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El gobierno dio marcha atrás y no incluyó el aumento de pena máxima a 10 años para menores infractores en la iniciativa que envió al Parlamento. El ingreso del proyecto para legalizar la marihuana se aplazará tres meses por diferencias en el FA.

La falta de apoyo en la interna del Frente Amplio hizo que el gobierno diera un paso al costado en su intento por duplicar las penas máximas a menores infractores de cinco a diez años, tal como había previsto en una primera instancia.

Cuatro proyectos de ley contenidos en el documento de "Estrategia por la Vida y la Convivencia", que presentó el gobierno para combatir la inseguridad, fueron enviados ayer al Parlamento. Las iniciativas implican el establecimiento de penas mínimas a menores infractores, la internación compulsiva de adictos a la pasta base, la creación de un fondo de reparación para los familiares de víctimas de delitos violentos y el aumento de penas por corrupción policial y tráfico de pasta base.

El envío al Parlamento del proyecto para legalizar la venta de marihuana se aplazará tres meses, por carecer de apoyo en la interna de la coalición de izquierda. El Partido Socialista entiende que "es muy riesgosa" la medida "por los compromisos que tiene Uruguay a nivel internacional en el combate al narcotráfico", indicó a El País el diputado y secretario general del PS, Yerú Pardiñas. Además, los socialistas dicen que es necesario aprobar el proyecto de autocultivo de marihuana, que ya tiene apoyos a nivel parlamentario en los cuatro partidos políticos. También hay diferencias respecto a la creación de un registro de consumidores.

MENORES. La iniciativa de modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia, finalmente no incluirá la modificación de las penas máximas, luego de una dura negociación el martes 26 entre la bancada oficialista y el Gabinete de Seguridad, en la residencia de Suárez y Reyes.

La mayoría de los ministros ya había firmado el proyecto de ley que establecía el aumento de penas máximas a 10 años, pero la bancada del Frente le pidió al presidente José Mujica que revisara su postura.

Fuentes parlamentarias dijeron a El País que el encuentro fue "duro" y que el Partido Socialista se impuso durante la reunión y señaló que no negociaría la duplicación de las penas máximas para delitos graves que cometan adolescentes. En la mañana de ayer hubo contactos con el Poder Ejecutivo y a las 16 horas, Mujica informó a los legisladores que no incluiría el articulado referido a las penas máximas.

La marcha atrás del gobierno implica que los máximos de reclusión para menores se mantienen en cinco años. En contrapartida, se fija como mínimo los 12 meses de penitenciaria y se establece que no habrá libertad anticipada con menos del 50% de cumplimiento de la sanción. Estas penas son aplicadas a menores en casos de delitos graves (violación, rapiña, secuestro, extorsión y tráfico de estupefacientes).

El diputado socialista Julio Bango, dijo a El País que el hecho de que "no se aumenten las penas máximas" fue defendido desde un inicio por el Partido Socialista y señaló que en el Poder Ejecutivo primó "la reeducación". A eso agregó que no se puede internar a un menor por 15 años "para que se pudra en la cárcel". El diputado Aníbal Pereyra (MPP) explicó a El País que si bien no se incluyó dentro de la propuesta el aumento de penas máximas, las mismas serán discutidas a futuro en una comisión en la órbita del Poder Ejecutivo.

Pereyra adelantó a El País que se estudiará la creación de un nuevo Código de la Niñez y Adolescencia y se "partirán en dos los derechos y las obligaciones". En ese marco, "se analiza absolutamente todo, incluido las penas máximas", sostuvo.

El diputado Doreen Javier Ibarra (Fidel) valoró como "muy positivos" el paquete de cuatro proyectos.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, le restó importancia a las diferencias en el Frente y dijo en conferencia de prensa que "no se va a obstaculizar para nada" el tratamiento de las iniciativas. Los cuatro proyectos se tratarán como urgentes, dos ingresarán por Diputados y dos por Senadores. El miércoles 4, la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados comenzará el estudio de la fijación de penas para adolescentes infractores.

Por otra parte, hay acuerdo en la interna del Frente Amplio para elevar las penas (de cuatro años la mínima y 15 años la máxima) para traficantes de pasta base y en casos de corrupción policial. Así como para indemnizar a los familiares de víctimas de homicidio (en casos de copamiento, violencia y secuestro) con un salario de seis bases de prestación.

La internación compulsiva de adictos a la pasta base establece que "el que fuere sorprendido en la vía pública o espacios públicos privados no habilitados, en circunstancias que hagan presumir que se encuentra consumiendo estupefacientes podrá ser conducido de forma inmediata a un centro asistencial", según el texto de la iniciativa. Para el vicepresidente Danilo Astori, el proyecto no implica "la internación compulsiva". La senadora Lucía Topolansky (MPP) dijo a Subrayado que al igual que "una persona que se enferma de dengue o cólera hay que internarla, a un adicto hay que hacerlo compulsivamente, para curarlo".

La Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (Audea) manifestó ayer su "disconformidad" con la decisión del gobierno de gravar los seguros a fin de crear un fondo para la reparación de víctimas de delitos. "El sector asegurador tiene una elevada carga tributaria", dijo a El País el director ejecutivo de la Audea, Mauricio Castellanos.

En el día de ayer la Asociación de Empresas Aseguradoras realizó una Asamblea General Extraordinaria, que contó con la concurrencia de todas las compañías de seguros privadas afiliadas, mediante la participación de los ejecutivos principales de las mismas.

Durante la sesión, las compañías de seguros expresaron su "total disconformidad" con el anuncio y "la preocupación" por la falta de diálogo previo con la industria aseguradora por parte del gobierno.

Según Castellanos, el sector de los seguros enfrenta un peso tributario "importante" generado por el impuesto a los ingresos de las aseguradoras con una tasa promedio del 5,7% sobre las primas gravadas; el impuesto al Servicio de Sangre para la lucha contra el SIDA con una tasa del 2% sobre todas las primas; la contribución especial para el financiamiento de la Caja de Jubilaciones Bancarias con una tasa del 1,15%, y la tasa del 0,2% para el financiamiento del Banco Central del Uruguay.

La gremial estimó que la recaudación anual por estos conceptos supera los US$ 50 millones.

Castellanos afirmó que algunos de estos impuestos tienen destino específico como ser las partidas que le corresponden a la Dirección Nacional de Bomberos, sobre la que "se abre el interrogante sobre si dichos aportes llegan efectivamente al destino previsto".

Estimó que una situación similar podría perfectamente darse con este impuesto que el gobierno quiere crear.

"Me sorprende que se asocie al seguro con el fondo de indemnización previsto ya que el sector no tiene vínculo con el riesgo, por el contrario entiende que este fondo constituye una suerte de competencia para la actividad del seguro", dijo.

A juicio de Castellanos, otros sectores de actividad sí tienen una relación muy específica con esta problemática, como ser las empresas de seguridad, las empresas que no implementan la bancarización u otros medios de pago y eligen manejarse con efectivo, actividades todas que están expuestas o contribuyen a un mayor riesgo. Agregó que el gobierno envía un mensaje "negativo" a los inversores en seguros, ya que "se vienen dando cambios en las reglas de juego de la actividad", por lo que entiende "que por este camino se compromete la estabilidad del negocio y se afecta la rentabilidad".

El proyecto de ley establece como pena mínima los 12 meses de prisión para casos de delitos graves (homicidio intencional, lesiones gravísimas, violación, rapiña, privación de libertad agravada, secuestro, extorsión y tráfico de estupefacientes). La pena máxima se mantiene en los cincos años, tal como establece el Código Penal de la Niñez y Adolescencia. La medida original que planteaba el Ejecutivo suponía una duplicación de la sanción a 10 años, pero fue resistida por el Frente Amplio. Las medidas de privación de libertad deberán ser cumplidas en establecimientos especiales, separados de los adolescentes privados de libertad por el régimen general. Cuando el infractor cumpla la mayoría de edad se trasladará a un establecimiento del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa).

Establece que el que fuere sorprendido en la calle o en espacios públicos o privados "no habilitados", en circunstancias que hagan presumir el consumo de sustancias estupefacientes, podrá ser conducido "en forma inmediata" a un centro asistencial. Las autoridades de dicha institución deben comunicar de inmediato al juez y a los responsables legales del menor las circunstancias que ameritaron la internación. El magistrado puede disponer el tratamiento y en 24 horas se deberá contar con un nuevo informe médico para la evaluación.

El responsable de todo el proceso será el Sistema de Atención a las Víctimas del Consumo de Estupefacientes (Savce) que funcionará bajo la órbita de Presidencia de la República. Los adolescentes serán colocados en lugares separados, para que no mantengan contacto con los adictos mayores de edad.

La corrupción policial y el tráfico de pasta base se sancionarán con una pena mínima de cuatro años y una máxima de 15 años de penitenciaría.

Se crea un fondo de reparación para los familiares de víctimas de homicidio (en ocasión de copamiento, secuestro y violación). El fondo se integra con el 1% de los seguros que se comercializan, tanto del Banco de Seguros del Estado como de aseguradoras privadas. Las tres cuartas partes de ese fondo serán para reparar a los familiares de las víctimas de delitos (la indemnización se fijó en seis bases de prestación). En tanto, el 25% restante del fondo creado se destinará al Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito, que brinda asistencia legal y apoyo psicológico a las víctimas de la delincuencia.