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Un contador argentino aseveró ante empresarios que la forma de eludir los efectos del acuerdo para el intercambio de información tributaria entre Uruguay y Argentina es mediante las sociedades panameñas. Juristas uruguayos tienen dudas.

El contador argentino Marcos Torassa, docente universitario y especialista en impuestos, dijo ayer en un evento del Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacional (CURI) que los propietarios argentinos de inmuebles en Uruguay pueden eludir el acuerdo de intercambio de datos pasando el bien a nombre de una sociedad anónima panameña. El profesional explicó que de esa forma ninguno de los dos estados podrá investigar al propietario dado que el acuerdo se limita a la información que manejan los distintos organismos oficiales de ambos países.

Torassa subrayó que el acuerdo de intercambio "es una vieja aspiración argentina" y que tiene limitaciones. Entre ellas que está expresamente prohibido que inspectores tributarios pasen de un país a otro. Además, que no se podrán hacer las llamadas "expediciones de pesca", una forma de recolección de evidencia de carácter especulativo.

Sin embargo, los técnicos uruguayos que participaron como panelistas manifestaron sus dudas acerca de los efectos jurídicos de la norma.

El senador Sergio Abreu, presidente del CURI, señaló que el acuerdo de intercambio con Argentina "no se debe firmar porque faltan garantías jurídicas". Subrayó que "el secreto de los tratados internacionales está en el principio de la buena fe".

El abogado Juan Manuel Romero Godoy, por su parte, señaló que tiene reparos por el "uso de un lenguaje confuso que genera contradicciones a la hora de aplicar el tratado".

En ese sentido, consignó que de acuerdo al texto que se maneja "no queda clara la forma en que se aplicará la retroactividad, tampoco se explica cómo se manejará la igualdad de los tributos o el manejo de la información del contribuyente".

Por otro lado, Rivero señaló que si se aprueba el tratado "habrá problemas para su aplicación" ya que "cada pedido de Argentina dependerá de quién lo ejecute y podría pasar que en los hechos quede todo trancado".

Por su parte, David Eibe, exdirector de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía dijo que nungún país está obligado a sumarse a la iniciativa de OCDE. No obstante, mencionó que aquellos países que queden afuera corren el riesgo de volverse "parias del mundo". Aclaró que la cadencia de los acuerdos de intercambio se incrementó al punto que en 2001 había uno y en 2012 ya suman más de 400.

Eibe y el director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados, Julio de Brun, coincidieron en subrayar que Uruguay nunca fue un paraíso fiscal.

La aplicación del convenio de intercambio de información depende de la aprobación de los poderes legislativos de ambos países. El congreso argentino ya lo aprobó meses atrás. Mientras tanto, en Uruguay sigue siendo un proyecto de ley a estudio de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado sin fecha para ser votado. En las últimas semanas varios tributaristas concurrieron para expresar su parecer sobre el texto.