1/1:  20120822 800x552 ()

El Ministerio del Interior propuso ayer al Frente Amplio ampliar a todos los primarios y no solo para los jefes de familias -expresión que se borrará del proyecto de ley- los atenuantes por venta de pasta base que eximen al acusado de ir a prisión.

En medio de una puja entre el Frente Amplio y el Ejecutivo para "suavizar" el proyecto de ley que modifica las penas a vendedores de pasta base, el Ministerio del Interior retiró ayer de la serie de condiciones que el acusado debía cumplir para tener una pena excarcelable y alternativa (y no cumplir el mínimo de tres años de prisión) el que sea jefe de familia, pero al mantenerse la condición de que sea "primario" se amplió el universo de los eventuales beneficiados por la ley.

También se mantendrían otras condiciones como que la sustancia incautada sea de menor carácter y que la persona se encuentre en una situación de vulnerabilidad económica. A su vez, otro de los atenuantes planteados incluye que no se haya vendido pasta base a menores con anterioridad, dijeron a El País fuentes de la coalición.

La nueva propuesta para modificar la ley que pena el tráfico de pasta base se hizo tan solo a 24 horas de la anterior, que planteaba que los jefes de familia con hijos no fueran a prisión si vendían esa droga en pequeñas cantidades.

El planteo lo hizo ayer el director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera, en la reunión de bancada del Frente Amplio. Sin embargo, no hay una propuesta cerrada y seguirán las negociaciones con el Poder Ejecutivo. El próximo lunes 27 está previsto que la bancada de Senadores fije posición respecto al nuevo texto de la ley.

En una primera instancia, el gobierno había planteado establecer una mínima de cuatro años y aumentar la máxima de cinco a diez años para el traficante de pasta base en general. Ante el rechazo del Frente, el Ejecutivo dio marcha atrás y remitió al Parlamento un proyecto de ley que mantiene la pena máxima en cinco años y fija una mínima de tres años para los vendedores de la droga.

Pero esta propuesta tampoco conformó al Frente Amplio, que pidió eliminar la pena mínima de tres años y mantenerla en los 20 meses, tal cual establece la ley vigente de Estupefacientes. En lugar de la mínima de tres años de prisión, en la coalición de izquierda se proponía el establecimiento de agravantes equivalentes a un tercio de la pena (20 meses).

En el marco de la negociación llegaron las propuestas del Ministerio del Interior. El último planteo tampoco está cerrado en la interna del Frente Amplio, donde todavía persisten las diferencias. La senadora Constanza Moreira (Espacio 609) es una de las más duras a la hora de defender su idea de que no se resuelve nada con más penas, contaron a El País fuentes de la coalición.

Dentro de la discusión interna, había legisladores que pretendían incluir dentro de los atenuantes a los acusados sin antecedentes como forma de hacer más abarcativa aún la norma. Del otro lado, el Ministerio del Interior entiende que "el tráfico de pasta base debe ser penado como venta de veneno" y no se puede ser benévolo", contaron a El País fuentes del Frente.

INTERNACIÓN. Ayer, la comisión de Salud del Senado esperaba conocer la posición del Poder Ejecutivo respecto al proyecto de internación compulsiva, para lo que convocó al ministro Jorge Venegas. Pero no concurrió y en su lugar lo hizo el subsecretario Leonel Briozzo, quien a juicio de los senadores, no brindó una posición política sino sanitarista sobre el contenido de esa iniciativa.

Briozzo explicó aspectos como la rehabilitación de los internados, la creación del nuevo instituto, cómo se tratan a nivel general las adicciones, pero no se ingresó en aspectos más políticos de la iniciativa como la constitucionalidad o la oportunidad de aplicar una ley como esta, dijeron a El País participantes de la reunión de la comisión. El subsecretario no se refirió a las diferencias del Ejecutivo con la bancada del FA. Informó, en cambio, que se está trabajando en la forma de coordinar con la Junta Nacional de Drogas para la captación de los adictos. Los legisladores esperan un intercambio más político con el ministro Venegas y también con su colega de Interior, Eduardo Bonomi. Además adelantaron que citarán a juristas. En el FA no hay apuro por sancionar el proyecto de ley.