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Vamos Uruguay presentó un proyecto de ley que propone crear en el Ministerio de Educación y Cultura un registro de violadores y abusadores de menores y minusválidos al que puedan acceder padres y centros educativos, entre otros.

El proyecto de ley redactado por la diputada Graciela Ma- tiaude y que cuenta con la firma de todos los legisladores de Vamos Uruguay, plantea incorporar a la ley sobre Violencia Sexual contra niños, adolescentes o incapaces (N° 17.815), tres artículos destinados a impedir que quienes posean antecedentes por tales delitos sexuales tengan contacto con menores y minusválidos.

El proyecto prevé que además de la pena de prisión, el responsable del delito sea inhabilitado para el desempeño de cargos, oficios públicos o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad por hasta un máximo de 30 años.

También plantea crear el "Registro de Inhabilidades para Condenados por Delitos Sexuales" bajo la órbita del Ministerio de Educación y Cultura.

La diputada Matiaude dijo a El País que el registro será de libre acceso a padres, responsables de centros educativos y todos aquellos que tengan responsabilidad sobre menores o minusválidos.

"Un padre que busca un cuidador para su hijo o un colegio que desea contratar a un profesor podrá recurrir al registro. También podrá hacerlo aquel que observa una conducta desviada. Es una herramienta para todos porque la información es la única forma que hoy tenemos para aislar de los niños o minusválidos a personas con esos antecedentes", ejemplificó la legisladora.

Señaló que también podrán acceder al registro educadores, directores de liceos o personas que por su oficio o profesión tienen responsabilidad sobre menores a efectos de poder chequear los antecedentes de las personas que contratan.

"Redacté este proyecto porque, como madre, me conmueve el aumento de denuncias por abuso sexual a niños", dijo Matiaude. Recordó que en otros países los responsables de delitos sexuales están identificados con un registro que incluye su domicilio y una vigilancia de sus movimientos.

"Eso no está mal pero no lo estamos pidiendo en esta ley, acá estamos tratando de darle un derecho a todas las personas para que puedan acceder al registro, incluso, si constatan una conducta sospechosa", señaló.

La legisladora dijo que recibió el apoyo de legisladores de otros partidos para votar el proyecto propuesto. "El texto pretende proteger a los más vulnerables", dijo.