Duras críticas a proyecto de reproducción asistida

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La reproducción asistida se realiza hace más de 20 años en el país sin ninguna regulación legal. Este mes una comisión de Diputados pretende aprobar un proyecto, pero expertos afirman que tiene vacíos importantes y que traerá varios perjuicios.

Un matrimonio con dificultades para tener hijos se sometió hace tres años a un tratamiento de fertilización in vitro en la Policlínica de Fertilidad de la Asociación Española. Lograron concebir un bebé y del procedimiento sobraron embriones, los cuales decidieron congelar. Tiempo después, la pareja se divorció, y el problema surgió cuando ambos reclamaron la propiedad de los embriones. Ante la falta de un criterio legal, la clínica derivó el caso a la Justicia, donde aún no ha sido resuelto.

Otro caso polémico en esa misma Policlínica se dio cuando una mujer quiso utilizar el esperma congelado de su marido fallecido. Sin un consentimiento expreso del hombre, los médicos se negaron a usar el esperma y el caso también se dirimirá en tribunales.

Actualmente cuatro clínicas privadas realizan técnicas de reproducción asistida sin un marco legal que las ampare. Cientos de embriones de parejas uruguayas están congelados e incluso existen unas pocas decenas de niños nacidos de la donación de embriones. Solo el Centro de Reproducción Humana del Interior (Cehrin), tiene entre 650 y 700 embriones congelados.

La comisión de Salud de la Cámara de Diputados quiere aprobar este mes un proyecto de ley al respecto, pero juristas expertos que vieron el texto afirman que no resuelve los dilemas más importantes que plantean estas técnicas, y que la vaguedad de los conceptos podría traer más problemas que beneficios.

Uno de los aspectos que no define es precisamente qué sucede con los embriones de parejas separadas. La abogada del estudio Ferrere experta en derecho de familia, Laura Araújo, comentó que "en el derecho comparado hay regulaciones muy concretas en cuanto a qué pasa con los embriones o los gametos en caso de divorcio, separación, ausencia o muerte de uno de los padres. Eso no se ha dejado al azar", indicó.

Tampoco queda claro otro asunto tan delicado como el derecho a la identidad de las personas nacidas por la donación de embriones. El texto señala que "solo en circunstancias extraordinarias, que comporten un comprobado y grave peligro para la salud sicofísica del hijo, se podrá revelar la identidad del donante".

En este aspecto, Araújo señaló que "el tema de la divulgación o no de la identidad del donante en el proyecto no es para nada claro e incluso contradictorio", y acotó que "esto podría generar innumerables perjuicios".

En el mismo sentido, el abogado Juan Andrés Ramírez, que compareció a la Comisión de Salud de Diputados para opinar sobre el proyecto, señaló que "no hay coherencia en cuanto al principio de la identidad biológica con respecto a lo sustentado por las corrientes jurisprudenciales y las legislativas y los tratados internacionales, donde el derecho a la identidad parece ser un paradigma".

El diputado del Frente Amplio Álvaro Vega, principal impulsor del proyecto de ley, opinó en cambio que le parece "absurdo pensar que alguien porque donó un espermatozoide es el padre. Es de una absurdez increíble, pero así piensan algunos", indicó.

La regulación sobre el funcionamiento de las clínicas de reproducción asistida es también muy escueta. Casi todo queda en manos de una comisión cuyos cometidos no quedan definidos.

Ramírez acotó que "tampoco existe regulación sobre el destino de los embriones", y que "parecería que queda todo librado a quien no debería quedar librado, que son las clínicas médicas".

Así y todo, este proyecto tan defectuoso se encamina a salir con un informe positivo de la Comisión en poco tiempo. Si esto sucede, la Cámara Baja lo aprobaría rápidamente.

El diputado del Partido Independiente Daniel Radío, que también integra la comisión, comentó que se encuentra en la "disyuntiva" de tener "un montón de cuestionamientos" sobre el proyecto, pero sabe que existe la necesidad de regular el tema. "A esta altura me propuse no trancar", comentó. "El problema es que creo que este proyecto no resuelve nada", dijo.

La problemática de las parejas con problemas de fertilidad que no pueden pagarse tratamientos de reproducción asistida es uno de los aspectos que el proyecto de ley a estudio de la comisión de Salud de Diputados intenta resolver.

Así, en el artículo 1° se establece que "se define la esterilidad como una enfermedad de carácter crónico", y marca que "la reglamentación determinará las medidas que debe tomar el Estado para colaborar con la adecuada resolución de estos casos si es posible".

Para el diputado del Partido Independiente Daniel Radío, este texto no soluciona el problema de las parejas, porque no establece el tratamiento como una prestación obligatoria para el Estado. "Es un saludo a la bandera", acotó Radío.

Un proyecto anterior del diputado nacionalista Luis Lacalle Pou declaraba la infertilidad como una enfermedad e incluía su tratamiento entre las prestaciones obligatorias del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).

Durante un año, en 2009, el Estado proporcionó de forma gratuita el tratamiento de fertilización in vitro a usuarias de ASSE. Ese año, en el Hospital de Las Piedras y a cargo del doctor Roberto Suárez se realizaron 73 fertilizaciones in vitro, pero la experiencia se cortó de forma abrupta por el directorio de ASSE.