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A dos meses de la despenalización del aborto, las objeciones de conciencia de los ginecólogos siguen siendo el principal dolor de cabeza de las autoridades. Evaluarán que deban estar fundamentadas, algo que ya despertó varias críticas.

Algo más del 30% de los ginecólogos de todo el país presentó objeción de conciencia para evitar hacer abortos. La situación se advierte con mayor preocupación en algunos departamentos del interior como Salto -donde no hay un solo ginecólogo que no haya objetado los abortos- y en Paysandú donde solo un profesional no presentó objeción.

Pero más allá del número de objeciones, lo que inquieta a las autoridades sanitarias es cuán fundamentadas están esas posturas. El subsecretario de Salud, Leonel Briozzo, ha repetido que hay algunas que pueden ser "reales" y otras "que no lo son tanto". El tema será analizado en profundidad en un cónclave de profesionales que el Ministerio de Salud Pública (MSP) está organizando para llevarlo a cabo en marzo.

Y según dijo Briozzo a El Observador "no descarta" que haya modificaciones en el decreto reglamentario de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Esto se evaluará tras esa reunión en la que participarán ginecólogos de todo el país, además de integrantes del Colegio Médico y la Facultad de Medicina.

El subsecretario es de la idea de que la objeción debe estar justificada o fundamentada, algo que ni la ley ni la reglamentación establece.

Esta posibilidad ya despertó críticas. Uno de los primeros en reaccionar fue el diputado blanco Javier García.

"La objeción de conciencia es personal. Por más seminarios que haga el MSP es tema individual donde nadie puede impedir que cada uno piense como le parezca", expresó.

Agregó que reglamentar la objeción de conciencia "es como reglamentar ideas personales. Es absolutamente ilegal. La ley de despenalización del aborto no prevé ninguna limitación", cuestionó.

El diputado García enfatizó que se trata de "otro error del MSP" el hecho de "creer que la objeción de conciencia es un tema de decreto. Recordó que en la ley de despenalización del aborto dice "expresamente que basta con la expresión personal, nada más".

El edil nacionalista Carlos Iafigliola, coordinador general de la Comisión nacional pro derogación de la ley de despenalización del aborto, comentó que la posibilidad de modificar la reglamentación de la ley es "otro paso improcedente de Briozzo", quien "como una de las figuras máximas del Ministerio de Salud Pública no puede estar ejerciendo esta presión indebida sobre los profesionales médicos".

Iafigliola indicó que "Briozzo está dejando de lado su cargo de subsecretario de Salud Pública, a través del cual tiene que representar a todos, y le está dando paso al Briozzo de siempre, al militante proaborto".

El edil agregó que el jerarca "ha sido uno de los principales impulsores de la legalización del aborto en el Uruguay".

ALCANCES.

Un grupo de ginecólogos, entre los que se encuentran los catedráticos grado 5 Justo Alonso y Washington Lauría ya habían cuestionado las disposiciones actuales de la objeción de conciencia. Este grupo de profesionales presentó un recurso contra la reglamentación.

En la conferencia de prensa que se hizo al presentar el recurso, Alonso argumentó que el decreto "violenta la objeción de conciencia", porque la limita "exclusivamente a dos artículos de la ley y no a la totalidad de la ley, de forma que nos pretenden obligar a los médicos a asesorar en estos casos. Y cuando una mujer viene a realizarse un aborto, o le plantea que quiere realizarse un aborto, el médico puede tener todo el derecho de decir: "No, yo a esto no me dedico, vaya a ver a otro".

Para Alonso, el decreto reglamentario de la ley, tal como está escrito, "obliga a los médicos a ir en contra de su ética, y tomar caminos con los que no está de acuerdo, y debería poder establecer su objeción de conciencia de no actuar en ninguna de las etapas del aborto".

En el recurso se expresa que el "decreto pretende limitar derechos fundamentales garantizados por la Constitución, que bajo ningún concepto se puede impedir y limitar por vía reglamentaria".

Según estos ginecólogos, el decreto "viola" el artículo 54 de la Constitución, que establece "la independencia de la conciencia moral y cívica de todo trabajador dependiente.

En artículo 28 del decreto reglamentario se establece que la objeción de conciencia solo es válida para abstenerse de intervenir en los procedimientos directos, pero no para asesorar e informar a la paciente sobre la interrupción del embarazo.

Además, cuestiona que solo puedan objetar el personal médico y técnico que debe intervenir directamente en una intervención de embarazo.

"Queda claro pues que la objeción de conciencia queda restringida a la ejecución del aborto y al personal que participa directamente en dicha ejecución. Existen otros aspectos de la Ley a los cuales el personal de salud implicado podría interponer su objeción de conciencia, y dicho derecho queda explícitamente excluido en este decreto", concluye el recurso.

Laura Galván, la mujer que se realizó un aborto clandestino luego de que el procedimiento legal no tuviera éxito porque le fallaron las pastillas recetadas, se reunirá esta semana con su abogada para decidir si realiza un juicio por mala praxis al Ministerio de Salud (MSP). En entrevista publicada por El País, Galván confesó que se hizo un aborto ilegal y cuestionó que no se le haya culminado el procedimiento pese a haber consultado dentro de los plazos establecidos por la ley (12 semanas). Galván terminó abortando con 14 semanas de gestación.