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La Cámara de Diputados aprobó ayer la ley que pena el tráfico de la pasta base con tres años de prisión. La norma es la primera de las seis leyes de seguridad que diseñó el gobierno para combatir la delincuencia.

Con los votos de todos los partidos políticos (57 en 57) se sancionó anoche la primera ley de seguridad que integra el paquete de 15 medidas para combatir la delincuencia y mejorar la convivencia ciudadana. El proyecto pena con tres años de prisión a los traficantes de pasta base y a la corrupción policial

La norma establece la posibilidad de reducir la pena a dos años cuando el acusado no tenga antecedentes penales, cuando a criterio del juez la sustancia incautada sea de "cantidad menor" y en el caso de que el imputado no le vendiera la droga a menores.

El Partido Socialista se desmarcó del oficialismo y puso en duda la efectividad de la medida. En tanto, la oposición acusó al Frente Amplio de ser "contradictorio" con lo que manifestaba durante los gobiernos blancos y colorados cuando tildaba de "reaccionario" al aumento de las penas.

El diputado Aníbal Pereyra (MPP) defendió el proyecto. Señaló que "no se la puede visualizar aislada de un conjunto de medidas" y que "no significa una solución mágica", pero destacó que "es una herramienta más que tiene a su alcance la sociedad para seguir peleando contra el narcotráfico".

"El mensaje que estamos dando es que a la pasta base le vamos a dar con un caño. No somos partidarios de que todos los temas se resuelvan con aumento de penas. Pero hay delitos que están causando estragos y este es uno de ellos", aseguró el legislador.

La diputada socialista y exministra del Interior Daisy Tourné indicó que una "discusión seria" contra el narcotráfico "no se puede concentrar en un proyecto de ley. Es un tema demasiado grande como para venir hoy acá creyendo que se está salvando a la Patria".

Tourné citó al catedrático de Derecho Penal, Miguel Langón, para afirmar que en la práctica el aumento de penas a los narcotraficantes no actúa como factor preventivo, ni represivo, para evitar que se cometa el delito.

"Estoy convencida de que no va a resultar nada simpático mi planteo entre los compañeros, pero es deshonesto que oculte mi pensamiento sobre el real efecto de estas medidas. No creo que este proyecto sea la solución del problema social que tenemos", insistió.

El diputado Nicolás Pereyra (CAP-L) también manifestó sus reparos con la iniciativa de gobierno y señaló que el aumento de penas a los vendedores de pasta base tendrá un menor efecto que el de la legalización de la marihuana.

"Más allá de que tengo alguna diferencia, creo que esto se enmarca en una nueva lógica que marca el camino correcto por el que tenemos que ir", explicó Pereyra.

Por su parte, el diputado nacionalista José Carlos Cardoso advirtió que el hecho de que el Frente Amplio aprobara la iniciativa convierte al día de ayer en una "jornada histórica" para la coalición por haber "dejado la bandera que firmaba que los aumentos de penas eran de derecha y reaccionarios".

"El gobierno tiene una gran confusión y la agenda del presidente (José) Mujica es la agenda de Estados Unidos. Hoy en las elecciones de Estados Unidos se someten a plebiscitos las cosas que aparecen como nuevas en Uruguay, como lo son el aborto y la legalización de la marihuana. Me la tuve que bancar cuando nos acusaban que el aumento de la penalización era reaccionario, pero hoy lisa y llanamente se aumentan las penas sin ningún maquillaje", sentenció.

Cardoso pidió al Frente Amplio hacer "un acto de reconocimiento" y admitir que "con todo el adorno que quieran ponerle" se termina votando un proyecto "acorralado por la opinión pública, porque la gente ha dicho que hay que aumentar las penas".

El diputado José Bayardi (Vertiente Artiguista) salió al cruce de las afirmaciones de Cardoso y señaló que "reaccionario fue el Partido Nacional en los años 90, cuando se condenó a la gente con el desempleo y lo único que se hizo fue aumentar las penas sin preocuparse de que en las cárceles estuvieran todos hacinados".

El diputado colorado Gustavo Cersósimo (Vamos Uruguay) recordó que la oposición planteó varios proyectos para endurecer las penas al narcotráfico, pero el Frente Amplio se negaba a votarlos. En ese marco, indicó que el diputado nacionalista Luis Lacalle Pou (Aire Fresco) presentó en noviembre de 2010 una iniciativa que equiparaba la condena al narcotráfico con la del homicidio, pero que "nunca se trató" en la Comisión de Constitución y Códigos.

Por su parte, Lacalle Pou tildó a los legisladores oficialistas de "mezquinos" y "soberbios" por no haber dado la oportunidad de que la iniciativa para endurecer las penas a narcotraficantes se aprobara antes. "Mi proyecto fue fruto de un atentado y se trató de archivar. Hablaba de internación compulsiva, de mayores penas a narcos y se nos dijo por parte de legisladores del Frente Amplio que era un disparate lo que decía", señaló el diputado blanco.

La rutina de la Cámara de Diputados se vio ayer alterada por un fuerte olor a quemado que obligó a levantar por 15 minutos la sesión que había comenzado sobre las 16 horas. Los bomberos del Palacio Legislativo revisaron cuidadosamente las instalaciones del edificio y luego de varios minutos constataron que había un recalentamiento en una engrapadora eléctrica, lo que ocasionó el fuerte olor y una falla de audio que impedía continuar con normalidad la sesión. Los legisladores se tomaron la suspensión con calma y luego retomaron la sesión.

La ley sancionada ayer es la primera de varias iniciativas para mejorar el combate a la delincuencia que anunció el gobierno hace meses. De acuerdo con esta iniciativa, la pena mínima para los traficantes de pasta base será de tres años no excarcelable. Habrá excepciones que permiten bajar la pena a dos años de prisión para los casos en los que los imputados son considerados "traficantes periféricos", es decir las personas que residan en la "boca" de venta -sea familiares o no del imputado- y que tengan vinculación con el negocio. En el caso de los delincuentes primarios, se les aplicará un régimen de penas alternativas. Para acceder a este beneficio, los traficantes tienen que ser primarios, vender poca cantidad y no haberle expendido la droga a menores. Estos cambios implican la modificación del decreto ley 14.294 sobre estupefacientes, que a su vez había modificado varios artículos del Código Penal. La iniciativa sancionada ayer incluye además el aumento de penas para quienes cometan delitos contra la administración pública y para quienes sean funcionarios públicos trabajando en dependencias penitenciarias y cometan actos de corrupción. La ley autoriza al Ministerio de Economía a contratar con el Banco de Seguros del Estado (BSE) una póliza de seguros que cubra a familiares de las víctimas de rapiña, copamiento y secuestro. Respecto a los fallecidos mayores de edad, esa póliza permitirá percibir a su familia una base inicial de US$ 4.000 y una asignación mensual de US$ 400. En el caso de los menores víctimas de delitos, serán beneficiarios quienes ejerzan la patria potestad. También se incluye en el resarcimiento a las personas que tras un episodio delictivo de los señalados sufran lesiones permanentes.