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2/2: Pluna tuvo a Varig de socia (El País)

El Estado aportará, por diferentes conceptos, más de US$ 30 millones en el primer año de operativa de la compañía aérea que pondrán en marcha los extrabajadores de Pluna. Rentas Generales ya les pagó US$ 6 millones por créditos laborales.

Los extrabajadores de Pluna estiman que el 1° de abril la nueva aerolínea, que aún no tiene nombre, estará en funcionamiento. La fase preoperativa demandará tres meses y para ponerla en marcha el Estado, a través del Fondo para el Desarrollo (Fondes), garantizó que le entregará en calidad de préstamo a largo plazo unos US$ 20 millones. Será el primero de otros aportes que fuentes consultadas por El País estimaron en no menos de US$ 10 millones más durante el primer año de funcionamiento.

Ayer, el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, y el asesor del presidente José Mujica, Pedro Buonomo, trasmitieron a los representantes de los trabajadores de la exPluna que el gobierno se "jugará" por la cooperativa, a la que le concederá por ley 180 días para demostrar que su plan es viable. El proyecto de ley será enviado en las próximas horas al Parlamento para que sea sometido a discusión de todos los partidos. Los siete aviones que no fueron subastados continuarán perteneciendo al Fideicomiso y serán arrendados a la cooperativa. Si el negocio fracasa en el plazo fijado, el Fideicomiso podrá negociarlos con privados.

Para evitar la segunda opción, el gobierno garantizó apoyo. Se comprometió a suministrarle a la cooperativa combustible subsidiado, exonerar el pago de tasas y servicios y ofrecer un precio accesible por el arrendamiento mensual de los siete aviones Bombardier CRJ 900.

El plan de negocios original de la cooperativa preveía una pérdida anual de US$ 7 millones. Cuando fue elaborado, la competencia por vuelos regionales era menor dado que en las últimas semanas aerolíneas como Aerolíneas Argentinas, BQB, Sol, TAM y Gol fueron sumando frecuencias y cubriendo los espacios dejados por Pluna. Se trata de un escenario más difícil para posicionar una marca nueva que además carece de acuerdos interlineales con otras aerolíneas (la exPluna había concretado más de 30 con las principales compañías del mundo). En ese marco, la nueva aerolínea deberá apelar a una agresiva estrategia de marketing con precios de pasajes casi al costo.

Fuentes consultadas por El País explicaron que de acuerdo al plan de negocios la cooperativa podría consumir unos 30 millones de litros de combustible al año que al precio de lista de Ancap (0,9 dólares por litro) ascienden a US$ 27 millones. Por cada 10% de rebaja en el combustible que el gobierno le conceda a la cooperativa, estará resignando ingresos por unos US$ 3 millones. Hasta ayer, Ancap no tenía ninguna instrucción de parte del Poder Ejecutivo sobre el tema, no obstante, se indicó a El País que la cooperativa podría acceder a un precio un 20% más barato al tarifado, lo que representaría para el Estado un aporte de, por lo menos, US$ 6 millones anuales.

Los trabajadores puntualizaron que no se trata de un subsidio sino de una "pérdida de ganancia" para el Estado. Ancap aún no fue notificado sobre cómo el Ejecutivo le compensará esa pérdida de recaudación.

El País supo que el plan de negocios no incluyó algunos aspectos que incrementarán los costos operativos, como por ejemplo el chequeo de los motores de cuatro aviones que debe realizarse este año y demandará US$ 2 millones, y el montaje de la infraestructura en el exterior para la venta de pasajes.

La nueva aerolínea contará con siete aviones y 492 trabajadores. Son 70 empleados por avión mientras que la exPluna tenía una relación de 55 por aeronave. El sueldo que percibirá cada empleado será igual al que cobraba en Pluna, donde el promedio era de $ 25.000.

La cooperativa pretende mantener un promedio de 9 horas de vuelo diarias por avión. De acuerdo al plan de negocios basado en una proyección de ocupación por avión del 60%, realizará 60 frecuencias semanales de puente aéreo a Buenos Aires, 14 frecuencias a San Pablo y Santiago de Chile, y siete a Río de Janeiro, Porto Alegre y Asunción.

Originalmente, la cooperativa ofreció pagar al gobierno US$ 100.000 por mes por avión arrendado (US$ 8,4 millones al año). No obstante, el nuevo acuerdo podría reducir esa cifra a algo menos de US$ 80.000 mensuales por aeronave. El Estado uruguayo aún debe pagar al Scotiabank 22 cuotas de unos 8,8 millones por año.

Por otra parte, los créditos laborales de los trabajadores no formarán parte de la capitalización de la nueva empresa. La ley que posibilitó la quiebra de Pluna creó un Fondo de Adelanto de Créditos Laborales que, a cuenta de Rentas Generales, ya pagó a los trabajadores unos US$ 6 millones por concepto de despidos simples. En enero quedarán algo menos de US$ 4 millones por cobrar y no está previsto que se integren al capital inicial de la nueva compañía.

Los trabajadores ya iniciaron un proceso de selección de un cuerpo gerencial, que podría ser contratado en el exterior, y solicitaron al gobierno que designe a un síndico o auditor en el directorio para que fortalezca el proceso de gestión.

Por otra parte, están abiertos a recibir apoyo de privados que estén interesados en capitalizar la empresa. Ayer, los trabajadores recibieron a representantes de un grupo económico de Estados Unidos que manifestó su intención en participar del negocio.

Por otra parte, el nombre de la nueva aerolínea, un tema no menor para los expertos en marketing y publicidad, aún no ha sido elegido.

LEASING. En las últimas horas llegaron a Montevideo técnicos de la empresa canadiense Bombardier para llevarse a ese país los siete aviones fabricados por la compañía y que eran utilizados por Pluna en leasing (arrendamiento con opción a compra).

Según pudo saber El País, los expertos canadienses (mecánicos y tripulantes) pretenden llevarse las aeronaves cuanto antes, aunque dependen de algunos trámites legales que deben cumplirse en Canadá.

Los seis aviones Bombardier CRJ 900 Next Generation (con capacidad para unos 90 pasajeros) se incorporaron a la flota de Pluna entre 2010 y 2011, bajo la modalidad de leasing, que implica un mecanismo de alquiler con derecho de compra. Los contratos de arrendamiento vencen entre 2020 y 2021.

El Estado, Bombardier y el banco canadiense EDC, llegaron a un acuerdo por el cual se condona a Uruguay el pago de US$ 133 millones.

Los miembros del Directorio del Banco República, Jorge Perazzo, Danilo Vázquez y Javier Irastorza, declararon ayer ante la jueza especializada en crimen organizado Adriana de los Santos y el fiscal Juan Gómez, en la causa que indaga el aval de US$ 13.600.000 que la institución otorgó a la empresa española Cosmo.

Perazzo y Vázquez responden al Frente Amplio, mientras que Irastorza es el representante del Partido Nacional en el Banco República.

Los jerarcas declararon como testigos y aportaron información sobre cómo se desarrolló el trámite del aval en la interna de la institución, dijeron fuentes judiciales.

El 6 de noviembre declaró, pero como indagado, el presidente del Banco República, Fernando Calloia, quien tomó la iniciativa de autorizar el aval. Calloia mencionó que hubo gestiones del ministro de Economía, Fernando Lorenzo, por lo que la jueza citará a declarar al secretario de Estado en los próximos días.