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El gobierno dejó en suspenso los descuentos por medidas distorsivas en Ancap y acordó paz sindical por 60 días con el gremio. Lo que sigue complicado es el frente de la salud pública: no habrá más plata y se mantiene la esencialidad.

El Poder Ejecutivo logró cerrar un frente de conflictividad complicado con los funcionarios de Ancap, pero mantiene otro abierto y sin solución a la vista: el de los trabajadores de Salud Pública.

Hoy habrá una nueva instancia de negociación entre las partes, que se llevará adelante bajo la advertencia formulada por el propio presidente José Mujica ayer en el Consejo de Ministros de que no hay margen para abrir la Rendición de Cuentas y que tampoco permitirán nuevas medidas gremiales en los hospitales.

Mujica transmitió que no se ofrecerá más dinero del que se ha manejado hasta ahora en las distintas propuestas entregadas por las autoridades, y además anunció que se van tomar precauciones que correspondan para evitar nuevas ocupaciones en los centros de salud.

El secretario de Presidencia, Alberto Breccia, recordó que el decreto de la esencialidad de los servicios de salud está vigente y agregó que ya se está coordinando entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio del Interior la aplicación de "todas las medidas tendientes a evitar las ocupaciones en los sanatorios y a hacer valer el decreto de esencialidad".

ACORRALADO.

Ayer en el Consejo de Ministros, el presidente Mujica dijo sentirse "acorralado" en este conflicto iniciado por la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFPS).

Fuentes oficiales dijeron a El País que la mayor parte de la jornada con su gabinete estuvo centrada en este tema y se consideró que la situación es "difícil", si bien, aparentemente, de las negociaciones se desprende que no son muchas las diferencias económicas.

Los funcionarios están firmes en la idea de alcanzar un sueldo mínimo de ingreso a la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) que ronde los $ 17.000. El gobierno ha ofrecido unos $ 14.500, lo que supone un aumento importante en relación con el laudo actual, unos $ 8.000.

Este incremento, y además la posibilidad de negociar la absorción de trabajadores que hoy se desempeñan en empresas tercerizadas, fue visto como un "logro" por algunos dirigentes de la FFSP, pero no por todo el gremio. Por eso hoy se seguirá negociando.

Aunque, está claro, para el gobierno no hay margen para ceder más de lo que se ha hecho. Ayer Breccia destacó que de los US$ 140 millones adicionales propuestos sobre el presupuesto para esta Rendición de Cuentas, hay un 30% (casi US$ 45 millones) dispuestos para salud. Dentro de ese 30% para salud, el 70% es para salarios, explicó.

En el gabinete se habló de la necesidad de buscar soluciones, ya que no están tan lejos los números manejados por cada parte. Pero no se barajaron cuáles pueden ser los caminos para destrabar la situación luego que quedara decidido que no se abrirá la Rendición de Cuentas.

"No hay fórmula para atender los reclamos. La idea es trabajar sobre la base del preacuerdo al que ya se había alcanzado unos días atrás entre los funcionarios y ASSE", señalaron las fuentes.

Agregaron que tanto el presidente Mujica como el vicepresidente Danilo Astori, fueron "contundentes" en afirmar que "no habrá recursos adicionales, ni nada más que lo acordado en su momento".

Las fuentes explicaron que pese a que los números están cerca, el problema fundamental que impiden el acuerdo es que si se abre la Rendición de Cuentas, luego otros sectores podrían pedir lo mismo.

El secretario general de la FFSP, Pablo Cabrera, se mostró cauto ante la noticia de que no habría más dinero del que se ha propuesto. Dijo que prefiere esperar a ver qué ocurre en el encuentro de hoy con el gobierno. "Quiero esperar a la reunión; para nosotros es un tema de respeto, desde algún sector están transitando por un camino que no es el correcto. Me gustaría esperar a que me lo transmitieran formalmente y no tener que enterarme por los medios de comunicación. Quiero esperar por la reunión y espero que se nos trate con ese respeto", destacó.

Pese a que rige el decreto de esencialidad, los funcionarios de la salud mantienen la idea de tomar medidas si hoy no alcanzan un acuerdo.

ANCAP.

En tanto, ayer el gobierno desactivó el conflicto que los funcionarios de Ancap mantenían con la empresa estatal de combustibles.

El acuerdo implica que el sindicato deja en "suspenso" "cualquier tipo de medidas o resoluciones de conflicto" y Ancap también suspende la aplicación de los descuentos por paros distorsivos. Todo esto mientras se instala un ámbito de diálogo para negociar condiciones de trabajo y salariales que tendrá un plazo de 60 días.

Sobre los polémicos descuentos por paros distorsivos, el presidente de Ancap, Raúl Sendic, explicó a El País que hay una serie de descuentos que corresponden a medidas tomadas en agosto -que ya están cuantificados- que el gremio pidió que no se apliquen aún hasta terminar la negociación. "Si la negociación culmina exitosamente podemos negociar qué porcentaje se aplica o no. Durante esos 60 días no se toman medidas, y quedan en suspenso descuentos de agosto", destacó.

El acuerdo también establece la creación de un ámbito tripartito con la participación del Ministerio de Trabajo para discutir aspectos como "la carrera horizontal", "los ingresos y llenados de vacantes" y "la organización el trabajo".

En ese mismo ámbito se va a plantear cómo se aplicará de ahora en más el decreto 401 que es el que establece los descuentos por medidas distorsivas en el Estado. Los descuentos por efecto de esa norma fue el argumento que utilizó el sindicato para fijar un paro el 31 de agosto pasado.

Breccia: Recordó que sigue vigente decreto de esencialidad para los servicios de salud.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, afirmó que no hay un "cogobierno" con el sindicalismo, tal como acusó el presidente del Directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber. "Acá no hay un gobierno cívico-sindical como dicen, eso está muy claro. A lo largo de esta gestión, cuando se plantearon situaciones que rebasaron el marco de la participación que los trabajadores pueden tener en una gestión y se intentó cogobernar, no hubo ninguna vacilación en adoptar las medidas que fueran necesarias para garantizar los servicios a la población", afirmó Brenta.

El ministro defendió su gestión. "Este gobierno no abandona los consejos de salarios, no se vanagloria de no haber perdido ninguna huelga, no le dice a los trabajadores que hace que les paga ni tuvo que ir a la OIT a explicar por qué el salario mínimo era tan bajo", señaló.

"Queremos que los trabajadores del Estado trabajen y queremos pagarles los mejores salarios posibles en un régimen de análisis y lineamientos que pueden ser discutidos, pero de ninguna manera es un cogobierno", dijo.

"Seguimos trabajando día a día en el límite de lo ético y de lo moral y continuamos esperando una respuesta adecuada y acciones reales por parte de las autoridades sanitarias nacionales", denunció la Sociedad Uruguaya de Pediatras Intensivistas (Sunpi) sobre el trabajo diario en los CTI de niños en el Hospital Pereira Rossell.

En una carta enviada a las autoridades, los médicos recordaron los problemas en el sector -falta de personal, camas cerradas- y lamentaron que "ninguna de las promesas hechas por ASSE se han cumplido en forma satisfactoria".