HERNÁN SORHUET GELÓS

Aumenta la presión en Brasil sobre la presidenta Dilma Rousseff, para que no sancione el nuevo código forestal, aprobado por el Congreso el pasado 25 de abril.

Para los defensores de la Amazonia brasileña se trata de una amnistía a la deforestación, lograda como resultado de la enorme presión que desde hace años ejerce al poderoso sector agropecuario norteño sobre los congresistas y gobernantes estaduales y federales.

De concretarse significaría un evidente retroceso en lo conseguido por Brasil a lo largo de los últimos ocho años: nada menos que una reducción de la tasa de deforestación de 78%, como resultado de la aplicación de la última ley forestal y de los controles satelitales.

El extraordinario desarrollo económico logrado por la gran potencia sudamericana, unido a la necesidad de sacar de la pobreza a millones de personas que aún continúan atrapadas en ese asfixiante cerco, se conjugan para hacer vulnerables a los grandes tomadores de decisiones ante las presiones sectoriales.

La conservación de la Amazonia -que significa el uso sustentable de este gran bioma- es mucho más importante para la región y el mundo, que el evitar la tala de árboles.

Su extraordinaria complejidad estructural y de funcionamiento, escapa en buena medida a la comprensión actual de la humanidad; aunque sabemos que ejerce una esencial influencia favorable en la amortiguación del cambio climático, en el régimen hidrográfico de la mayor parte de Sudamérica, en la preservación de la extraordinaria riqueza en diversidad biológica que aún alberga, en la liberación del 20% del oxígeno al aire.

A menos de un mes de la realización de la Cumbre RíO+20 en Brasil, parece un grotesco contrasentido que el país anfitrión -privilegiado por poseer la mayor selva tropical que sobrevive en el planta- decida reducir la protección ambiental de la Amazonia, aprobando nuevas normas que habiliten la deforestación en una superficie estimada por The Wall Street Journal, entre 400 mil y 700 mil kilómetros cuadrados de selva (equivalente a toda la Península Ibérica).

El asunto, una vez más, devuelve a la consideración pública, la discusión sobre qué modelo de desarrollo es el más conveniente para nuestros pueblos.

Las consideraciones ambientales que tanto han modificado nuestra visión de la realidad y, sobre todo, nuestra anticipación a los errores en materia de planificación y desarrollo, si algo demuestran es que actuando con responsabilidad y visión a mediano y largo plazo, todos ganan. Los conflictos están siempre latentes porque aún existen muchos intereses ligados a la concepción anterior, que no cederán fácilmente sus ventajas y beneficios actuales, sin librar una muy dura batalla.

No cabe duda que el destino de la Amazonia es un derecho soberano de Brasil. Pero, al mismo tiempo, existe una responsabilidad vinculada con diversos aspectos que condicionan los destinos de la humanidad, que no pueden soslayarse.

La propia realidad parece demostrarnos que los pueblos del mundo, más allá de sus singulares costumbres, historias y organizaciones políticas, se encaminan lentamente hacia la generación de una ciudadanía planetaria que tomará muy en serio las ventajas y limitaciones que nos impone nuestro único hogar en el cosmos.