En la última década se han multiplicado emprendimientos que impactan fuertemente en el medio ambiente. Por otro lado, en temporada estival gana protagonismo la marca "Uruguay Natural" y su reconocimiento al papel de la naturaleza en nuestro destino turístico. A pesar de lo que muchos creen, estas dos dimensiones del desarrollo nacional no son contradictorias. Su articulación precisa de una activa y eficiente tarea estatal en torno a la calidad de las políticas públicas sobre medio ambiente. El problema es que no la tenemos.

El monitoreo de la calidad de las aguas del río Uruguay en la zona de Botnia no ha presentado resultados porque Argentina se niega a que la opinión pública de ambos países se entere de lo que todo el mundo presume: que la contaminación es mucho más fuerte por el aporte del lado argentino del río que del uruguayo. Sin embargo, para dar transparencia y seguridad en las políticas de calidad medioambientales que se llevan adelante, es necesario que estos resultados tomen estado público de una buena vez por todas.

En nuestro Litoral también importa contar con estudios de calidad de las aguas. Cualquiera que conozca el desarrollo de la producción agrícola sobre la base de productos transgénicos en Estados Unidos, Argentina, Canadá, Brasil o Paraguay por ejemplo, sabe de las periódicas denuncias que distintas investigaciones periodísticas y científicas realizan acerca de la grave contaminación que los pesticidas introducen en el medio ambiente. Sin ir más lejos, entre nosotros, una de la causas señaladas en 2012 de la alta mortandad de abejas fue, justamente, la utilización de estos potentes herbicidas. Para conocer el impacto de estos pesticidas en los cursos de aguas de ríos, arroyos, etc., se precisan periódicas mediciones de su calidad y la difusión de sus resultados. No las tenemos, ni para el litoral -que es donde más se ha desarrollado este sistema de explotación agrícola- ni para el resto del país.

Para medir el impacto sanitario en la población que vive en las zonas afectadas por esta nueva forma de desarrollo agrícola se precisan estudios epidemiológicos: estadísticas de prevalencias de enfermedades que, de acuerdo a la experiencia de otros países, se presume aumentan con el uso cotidiano de pesticidas. Por ejemplo, ¿qué prevalencia de ciertos tipos de cáncer, o de alergias o de enfermedades respiratorias hay en Dolores o en Young, comparado con otras poblaciones en donde no hay una exposición tan alta al uso de pesticidas? No hay información de este tipo.

Nuestro ordenamiento legal prevé que ante un cambio importante en el medio ambiente generado por una obra de envergadura sea obligatoria la instancia de consulta pública con los lugareños. Fue así, por ejemplo, que hacia finales de la administración Batlle, en Fray Bentos, se multiplicaron instancias de este tipo, ampliamente difundidas y concurridas, en las que se informó detalladamente acerca de lo que sería el emprendimiento Botnia. Con el puente sobre la laguna Garzón, la lógica ha sido notoriamente distinta: un ministerio anunció la decisión de adelantar camino, e incluso el visto bueno a un proyecto arquitectónico concreto, previo todo análisis de otro ministerio y su Dirección de Medio Ambiente; finalmente, la audiencia pública requerida se planteó para diciembre en José Ignacio, entre gallos y mediasnoches, en plena preparación de la temporada de verano.

La contaminación por metales pesados tóxicos -plomo, mercurio, cromo y cobre- en la arena de la playa Ramírez es muy superior a la de otras playas de Montevideo de acuerdo a las muestras estudiadas por el laboratorio canadiense Actlabs. Ocurre que una empresa privada, vinculada a una obra en el puerto de Montevideo, vertió lodo frente a esa playa sin autorización medioambiental. La Administración Nacional de Puertos será multada por este asunto. La Intendencia de Montevideo asegura que no hay riesgo para la población. Pero la Ramírez ya había sido habilitada antes de que se conocieran los resultados del laboratorio.

Finalmente, la medición de impacto ambiental de Aratirí precisa de un estudio estatal que dé garantías de calidad e independencia de criterio. Hasta ahora, la información manejada es la que brinda la propia empresa interesada.

Evidentemente, estamos precisando una mejor política de medio ambiente.