El Ministerio del Interior, a través de cinco resoluciones, algunas muy generales y otras más concretas, restringió la divulgación de información que considera "reservada".

Fernando Gil, jefe de la Unidad de Comunicación (Unicom), dijo a El País que las resoluciones apuntan a impedir que al amparo de la ley de Acceso a la Información Pública (18.381) se divulgue información que pueda comprometer la acción del Ministerio. No obstante, Bonomi incluyó dentro del rótulo de "reservada" información vinculada a procedimientos policiales. Las resoluciones firmadas en julio fueron notificadas a mediados de agosto a autoridades, efectivos de personal superior y subalterno de todas las reparticiones del Ministerio del Interior, informó ayer el diario El Telégrafo. En la primera de las resoluciones se clasifica como reservada toda información relativa a estructura edilicia y ubicación de las distintas dependencias, entre las que se incluye a las jefaturas departamentales y sus respectivas seccionales, las vías de acceso a las mismas. Otra, la más general, considera de carácter reservado toda información que involucre el ejercicio de la actividad policial, en particular aquella relativa a hechos y personas que sea recabada con la finalidad del mantenimiento del orden público, así como para la prevención y represión del delito, que se encuentren en registros policiales tales como cuadernos de novedades, de comunicaciones, oficios, memorándums y notas.

La tercera resolución firmada por Bonomi y publicada por El Telégrafo impide divulgar los procedimientos disciplinarios, informaciones de urgencia, investigaciones y sumarios administrativos llevados a cabo por el ministerio y sus dependencias. En la cuarta también se clasifica como reservada toda información referente al ejercicio de la actividad policial, en particular aquellas vinculadas a los procedimientos de combate de la delincuencia como descripción y detalle de operativos, personal destinado a sus efectos, recursos utilizados, así como informes que surgieran de los mismos.

La última orden abarca la seguridad de las autoridades dependientes del Ministerio del Interior, familiares directos y demás personas bajo custodia, así como las instalaciones bajo custodia, registros tales como agendas, trayectos, notas, órdenes de servicio, actividades, contactos y novedades.

El artículo 9 de la ley permite clasificar como reservada información que pueda "comprometer la seguridad pública o la defensa nacional". Gil dijo que la ley podría permitir la entrega de los planos de la Jefatura y esa es información que debe ser protegida. "No vamos a dejar de dar los partes sobre los hechos policiales, pero no tiene por qué divulgarse información sensible sobre la operativa, el armamento, la tecnología, la logística, etc. Esa información es pública, pero al darla también se la estamos entregando a la delincuencia", dijo. Gil sostuvo que toda la información que el ministro Bonomi no considere "reservada" será difundida.

El Círculo de la Prensa de Paysandú manifestó ayer su "estupor" ante las resoluciones porque "no solo violentan el derecho al libre ejercicio de la profesión periodística, sino que además no reconocen el derecho de la población de acceder a la información de interés público".