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Los canales de televisión privados se oponen a que la licencia para explotar la TV digital sea limitada a 15 años y a tener que participar de un llamado abierto para acceder a la señal. Evaluarán presentar un recurso administrativo contra el decreto.

El decreto que regula la televisión digital, firmado el 11 de mayo pasado por el presidente José Mujica, habilita dos alternativas para los actuales canales comerciales de televisión abierta: continuar con la licencia actual, precaria y revocable aunque por tiempo indeterminado, o participar de un llamado público que realizará la Ursec y obtener una licencia por 15 años renovable por otros 10.

Para esta segunda opción, el canal debe presentar información sobre su proyecto comunicacional y de negocios, incluyendo aspectos como la política de pautas publicitarias, la cantidad y tipo de producción nacional propia, la creación de empleos directos y la participación de productores independientes nacionales.

En el primer caso, los canales accederán solamente a una señal en formato estándar, mientras que en la segunda alternativa harían uso de un canal entero de 6 Mhz, a través del cual podrán emitir hasta cuatro señales de TV o señales en alta definición, además de contenidos interactivos y para dispositivos móviles.

Rafael Inchausti, presidente de la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu), dijo a El País que el decreto "no conforma completamente ni a la Asociación ni a los canales", dado que "no asegura la continuidad de los actuales operadores".

Según Inchausti, el decreto implica una "pérdida de licencias" para los actuales operadores, porque "autoriza a los canales a continuar prestando un servicio digital en calidad estándar, cuando los operadores entienden que el cambio de tecnología no debería implicar una limitación en las posibilidades que ofrece la incorporación de esa tecnología digital".

Actualmente, para emitir una señal de televisión en formato analógico se requieren 6 Mhz del espacio radioeléctrico. Sin embargo, mediante la tecnología digital se pueden emitir varias señales y en alta definición en el canal de 6 Mhz.

Inchausti cree que los canales deben continuar explotando el canal entero de 6 Mhz. "Para poner un ejemplo, si en algún momento el Estado decidiera que los taxis tuvieran que pasar de motor a combustión a motor eléctrico, eso no debería implicar que los actuales titulares de los taxis perdieran sus licencias o se vieran restringidos en la posibilidad de usar la nueva tecnología", comentó.

Por otra parte, los operadores también se oponen a que las licencias sean otorgadas por un período de 15 años. "Establecer un límite temporal de 15 años implica incorporar una limitación a la libertad de dedicarse a una determinada actividad", comentó Inchausti. "Si bien reconocemos que el Estado tiene facultades para establecer limitaciones en determinadas situaciones a las libertades de los individuos, eso se debería hacer por razones de interés general y a través de una ley y no un decreto", señaló.

La norma establece que luego de los primeros 15 años, los operadores pueden renovar la licencia por otros 10 años. "En cada renovación se tendrá en cuenta la evaluación del cumplimiento de las condiciones y compromisos asumidos por el operador en su plan comunicacional", señala el texto.

Las evaluaciones serán realizadas por la Ursec, la Comisión Honoraria Asesora Independiente (CHAI) y mediante una audiencia pública no vinculante. Si no existen análisis negativos, la renovación será concedida, salvo que "existan nuevos interesados pre-calificados para los cuales no queden canales disponibles", según la norma.

El director nacional de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Sergio de Cola, comentó a El País que en este caso, "la renovación no es automática y los operadores deben concursar en competencia con los nuevos oferentes".

El decreto también marca que los operadores privados deben pagar al Estado un monto en base a su facturación, para constituir un Fondo de producción audiovisual y aplicaciones de TV digital.

Los canales también rechazan esto. "Por tratarse de la prestación de un servicio que llega a toda la población de forma gratuita, no debería aplicarse un castigo a la actividad sino, por el contrario, deberían encontrarse mecanismos de promoción", dijo Inchausti.

La semana próxima se reunirán en Andebu representantes de los canales privados de Montevideo y del interior y decidirán si aceptan el decreto o si presentan un recurso administrativo.