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MARTÍN AGUIRRE

El disparo criminal con el que un joven de 17 años segó la vida de un empleado de La Pasiva dio inicio a una imprevisible espiral de crisis en el gobierno. Fue la chispa que comenzó el incendio de lo que debe haber sido una de las peores semanas para José Mujica desde que asumió el poder.

Los días siguientes fueron de confusión en la interna del oficialismo. El hecho de que el homicidio fuera registrado en primer plano por una cámara de seguridad, colaboró para que no quedara uruguayo sin ser testigo del episodio, desatando así una ola de indignación social con pocos precedentes. Y la reacción oficial fue tan confusa que el propio Presidente, pese a que no habló formalmente del tema, protagonizó un inusual diálogo con periodistas a la salida de una conferencia de prensa, donde dejó flotando la idea de que podía tratarse de un "ajuste de cuentas", eufemismo policial que en los hechos suele echar sombras sobre la propia víctima.

Lo curioso fue que las palabras de Mujica debieron ser desmentidas horas después por el ministro Bonomi, considerado por muchos como su heredero natural en el MPP, y que viene siendo blanco de críticas implacables por su manejo del tema seguridad. Algo que quedó patente tras una polémica marcha de "indignación" ante el homicidio, de la cual el pedido de renuncia de Bonomi fue la "banda sonora" oficial.

Cuando aún no se apagaban los ecos de este problema, estalló otro que también puso en la picota a dos de los dirigentes más cercanos al mandatario: el canciller Almagro y el embajador Julio Baráibar. La denuncia de un intento de soborno en el seno de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), negada hasta el hartazgo por el oficialismo para no enturbiar aun más la difícil relación con Argentina a la cual Mujica ha elegido como eje central de su gestión (y para diferenciarse de Tabaré Vázquez), fue confirmada casi sin querer por Baráibar. Esto desató un escándalo que permitió a Argentina volver a "embarrar" las negociaciones por el dragado del canal Martín García, forzó a Baráibar a presentar su renuncia, y dejó a Almagro en posición delicada, ya que había desmentido en varias oportunidades, y en comunicados oficiales de su cartera, que tal hecho hubiera existido.

Más allá del aspecto político, el episodio de Baráibar fue un golpe emocional duro para Mujica, ya que es uno de sus colaboradores más próximos y que tiene incluso una oficina en la Torre Ejecutiva a metros de la del mandatario. Mujica llegó a confesar ante personas cercanas estar "muy afectado humanamente" por el episodio.

Pero la cosa no iba a quedar allí. En medio de esta tormenta se volvió a reavivar el caso de corrupción que desde hace meses viene atormentando a la Armada Nacional, y que ahora forzó la salida nada menos que del comandante en jefe, Alberto Caramés. Un hecho que se escenificó como un pase a retiro voluntario, pero que según fuentes del gobierno buscaba evitar un bochorno mayor, ya que Caramés se encontraría comprometido por la investigación judicial en la Armada.

Lo significativo es que Caramés había sido la figura elegida por Mujica y Huidobro para restañar heridas en esa fuerza, con quien tenían buen entendimiento (el discurso de Caramés el último Día de la Armada había sido muy conciliador con el gobierno y hasta citó frases textuales del propio Mujica), y su salida vuelve a agitar la atribulada interna militar.

Una interna que generó otro dolor de cabeza al gobierno cuando una orden del comandante en jefe del Ejército, Pedro Aguerre, para que todos los militares en actividad fueran uniformados al tradicional acto de homenaje a los cuatro soldados muertos por los tupamaros en 1972, fue revocada por el propio mandatario. Situación particularmente delicada, porque la orden contaba con el apoyo expreso del ministro Huidobro, quien llegó a decir que "los militares tienen todo el derecho a honrar a sus caídos. Tenemos que acostumbrarnos a respetar a los demás: no hay dolores de primera, ni de segunda".

Sin embargo, la medida de Aguerre generó la ira de los grupos de familiares de víctimas de la dictadura militar, quienes al parecer a través de la primera dama, Lucía Topolansky, convencieron a Mujica de forzar una contraorden. Decisión que dejó muy mal parado a Aguerre, potenció aun más la presencia militar en el acto, y molestó notoriamente a su viejo compañero Fernández Huidobro. Este hace pocos días ya había tenido un duro choque con Topolansky al calificar de "antidemocráticas" sus declaraciones acerca de que había que buscar que un porcentaje mayoritario de las Fuerzas Armadas fueran ideológicamente cercanas al Frente Amplio.

Como se ve, una semanita interminable para el presidente Mujica, que en momentos en que se acerca a la mitad de su mandato, luce cada día más ofuscado por tener que dedicar su tiempo a zurcir internas y apagar incendios, que por impulsar una agenda de gobierno de cara al futuro.