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El diputado del Partido Nacional, Jorge Gandini, anunció que exigirá responsabilidades políticas al presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, por haberle entregado "información no veraz" sobre las irregularidades en una licitación que costó US$ 2,8:

El 27 de junio del año pasado, Casaravilla respondió un pedido de informes que seis meses antes le había cursado Gandini vinculado a irregularidades en una licitación para la realización del estudio de integridad y vida residual de las Unidades 5ª y 6ª de la Central José Batlle y Ordóñez. Dicho pedido de informes activó una investigación interna que derivó en la constatación de serias irregularidades en el proceso de licitación y las obras, el pasaje del expediente a la Justicia del Crimen Organizado y el inicio de sumarios con separación del cargo de tres gerentes.

Gandini denuncia que en la respuesta a sus pedido de informes, que fue elaborada por las gerencias del ente energético y firmada por Casaravilla, se "tergiversó" información para desestimular su investigación.

La indagatoria sobre la licitación que ganó la empresa Soluziona-CSI fue encargada por UTE al Dr. Álvaro Richino. El voluminoso expediente señala que debe determinarse la responsabilidad del "funcionario citado en la respuesta enviada por oficio al Ministerio de Industria el 27 de junio de 2012, la que no se corresponde con la verdad, pues según se informó en la investigación, el Consorcio Soluziona-CSI no cuenta por la ejecución del contrato de esta licitación con ninguna anotación por penalidades económicas o descuentos en el Registro de Sanciones Contractuales a Proveedores a cargo de la División Abastecimientos, lo que eventualmente puede representar un ilícito penal".

Gandini había preguntado si una vez ejecutado el trabajo licitado, "UTE debió realizar, a su costo, trabajos de corrección de errores o reparación de daños en la Central Batlle causados por la empresa contratada u ocasionados como consecuencias de esos trabajos".

UTE respondió que "según lo informado por la Subgerencia de Mantenimiento Centrales Térmicas sobre los trabajos de la contratista, UTE hizo trabajos de reparaciones de válvulas, lo que se descontó del pago a la contratista, no habiendo asumido esta Administración dichos costos".

La investigación no detectó ese descuento al que aludió la respuesta de UTE y tampoco encontró "penalizaciones ante los incumplimientos de Soluziona-CSI", las que estaban previstas en el Pliego de Condiciones Particulares.

La licitación en una modalidad de llave en mano había sido adjudicada por US$ 1.223.944,99 pero al finalizar los trabajos UTE abonó a la empresa un total de US$ 2.834.372,57, un 137,57% por encima del costo inicial.

"Conozco pedidos de informes que nunca fueron contestados y respuestas parciales que ocultan una parte de la verdad para no comprometer al Ejecutivo, pero lo que nunca vi fueron respuestas probadamente falsas. El presidente de UTE fue víctima de la subgerencia que lo indujo a error, pero es el responsable político porque firmó esa respuesta. Quiero determinar cuál será su responsabilidad política por informar de modo no veraz al Parlamento. Son hechos muy graves y él debió informarse más", sostuvo Gandini.

El legislador nacionalista también había preguntado si "UTE evaluó satisfactoriamente los trabajos realizados y si el informe final realizado por la empresa contratada alcanzó el nivel esperado", a lo que UTE respondió afirmativamente.

"Con todo lo que ocurrió es obvio que los trabajos no fueron satisfactorios. Las respuestas que recibí estaban dirigidas a que yo no siguiera investigando. Cuando recibí estas respuestas archivé el caso porque se me dijo que ante ese sobrecosto se había actuado y que el trabajo era satisfactorio. Luego me entero que ni una cosa ni la otra. Con sus respuestas UTE desalentó mi investigación y el presidente de la empresa, más allá de que él mismo pasó los antecedentes a la Justicia, debe responder políticamente por esa información fraudulenta", señaló Gandini.

IRREGULARIDADES.

La Justicia del Crimen Organizado analiza la responsabilidad de funcionarios de UTE en dos licitaciones (una adjudicada y otra en suspenso) por US$ 7 millones al Consorcio Soluziona-CSI entre 2006 y 2010, cuando Pedro De Aurrecoechea era vicepresidente del ente y, al mismo tiempo, accionista de la firma.

La indagatoria que ordenó Casaravilla detectó que "de la investigación administrativa puede concluirse claramente que la operativa usual en los procedimientos analizados no impide la posible colusión entre funcionarios del organismo y terceros", al tiempo que detectó una serie de irregularidades en las adjudicaciones.

En base a la investigación, el directorio de UTE resolvió iniciar sumarios con separación del cargo de tres funcionarios en puestos gerenciales: jefe de mantenimiento de centrales térmicas, jefe de mantenimiento mecánico y jefe de mantenimiento y estudios mecánicos.

Por su parte, la Justicia continúa las indagatorias. La jueza Adriana de los Santos tomó declaraciones a decenas de funcionarios de UTE y representantes de empresas privadas.