de armas de fuego por parte de algunos internos marca el punto más bajo de la emergencia penitenciaria. El hecho demuestra la inexistencia o inoperancia de los sistemas de control y a la vez pone de manifiesto la posibilidad de actos de corrupción". También señaló que "en esta línea de sinrazón solo falta que las armas sirvan para dar muerte a uno o más guardias penitenciarios; si ello no ocurrió el pasado miércoles 16 de noviembre fue solo por azar y fortuna. Si eventualmente resultara abatido en el futuro un funcionario carcelario -esperemos jamás ser testigos de ello- la respuesta de la fuerza podría llegar a consecuencias incalculables".