EDUARDO BARRENECHE
A Brasil le inquieta el aterrizaje en Uruguay de aviones con cocaína, el lavado de dinero, el corrimiento hacia el país de narcos pesados y el tráfico de precursores químicos en las fronteras de ambos países.
La importancia que le da Brasil a Uruguay no queda muy rezagada en comparación con otros países de la región. De todas formas, las prioridades para el gobierno norteño es cortar el enorme flujo de cocaína proveniente de Colombia, Bolivia y Perú, países que tienen límites con el gigante norteño.
A partir de agosto del año pasado, Brasil incrementó sus movimientos de tropas en sus fronteras en operaciones denominadas Ágata. Los despliegues incluyen la utilización de aviones cazas y drones (aparatos no tripulados), marina y unos 17.000 efectivos de infantería.
Según fuentes policiales, una de las principales preocupaciones de Brasil es el ingreso de cocaína a su territorio proveniente de Uruguay.
Policías brasileños presumen que aviones con cocaína aterrizan en Uruguay y luego la droga es trasladada por tierra hacia la frontera con Brasil.
Oficiales antidrogas uruguayos estiman que son cientos las pistas clandestinas existentes en Uruguay a poca distancia de la frontera con Brasil. Si bien el radar ubicado en Durazno capta el ingreso de aparatos no identificados, el tiempo de respuesta de los aviones no es eficaz. Ello permite a estos aparatos cruzar otra vez la frontera.
La importancia de Uruguay llevó a Brasil a instalar en su embajada a oficiales de enlace antidrogas, los cuales intercambian informaciones con sus pares de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas.
Otro tema que genera preocupación a los norteños es el trasiego en la región de precursores químicos que permiten a laboratorios clandestinos transformar la pasta base en cocaína. En varias ocasiones policías de Uruguay y Brasil realizaron controles sorpresivos de precursores químicos que permiten elaborar cocaína, afirmaron fuentes de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas a El País.
Policías uruguayos y brasileños también hacen trabajos de inteligencia para seguir el ir y venir de narcos brasileños y colombianos a través de la frontera Uruguay-Brasil.
Según las fuentes, las policías de ambos países intercambian datos sobre organizaciones de traficantes que operan en los dos lados de las fronteras. Un ejemplo este tipo de procedimiento fue la Operación San Francisco que involucró en 2007 a las policías de Brasil y Uruguay y la participación de oficiales antidrogas de Estados Unidos, Holanda y España. Un cartel colombiano compró una estancia en Salto y pensaba trasladar cocaína en contenedores de frutas hacia Holanda.
"Con la policía brasileña se trabaja caso a caso. En estos movimientos que se hacen hay una integración con la Policía Militar y la Policía Federal de Brasil. También hay intercambio de información con Brasil. Esa es la mejor manera de actuar porque los delincuentes no conocen los límites de los países", dijo a El País el subdirector de la Policía Nacional, inspector general (r), Raúl Perdomo.
En tanto, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, afirmó a El País: "Brasil tiene derecho a instrumentar medidas y a desplegar tropas en sus fronteras. En este momento sufre una fuerte presión de grupos de narcos. También quiere cortar el tráfico de armas destinado a organizaciones criminales".
PRESIÓN. Brasil tiene fronteras con Colombia, Perú y Bolivia que son los principales productores de cocaína del mundo.
Tras constatar un aumento del consumo de cocaína por la bonanza económica, el gobierno de Dilma Rousseff se embarcó en una nueva estrategia militar y policial de persecución del narcotráfico. Para aplicar esa política elaboró el Plan Estratégico de Frontera a mediados del año pasado.
En el marco de este plan, durante 15 días de este mes, Brasil desplegó tropas (17.000 efectivos) en sus 3.900 kilómetros de fronteras, desde Bolivia hasta Uruguay en el marco de la Operación Ágata 5, según informó el diario argentino La Nación.
"Con la Operación Ágata estamos marcando cada vez más la presencia del estado brasileño en la región de frontera", dijo el ministro de Defensa de Brasil, Celso Amorín, el martes 22.
El megaoperativo derivó en la incautación de seis toneladas de drogas y fueron arrestadas 31 personas. Las fuerzas militares brasileñas también decomisaron 117.000 kilos de explosivos, 40.000 reales (unos US$ 20.000) en billetes falsos y 182 vehículos y embarcaciones usadas por criminales.
VIOLACIÓN. La presencia de la policía brasileña en la frontera con Uruguay es obvia.
A fines de abril, un helicóptero de la Policía Rodoviaria irrumpió en el espacio aéreo uruguayo e interceptó en el paraje La Puente de Rivera a dos camiones con mercaderías. Según los dueños de los camiones, los policías brasileños revisaron los vehículos y eran conscientes que estaban dentro de Uruguay.
La Policía brasileña también efectuó intervenciones en las fronteras de los departamentos de Rocha y Cerro Largo. En Aceguá la presencia de efectivos de la Policía Militar brasileña ha ocasionado tensiones con vecinos y comerciantes de esa localidad de Cerro Largo.
Meses atrás, un "drone" (avión no tripulado) de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) persiguió un avión que sobrevoló la frontera con Uruguay sin identificarse y aterrizó en una pista de la ciudad de Uruguayana. La policía brasileña cree que se trataba de un avión perteneciente a un cartel narco.
Problema regional
A través de mecanismos de cooperación de lucha antidrogas, Brasil está incrementando su injerencia en países de América del Sur. Hace 15 días, unos 35 efectivos de la Policía Federal de Brasil con sede en Tabatinga (estado de Amazonas) realizaron una misión en suelo peruano. En la operación denominada "Trapecio" -por la triple frontera que comparten Brasil, Colombia y Perú-, también participaron agentes peruanos, colombianos y de la DEA (agencia antidrogas de Estados Unidos). Fueron destruidos 100 hectáreas de cultivos de coca que hubieran servido para producir unos 700 kilos de cocaína y se desmantelaron 10 laboratorios. El operativo contó con el visto bueno del gobierno peruano. Sin embargo, Bolivia -otro productor de cocaína en la región- dijo que no aceptará la presencia de policías antidrogas brasileños dentro de su territorio, pese a que ambos países firmaron convenios de cooperación.
Según el gobierno de Brasil, la bonanza económica tuvo un efecto colateral: un consumo disparatado de cocaína y derivados que lo llevó a volcar la represión hacia las fronteras para tratar de disminuir el tráfico de cocaína desde sus países vecinos. El jefe del combate del crimen organizado de la Policía Federal brasileña, Oslain Santana, dijo que Brasil "está creciendo económicamente y a mayor renta, mayor consumo de drogas. En el sur y sureste de Brasil se concentra el 60% de la población y el 75% del PIB brasileño, y es ahí donde se consume cocaína".
En números absolutos, Brasil es considerado, por detrás de Estados Unidos, el segundo consumidor mundial de cocaína y crack.